El plebiscito contra la reforma de la seguridad social de 2023 que impulsan los sindicatos y algunos partidos menores peligra tener éxito. Al fin: ¿quién no desea jubilarse relativamente joven?

Pretende incorporar a la Constitución de la República el derecho a retirarse a los 60 años, y propone, otra vez, confiscar los depósitos de las administradoras privadas de fondos de jubilaciones. Esas Afaps creadas en 1996, en las que ahorra la mayoría de los trabajadores uruguayos, ya administran unos 25.000 millones de dólares y son muy significativas en la inversión (papeles públicos, agro, industria, comercio, infraestructura) y en el pago de jubilaciones, como complemento del Banco de Previsión Social.

La reforma que promueven el Pit-Cnt y el Partido Comunista, entre otros, tiene una serie de implicancias: es demagógica en tanto muestra beneficios y esconde costos; glorifica al sector público y a su burocracia en tanto demoniza la actividad privada, incluso cuando es complementaria del Estado; es otra tentativa de polarizar con el gobierno, además de una forma de reanimar a la militancia —un ensayo de resurrección—, como lo fue la campaña contra la ley de urgente consideración (LUC) de 2020.

Un aspecto ominoso es que la coalición Frente Amplio, el sector político más votado de Uruguay, carece de un liderazgo claro y en este y otros asuntos marcha a remolque de los sindicatos, menores pero disciplinados. “Me importa un carajo lo que votó el Frente Amplio en el Parlamento”, llegó a explicar Gabriel Molina, del sindicato de Antel, sobre la LUC.

Es difícil prever las consecuencias de este fenómeno.

Un segundo aspecto ominoso es la visión mágica de la Constitución.

Todas las Constituciones, incluida la primera, la de Estados Unidos de 1787, sufren cambios o enmiendas en asuntos cruciales según los tiempos.

Pero la Constitución uruguaya, que se cambió demasiadas veces, ya es muy extensa y casuística como para seguir colgándole adiposidades. Se le han metido asuntos absurdos o que no le competen —más propios de la ley, que sí puede cambiarse cada vez que sea necesario, según evolucionen los hechos y las mayorías políticas—.

Así, por ejemplo, la Constitución de 1967, aún vigente, propone reglamentar la “distribución imparcial y equitativa del trabajo”, o asegurar la “vivienda higiénica” y “decorosa”, u “orientar” el comercio exterior, y tantas cosas por el estilo, que no dependen de la voluntad del legislador sino de los porfiados hechos socioeconómicos y de la marcha del mundo.

La Constitución uruguaya es violada cada día porque promete lo que no puede cumplir.

Podrá escribirse en piedra que la edad de retiro será a los 60 años, pero no podrá asegurarse, a la vez, que el monto de la pasividad sea digno. Jubilaciones tempranas siempre reducen el monto de las prestaciones: pasivos jóvenes, pasividades miserables. No se puede controlar la cantidad y el precio a la vez.

El sistema de pasividades ha obsesionado a todos los gobiernos, en Uruguay y en el mundo, desde el siglo XIX. Jubilaciones generosas significan beneplácito y votos, pero luego hay que financiarlas.

En noviembre de 2017 el entonces presidente Tabaré Vázquez advirtió que el sistema debería ser reformado, con un alza en la edad de retiro, para evitar su quiebra. Un mes más tarde el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que “si el país no hace una profunda reforma de su seguridad social va a tener serios problemas”. Y en marzo de 2019 el expresidente José Mujica sostuvo que la clase política debería anunciarle a la población un aumento de cinco años en la edad jubilatoria, para enfrentar el creciente déficit del sistema, que sólo ese año sumaba 3.500 millones de dólares.

La reforma del sistema de seguridad social aprobada trabajosamente en 2023 aumenta gradualmente la edad mínima de retiro de 60 a 65 años, salvo para algunas categorías del trabajo rural y de la construcción; y hace confluir progresivamente en un mismo sistema a todas las cajas (profesional, bancaria, militar), entre otros cambios.

Un problema esencial es que, en el último medio siglo, la expectativa de vida de los uruguayos aumentó ¡10 años!

Larga vida, pocos nacimientos y alta emigración de jóvenes hacen que Uruguay tenga la población más envejecida de América Latina, que tiende a disminuir. La población creció apenas 1% en los últimos 12 años. En realidad, los uruguayos decrecen mientras los inmigrantes sostienen la vela.

La tributación del trabajo ya es muy pesada. La evasión es alta. Cerca de la mitad de los trabajadores de la periferia de Montevideo y de los departamentos más deprimidos, en el litoral y el noreste, están en negro.

Hasta cierto punto, es posible mover recursos de un sector a otro —en este caso de los activos a los pasivos— pero siempre hay secuelas. Una imposición excesiva provoca, sin excepciones, evasión, desinversión, depresión económica y emigración.

Uno de los severos límites para el desarrollo de Uruguay es la emigración calificada. En el mercado laboral abundan los jóvenes de baja educación relativa, fácilmente sustituibles por la automatización. Una nueva recarga del sistema de seguridad social, que pretenda dejar a Uruguay como un paraíso de los jubilados a costa de los activos, sólo agravará el éxodo y cebará la bomba de tiempo.