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Patricia Bullrich, ministra de
Seguridad de Argentina, dijo que su país “no va a mandar a chicos que los
puedan secuestrar” para la disputa del Sudamericano sub-20, previsto entre el 23
de enero y el 16 de febrero en Venezuela, por lo que pidió que se cambie la
sede.
“¿Nuestra selección Sub-20, el 23, puede ir a Venezuela? ¿No los pueden tomar
de rehenes?”, se preguntó en una entrevista con CNN Radio, e hizo referencia a
la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo hace un mes, cuando ingresó a
Venezuela y fue acusado de terrorismo y de querer atentar contra la
vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez.
“¿Qué diferencia puede haber entre tener un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante, y un gendarme?”, se preguntó, y afirmó que a los jugadores “los pueden acusar de cualquier cosa” y detenerlos, por lo que cree que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) “tendrá que pensar” en “cambiar la sede” del certamen.
El gobierno argentino fue el
primero en manifestarse públicamente al respecto, a través de Bullrich, a dos
días de la asunción del nuevo gobierno venezolano, pero otros de la región
evalúan pedir a la Conmebol el cambio de sede en una acción conjunta. Según informó la agencia EFE, el
ente rector del fútbol continental “está monitoreando” la situación.
Entre los gobiernos regionales que no están de acuerdo con la disputa del Sudamericano en Venezuela está el de Uruguay, que valora en conjunto con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) la situación y hasta medita la posibilidad de que la selección no viaje.
Desde la AUF informaron a FútbolUy que la Conmebol se comprometió a brindar “las máximas garantías” para las delegaciones de cara a los partidos que serán en Cabudare y Valencia en la primera fase, y en Caracas durante el hexagonal final, por lo que de momento la sede del certamen clasificatorio al Mundial juvenil de Chile se mantiene en pie.
El Sudamericano juvenil iba a disputarse en Perú, pero la Conmebol anunció el cambio de sede para Venezuela el pasado 15 de noviembre, ocho días después del arresto en Lima de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en el marco de una investigación por acusaciones de lavado de activos y fraude.
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