No se trata de un fenómeno privativo del Uruguay: en diversos países, la organización de fiestas y bailes en la clandestinidad es señalado como uno de los principales factores en brotes de coronavirus, y un auténtico sabotaje a las medidas necesarias para evitar la propagación del patógeno.

Ante la constatación de este tipo de actividades en nuestro país, el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, dirigió esta semana un mensaje a "la barra joven", pidiendo que no organizaran ni participaran en esas fiestas.

Por su parte, la Intendencia de Canelones ha reforzado las tareas de control, dada la constatación de la existencia de un auténtico "mercado negro" de bailes en el departamento.

Álvaro Suárez, director de Contralor de la Intendencia de Canelones, dialogó este viernes con el periodista Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva, emitido por Radiomundo, acerca de las acciones llevadas a cabo y los castigos que pueden sufrir los infractores a las normas.

"La Intendencia de Canelones controla todo el año espectáculos en general", explicó el funcionario, señalando que "se hace hincapié en las actividades bailables por los riegos que conllevan desde todo punto de vista, como el edilicio, el sanitario o el bromatológico", más allá del contexto actual de pandemia.

"En los últimos tiempos veníamos teniendo un muy buen acatamiento entre los empresarios tradicionales del sector, pero se generaron, por la propia realidad del mercado, nuevas modalidades que son estas fiestas llamada clandestinas, en locales no habilitados para estas actividades", detalló.

Estas actividades ilegales no sólo entrañan un peligro sanitario por la posibilidad de contagio de COVID-19, sino que presentan "otros riesgos asociados al estar esos locales sin habilitaciones", indicó.

"Cuando la intendencia habilita un local para actividades bailables, le pone un límite de aforo y se controla semana a semana", ejemplificó el funcionario, detallando otros de los requisitos exigidos. "Tiene que haber una cobertura adecuada de Bomberos, salida de emergencia, una determinada cantidad de baños, y acceso a agua potable gratis asegurado. Una cantidad de reglamentaciones que están en el digesto municipal para garantizarle a la gente que está yendo a un local que reúne las condiciones para disfrutar la noche sin exponerse a irregularidades que pueden poner en riesgo su salud".

Según Suárez, la enorme mayoría de los locales bailables tradicionales acató de buena o mala gana las restricciones. Eso generó un vacío en la actividad que fue aprovechado por quienes actúan en la clandestinidad.

"Esta proliferación que ha habido de encuentros y reuniones que terminan en actividades bailables se da porque el mercado tradicional está acatando las medidas departamentales y nacionales". Por ello, destaca que las infracciones no suelen provenir de quienes se dedican formalmente a ese negocio, sino de otros actores de la vida nocturna.

"Hemos encontrado establecimientos que están habilitados para otro tipo de actividades, y que a cierta hora de la noche terminan siendo actividades bailables", lamentó.

De acuerdo con el jerarca "las clausuras se han dado en salones de fiesta que no están habilitados para actividades bailables". También se ha sancionado a "pubs y cervecerías", comercios "que tienen mucha más semejanza con lo que pueden ser los restaurantes", y que deberían regirse por los protocolos de estos últimos. Sin embargo, insiste el inspector "en cierta hora de la noche terminan siendo actividades fuera del marco de lo permitido".

En todos los casos, la clausura es uno de los recursos más extremos y esta alejado del espíritu del gobierno comunal, pero se efectúa cuando es necesaria.

"Primero hacemos una notificación, que fue lo que se hizo en los primeros tiempos de la pandemia. Recorrimos todo el departamento brindando información, asesorando", recordó. "No es nuestro objetivo primario ir a la clausura de emprendimientos", sostuvo.

Sin embargo, "cuando hubo reincidencias ya tomamos medidas más drásticas, como la multa". Finalmente, se llega a la clausura "cuando no se acatan las decisiones tomadas, y tememos que proceder tomando acciones que no son del gusto de nadie".

Las clausuras se han dado en todo el departamento, pero el funcionario destacó puntos como Atlántida, Pando y Empalme Olmos.

En cuanto a las cifras, Suárez considera que, si bien se llevaron a cabo muchas sanciones, "se trata de un ínfimo porcentaje en la actividad del sector en Canelones".

"Las fiestas clandestinas no son un tema nuevo", aseguró el jerarca, recordando que ya existía la modalidad de "alquilar un caserón y se hacer una fiesta", invitando mediante el "boca a boca". En la actualidad, la tecnología ha hecho que se "boca a boca" gane en sofisticación.

"Hoy las redes sociales permiten crear grupos cerrados de comunicación y a veces no es fácil acceder a la información, y se generan allí actividades sin habilitación", describió. Ese tipo de irregularidades siempre se combatió, y para hacerlo no es necesario invocar a ninguna ordenanza específica acerca de la pandemia. Basta con la normativa vigente desde siempre.

"Desde hace muchos años hacemos un trabajo conjunto con la policía. El jefe actual (Víctor Trezza) conoce mucho el departamento y ya estuvo destacado en la Jefatura en otros roles, jugamos de memoria, igual que con funcionarios que ya estaban antes en el área de Investigaciones. Hay una complementariedad que nos permite ser mucho más eficaces para controlar la actividad en el departamento", manifestó.

Para Suárez, en esta situación hay una gran cuota de responsabilidad "en la gente que participa de esas actividades, y habría que ver si es un tema de desconocimiento o simplemente irresponsabilidad".

"El problema son quienes no asumen la situación que estamos viviendo, y piensan que les puede pasar a otros y a ellos no".

Finalmente, el jerarca destacó que la coordinación que el área de Contralor de la Intendencia de Canelones tiene con la policía es extensiva -a través de la Jefatura- a Fiscalía.

"En caso de que haya incumplimientos y se proceda a la clausura, también se notifica a Jefatura y esta transmite esa información a Fiscalía". En caso de nuevos incumplimientos, Fiscalía puede citar a declarar al responsable, quien "puede terminar siendo formalizado por desacato".