Seis personas privadas de libertad murieron el pasado miércoles tras incendiarse su celda del módulo 4B de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar). El caso está siendo investigado por la fiscal de Homicidios de 2° turno, Mirta Morales.

El trágico hecho reavivó el debate sobre las condiciones de las cárceles uruguayas, así como la falta de personal y el nivel de violencia que hay dentro de estos establecimientos, entre otras. La principal hipótesis de esta tragedia fue que otro grupo de presos roció la celda con líquido inflamable y luego prendió fuego a los fallecidos.

“Son seis personas que dejaron de existir y eso nos tiene que interpelar. Estas cosas que pasan no deberían ser ajenas, parece que los privados de libertad están en otro mundo y eso nos tranquiliza y nos saca los problemas”, dijo Teresa Cometto, coordinadora del proyecto Liberados de ACDE a En perspectiva.

Sobre esto, el exrecluso Gabriel Camilo, que actualmente encabeza el proyecto Nuestros Hijos Nos Esperan, se refirió al alto nivel de reincidencia que hay en el sistema penitenciario uruguayo y la responsabilidad que tiene la Justicia en que muchos ex presidiarios estén en situación de calle.

“A las personas no les importa los que están privados de libertad. Muchas personas que están viviendo en la calle por un paquete de panchos, por romper el vidrio de un auto, por hacer cosas muy simples, la Justicia los manda para ese lugar. Las mamás de esos muchachos, que no los quieren en sus casas porque les robaron todo y porque se fuman todo, cuando el chico está en la cárcel la mamá está tranquila”, agregó.

Según el Instituto Nacional de Rehabilitación, la población carcelaria aumentó 32% desde marzo de 2020 a abril de 2024 y actualmente hay 15.651 personas privadas de libertad en nuestro país.

Todos los programas de gobierno de los partidos políticos coinciden en fortalecer la utilización de medidas sustitutivas a la prisión, universalizar la atención médica, fortalecer la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, tratar especialmente la salud mental y las adicciones, incrementar los recursos humanos, fomentar el trabajo y la educación con incrementos presupuestales, entre otros.

Acerca de la generalidad de las propuestas, Luis Parodi, ex director de la cárcel de Punta Rieles, dijo que en la política “se sigue pensando en relación de castigo”. “La cárcel tiene que ser un lugar de aprendizaje de la democracia. La política en general no cree que esto sea posible, todos quieren que trabajen y estudien pero no piensan en cómo vive, cómo se levanta y cómo se acuesta. En la cárcel, si uno está laburando bien y tiene un lío en el módulo es sancionado, cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra”, sostuvo.