Cuando falta poco más de un mes para la primera vuelta de las elecciones nacionales, la campaña proselitista ha dejado en evidencia diferencias internas en el Frente Amplio como consecuencia de las diversas visiones que se han manifestado sobre los efectos que tendrá en la economía del país el plebiscito sobre la seguridad social y por la política salarial que debería adoptar un eventual gobierno de izquierda.

Un grupo de 112 frenteamplistas, compuesto principalmente por economistas, difundió un documento en el que manifestaron su postura en contra del plebiscito de la seguridad social, un tema en el que la coalición optó por dar libertad de acción.

“La reforma constitucional que se plebiscita tendría consecuencias injustas y regresivas; generaría enormes riesgos para la economía uruguaya”, afirmó el documento de los profesionales.

Entre los firmantes se destacan figuras como la de Mario Bergara, Álvaro García, Fernando Lorenzo, Gabriel Oddone (eventual futuro titular de Economía), Pablo Ferreri y Fernando Calloia, Santiago Soto y Jimena Pardo.

Según su visión, aprobar una reforma como la que propone la central sindical “es una promesa cuyo pago no se va a poder sostener en el futuro y generará impactos negativos”.

“Financiar este costo adicional equivaldría, por ejemplo, a duplicar el impuesto a la ganancia de todas las empresas, a multiplicar por cuatro los aportes patronales o aumentar el IVA de 22% a 35%”, agregó el documento.

La iniciativa provocó la reacción de quienes dentro de la izquierda defienden el plebiscito para reformar el sistema de seguridad social.

La fundadora de Casa Grande y aliada del Partido Comunista, Constanza Moreira, sostuvo que lo expresado por los economistas son “respetables convicciones, pero la unidad política de la izquierda y los movimientos sociales requiere combinar la ética de las convicciones con la ética de la responsabilidad”.

“Me pregunto a quién ayuda este pronunciamiento. ¿Al Frente Amplio?, ¿al movimiento popular? Yo creo que no”, afirmó Moreira en un posteo, que fue replicado por el senador del Partido Comunista —quien además liderará la lista al Senado— Óscar Andrade.

El también comunista y exsindicalista, Juan Castillo, afirmó por su lado que su colectividad “ensobrará” la lista a favor de la reforma y advirtió que “si (en la izquierda) nos dividimos en un grupo por el Sí y otro por el No “desviamos la atención del objetivo principal que es conquistar el gobierno”.

“Esto me parece que no ayuda y no contribuye”, agregó.

Más conciliador, el diputado Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista, dijo que “no alentaría debates en un programa de televisión o en un programa de radio para discutir entre compañeros del Frente (…) Se pueden armar debates en otros formatos. El Frente tomó una decisión en esto y la que tomó es que sus distintos componentes tengan libertad de defender lo que consideran que es mejor”. 

Otra discrepancia interna surgió a raíz de un planteo del economista Oddone, quien propuso que para mantener baja la inflación, en algunos casos, se podría proceder a la desindexación de los salarios cuyo ajuste dejaría de estar atado a la evolución de los precios al consumo.

El economista recordó que en algunas ramas de actividad, la negociación colectiva se produce “entre el sindicato más potente y las empresas más representativas del sector por su tamaño” que habitualmente se ubican en Montevideo.

Por lo tanto, expresó, “los acuerdos terminan siendo funcionales y razonables para una economía como la del área metropolitana, pero claramente perjudiciales para una empresa instalada en el interior”.

Agregó que los “descuelgues” y otros mecanismos de flexibilización resultan una “idea ampliamente compartida para poder contemplar estas heterogeneidades, manteniendo los Consejos de Salarios”.

El primero en salirle al cruce fue el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reconocido por su militancia sindical. “Sé lo que defiende el Frente Amplio, y no es lo que está defendiendo Gabriel” dijo en Canal 5. Agregó que la negociación colectiva es un “instrumento que permite mejorar las condiciones de vida del trabajador”, su seguridad y salud laboral.

Pereira, ex presidente del Pit-Cnt, agregó que, si bien las relaciones laborales deben ser modernizadas, esto no debe implicar su flexibilización.

Pese a estas discrepancias, Pereira se mostró seguro de que si Yamandú Orsi es electo presidente y lo designa ministro de Economía, Oddone “va a cumplir con el programa del Frente Amplio”.

A la luz de las discrepancias que se vienen manifestando en la izquierda en el área económica, todo parece indicar que la alianza que con el correr de los años el Frente Amplio ha establecido con el Pit-Cnt —del cual han salido decenas de legisladores y gobernantes—, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para un gobierno de izquierda.

La fórmula presidencial del Frente Amplio no solo debe plantear que no respalda el plebiscito, también lo debe fundamentar y recomendar a la militancia que no lo vote, porque gane quien gane, no podrá gobernar si se aprueba el disparate que se está impulsando.

Además, hoy más que nunca cabe preguntarse quién mandará en esa área. ¿Será el ministro de Economía que se designe o la dirigencia sindical, que históricamente ha tenido una decisiva incidencia en la fuerza política?

La población en particular y el empresariado en general deben tener certezas que la economía del país no se va a desbarrancar como consecuencia de los planteos trasnochados de algunos grupos del Frente Amplio y de sus representantes en la central sindical.

Cambiar el rumbo y satisfacer las propuestas trasnochadas del Pit-Cnt desviarán severamente al país del camino de moderación económica que ha transitado desde la reinstalación de la democracia.