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Los 22 hinchas de Peñarol mayores
de edad que fueron detenidos en Río de Janeiro el 23 de octubre, horas antes de
la semifinal de ida de la Copa Libertadores ante Botafogo en el estadio Nilton
Santos, siguen en Brasil. Solo pudo volver el único menor de edad que fue sometido a proceso.
Habiendo pasado poco más de un mes y medio de los hechos, cuatro de los involucrados permanecen en el Complejo Penitenciario Bangú, y el resto en una casa en Río de Janeiro, donde deben cumplir con las medidas de libertad condicional que se les impusieron.
Los 18 uruguayos que fueron liberados cumplen en territorio carioca con la obligación de asistir bimestralmente a la sede de Juzgado do Torcedor e Grandes Eventos para justificar sus actividades, tienen prohibido el acceso o la asistencia a eventos deportivos y a salir del país hasta que se juzgue el caso. Además, se les aplica monitoreo electrónico.
Los delitos por los que se los acusa son destrucción de la propiedad pública, destrucción de la propiedad privada, asociación criminal, hurto, rapiña, porte de arma de fuego, porte de arma blanca y actos de discriminación racial.
Los familiares exigen
Los familiares de los detenidos en Brasil emitieron un comunicado titulado “Nos faltan cuatro”. “A más de cincuenta días de la detención de nuestros cuatro compatriotas, no hemos tenido respuestas sobre su situación”, lamentan, y exigen que “en estas fechas complejas” se “maximicen los esfuerzos institucionales para que este caso sea resuelto a la luz de principios de derecho internacional humanitario”.
Aseguran que los cuatro hinchas que siguen privados de su libertad “no han podido hablar aún con sus madres, padres, hijos, compañeras y amigos”, ya que “están absolutamente incomunicados”. “Y esto pese a que los delitos imputados no son sustancialmente graves”, añaden, recordando que entre ellos “hay personas con enfermedades respiratorias crónicas”.
Los abogados uruguayos Jorge Barrera y Rodrigo Rey, junto a los brasileños Eduardo Bengica y Roger Gomes, trabajan en el caso y elevaron las solicitudes de libertad. Desde el 26 de noviembre hay cuatro pendientes. “Esos cuatro pedidos de libertad aún no se han resuelto favorablemente y la situación es desesperante”, explican los familiares.
Remarcan que “existe un deber de intervención que obliga a la Cancillería a interesarse de forma permanente sobre su situación jurídica y humanitaria” y “un deber soberano de realizar gestiones diplomáticas de alto nivel cuando son tantos los compatriotas presos en el extranjero”, por lo que exigen “una respuesta institucional enérgica y acorde al desafío histórico que implica este proceso penal en el extranjero para tantos uruguayos”.
“No podemos esperar más tiempo por respuestas concretas. Por una navidad sin presos en Brasil: el Estado uruguayo debe incrementar sus esfuerzos y agotar todos los recursos diplomáticos que estén a su alcance”, añaden.
Comunicado completo
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