¿Cómo se hace para solucionar los problemas de seguridad ciudadana en Uruguay? Si el camino es la combinación de represión y prevención, ¿cuáles son los organismos que deben intervenir y de qué manera?

Estas preguntas han pautado el debate en esta materia en la campaña electoral.

Por ejemplo, el viernes pasado el exfiscal de Corte Jorge Díaz, uno de los principales asesores de Yamandú Orsi, sostuvo en diálogo con En perspectiva que, para atacar el delito, esta administración tuvo una “mirada hemipléjica”.

A juicio de Díaz, se concentró buena parte de la responsabilidad en la Policía y se dejó de lado a instituciones que juegan un papel muy importante en la represión y la prevención, entre ellas la Fiscalía y la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

“He venido diciendo de que este país está enfermo de represión y nunca habla de prevención o nunca hace efectivamente prevención”, afirmó Díaz.

Luis Calabria, exdirector general en el Ministerio del Interior y asesor del candidato nacionalista Álvaro Delgado en temas de seguridad ciudadana, también en diálogo con En perspectiva este lunes, le contestó al asesor frenteamplista.

“Cuando [Jorge] Díaz dice que en este gobierno hemos tenido una mirada hemipléjica de la seguridad es incorrecto. No hemos tenido una mirada hemipléjica. Pero, si fuera hemipléjica, es mejor que nefasta, que fue la política de seguridad que aplicó el FA. Fue nefasta: fracasó en todo”, sostuvo.

Para Calabria, el gobierno siempre ha “sostenido una visión sobre la seguridad no solo como ausencia de crimen, sino como convivencia”. “Eso supone un accionar integral del Estado, que no es lo que dice Díaz de la respuesta netamente policial”, sumó.

De acuerdo con el exjerarca, en los gobiernos frenteamplistas “tuvieron temas ideológicos serios con la represión del delito y el ataque a las causas no lo hicieron”.

“La cultura que teníamos en los barrios, que estaba sustentada en la educación pública y la cultura del trabajo, en los 15 años de gobierno del FA no fue promovida”, afirmó quien fue mano derecha de Larrañaga.

Luego de esto desarrolló: “Claramente no se estimularon políticas sociales de autonomía del individuo, sino de la dependencia”.

“Ese es un gran cambio que ha iniciado esta administración: cambiar el chip en las políticas sociales. Es decir, promover que la persona tenga autonomía y no la dependencia”, sumó.

“Durante el primer transcurso del gobierno del FA estatizaron la pobreza, generaron una dependencia total con el Estado”, consideró.

“En materia educativa no hay reforma más redistributiva y de oportunidades que la educación pública. Nos criamos con el hijo del trabajador y el hijo del patrón sentados en el mismo banco de escuela. Eso no pasó, dejó de pasar”, añadió.

“Tenían que hacer la reforma educativa, tuvieron 15 años para hacerla, y no la hicieron. Y no es porque no hubiera voluntad de acuerdo desde lo que era la oposición al FA”, manifestó y, en este sentido, ejemplificó el acuerdo en materia educativa firmado por Jorge Larrañaga con José Mujica, cuando este último era presidente.

“En ese momento hubo que denunciar el incumplimiento del acuerdo porque los propios representantes del FA en la ANEP incumplieron lo mandatado por el presidente”, expuso.

En materia de delitos, según su visión, las gestiones frenteamplistas “dejaron que proliferaran las organizaciones narco dentro de los barrios porque no lucharon contra las bocas”.

Con respecto a la represión, Díaz había dicho en la entrevista del viernes que el gobierno en ese sentido “se está olvidando de un actor fundamental que es la Fiscalía” y aludió a la no designación de un nuevo fiscal de Corte tras su renuncia por parte del Ejecutivo.

En cuanto a este punto dijo que, para esta designación, se precisa “la voluntad de acordar” y que el FA “no ha tenido la voluntad de acordar sobre seguridad”. “Capaz que los condicionamientos que pone el FA son altos”, planteó.

Además, afirmó que no cree que “el problema de las instituciones sean los formalismos sino cómo funcionan”.

“Ahora que está la doctora [Mónica] Ferrero a cargo, esa brillante fiscal que tiene el país, pararon las filtraciones”, ejemplificó.

Tras esto, habló de las propuestas en seguridad del programa de la coalición, presentado semanas atrás. Calabria aludió a la creación de un delito con penas más altas para quienes integran un grupo criminal.

“Hay unos 60 grupos de crimen en Uruguay, que no son crimen organizado, sino grupos, familias. Es muy difícil luchar con esos grupos que generan más violencia y mucho daño en el barrio”, apuntó.

Para combatirlos, las medidas propuestas son: la creación de un nuevo delito por ser integrantes de estos grupos, penas muy altas y el aislamiento penitenciario”.

Y ató esto con otra propuesta de la coalición, que es la creación de una cárcel de máxima seguridad.

“Esta es una medida fundamental, ya lo aplicó Italia y EE. UU. con las pandillas. Allí les llaman delitos de conspiración. Hay un núcleo y a ese núcleo se lo aparta”, desarrolló Calabria.

“Soy de los que creen que las penas altas tienen dos efectos: el disuasivo y la incapacitación por estar en la cárcel”, sentenció.

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