La decisión del candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, de anunciar que el economista Gabriel Oddone será el ministro de Economía si su partido triunfa en las elecciones nacionales buscó generar tranquilidad en la plaza financiera local, pero dejó al desnudo las resistencias que la figura de este profesional levanta en algunos sectores de la izquierda y mostró una inesperada postura de tibieza del economista en relación al plebiscito jubilatorio.

El lunes 23, Orsi presentó formalmente a Oddone pero el anuncio sonó un tanto extraño, ya que tan solo unos días antes el candidato se había negado a confirmar al economista como su eventual titular de Economía, luego de concurrir junto a él en Buenos Aires a una presentación ante empresarios argentinos ante los que el candidato frentista intentó dar certezas de que nada cambiará en materia económica en el país en caso de resultar electo.

Orsi dijo en la capital Argentina que todavía no tenía una decisión tomada. “El gabinete se nombra después de octubre, salvo algunas excepciones que ha habido a lo largo de la historia del Frente Amplio. Veremos”, dijo cuando le preguntaron si tenía una definición.

Es más, el jefe de campaña, Alejandro Sánchez, había dicho hace tan solo un mes que no creían necesario realizar el anuncio de un nombre “para que la gente confíe”, y que la garantía de la conducción de la política económica la daba el Frente Amplio como fuerza política.

Pero la postura cambió y a quien no le cayó nada bien la designación adelantada de Oddone fue a la ex senadora de Casa Grande y candidata al Senado por el Lista 1001, Constanza Moreira, para quien el eventual ministro es “un representante del gran empresariado”.

Para Moreira, un gobierno frenteamplista debería tener “un ministro de Economía político” y aseguró que el Frente Amplio cuenta con un equipo económico “que armó Astori”.

La dirigente argumentó que el Frente Amplio “no tiene por qué dar señales de tranquilidad a los empresarios” —en relación a la designación de un técnico en Economía y Finanzas—, ya que durante 15 años gobernó esa área “maravillosamente”.

Pero lo más polémico —y desconcertante— tras la designación de Oddone fueron sus primeras declaraciones en torno a los efectos que tendría en la economía del país el plebiscito de la seguridad social, al punto que generaron incertidumbre entre los operadores económicos de la plaza local.

Insólitamente, el postulante pasó de rechazarlo a señalar que lo que suceda “no es el fin del mundo”.

“Creo que la reforma que va a ser sometida a plebiscito es altamente inconveniente para el país, es una reforma para la cual no hay recursos para financiarla. Por lo tanto, va a ser un gran desafío para el Uruguay si eso ocurriera”, dijo días antes.

Además, advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y aseguró que va a haber “una necesidad de reasignación de recursos en otras áreas del Estado”.

Pero el lunes 23, cuando Orsi lo presentó, Oddone atenuó su discurso. Dijo que “el plebiscito no es el fin del mundo” y que “tenemos que saber manejar cualquier situación”.

La afirmación de Oddone no pareció tener otro objetivo que frenar las eventuales críticas que pudieran surgir desde filas frenteamplistas por su adelantada nominación, lo que en buen romance implica quedar bien con los “compañeros” que desde la propia izquierda impulsan un alocado plebiscito que tensionará al extremo las finanzas del Estado uruguayo.

Porque la libertad de acción que en torno a este espinoso tema le dio en su momento el Frente Amplio a sus sectores puede convertirse en un balazo en el pie si llega a aprobarse y la izquierda gana el gobierno.

Como economista de prestigio que es, Oddone conoce claramente hasta qué punto se sacudirá la economía del país y no debería tener mano blanda con los Andrade y los Abdala, que se mueven por intereses políticos, sin medir consecuencias.

El afán de ser ministro de Economía de un posible gobierno del Frente Amplio no puede llevarlo a tratar de atenuar en sus apariciones públicas los efectos nocivos de este trasnochado plebiscito, por más que en su fuero íntimo lo considere perjudicial. Los dolores de cabeza que le esperan a él y a los uruguayos no lo valen.

Es necesario que se le diga fuerte y claro a la ciudadanía que el sistema de seguridad social necesitaba un sinceramiento y que si bien la ley promulgada en este gobierno puede sufrir ajustes, la solución nunca puede pasar por la descabellada propuesta que impulsan comunistas, socialistas y el Pit-Cnt.