El Congreso de Perú destituyó este miércoles al presidente Pedro Castillo por “incapacidad moral” y a continuación tomó juramento como nueva mandataria a la vicepresidenta, Dina Boluarte. De este modo, se sumó un nuevo episodio a la inestabilidad política crónica que sufre ese país.

Horas antes de que el Parlamento debatiera el tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo resolvió la disolución de las cámaras legislativas, dispuso un toque de queda y anunció que gobernaría por decreto.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía no apoyaron a Castillo, el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo. 

Castillo fue arrestado en una comisaría de Lima por un presunto delito de “rebelión”.

La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años que asumió como jefa de Estado, aseguró que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. Será la primera mujer que ocupe ese cargo.

En su mensaje a la nación rechazó el “intento de golpe de Estado” que, dijo, llevó adelante Castillo y destacó que esa operación “no encontró eco en las instituciones de la democracia y en la calle”.

Sobre esto conversó Carlos Noriega, periodista peruano, en En Perspectiva.

Ayer en la noche, Castillo fue trasladado a un cuartel policial ubicado en las afueras de Lima, dijo Noriega, y agregó que, en este mismo lugar se encuentra detenido hace 15 años el exdictador Alberto Fujimori. 

Según informó, el expresidente de Perú está a la espera de que se inicie un proceso “por el delito de intentar dar un golpe de Estado”, un delito que tiene una pena que puede entre 10 y 20 años. 

Por otro lado, se está a la expectativa de cuál será el gabinete ministerial que nombre la nueva presidenta Dina Boluarte, quien este miércoles, al asumir el cargo, anunció que nombraría un gabinete amplio que incluya a representantes de distintos partidos políticos.

La oposición, en tanto, “pidió una tregua”. De acuerdo con Noriega, durante los meses del gobierno de Castillo, la oposición ha tenido una conducta “absolutamente antidemocrática, desestabilizadora e incluso golpista”, que buscó derrocar en varias ocasiones al gobierno.

“Hay acusaciones que comprometen a Castillo”, indicó, estas acusaciones “del supuesto cobro de sobornos para direccionar licitaciones públicas se basan fundamentalmente en testimonios que señalan a Castillo y culpan al Castillo y estos testimonios vienen, principalmente, de excolaboradores de Castillo, exfuncionarios del Gobierno, todos ellos están denunciados por corrupción y han negociado, de alguna manera, con la Fiscalía beneficios judiciales”.