La promesa inicial de Roman Abramovich de no requerir los 1,5 millones de libras (1,8 millones de euros) que prestó al Chelsea comienza a no cumplirse, lo que enreda el proceso de venta del club y lo pone en una situación muy comprometida.
El oligarca ruso, que tiene sus bienes congelados desde que el pasado 10 de marzo el Gobierno británico le impusiera sanciones por su relación con el líder ruso Vladímir Putin, habría cambiado de opinión sobre su decisión de no pedir de vuelta los 1,8 millones de euros que prestó al Chelsea desde que se hizo con el control del club en 2003.
Este giro de timón llega en mitad del proceso de venta del club y cuando parecía que el consorcio liderado por Todd Boehly, dueño de Los Ángeles Dodgers de la MLB, se perfilaba como el sucesor de Abramovich al frente del Chelsea. La operación, que se cerraría en torno a los 2,5 millones de libras (unos 3 mil millones de euros) y se convertiría en la más cara de una franquicia deportiva, quedaría trastocada si hubiera que añadir 1,8 millones más para pagar a Abramovich.
Sin embargo, tampoco quedó claro aún qué ocurrirá con el dinero de la compra del club, el cual, al no poder recibirlo Abramovich, la opción más probable es que quede congelado por el Gobierno.
El problema es que el tiempo juega en contra del Chelsea, que recibió una licencia especial por parte del Gobierno para poder seguir operando y no irse a la ruina y que expira el próximo 31 de mayo. De no aclararse la situación para entonces, el club londinense podría entrar en la quiebra, una opción, no obstante, poco probable debido al valor cultural del equipo para el Reino Unido y la posibilidad de que el Gobierno extienda dicha licencia.
Conviene recordar que ahora mismo el Chelsea no puede ingresar dinero por venta de entradas ni merchandising y que todos sus ingresos proceden de los derechos televisivos y son reinvertidos directamente en pagar la nómina mensual, que asciende a unos 28 millones de libras (32 millones de euros).
La vía de escape para el Chelsea, al menos de forma temporal, es que el Gobierno extienda la licencia especial y les permita seguir operando bajo los mismos términos que ahora. No obstante, esta situación ya les costó la no renovación de Antonio Rudiger.