Por estos días la política tiñe todos los temas. No hay nada que no se politice. Y todo va a parar a la misma bolsa. Puede decirse que es lo normal en un año de elecciones, pero hay momentos que parece exagerado.

Un ejemplo de este fenómeno lo es el proyecto que el jueves 23 el presidente Luis Lacalle Pou envió al Parlamento, el cual busca modificar cuatro artículos de la Ley 19.580 de violencia basada en género.

En líneas generales, la iniciativa apunta a evitar las “denuncias falsas” y a dar más mayores garantías a los denunciados. Esta iniciativa del Ejecutivo estuvo en línea con otras dos que se presentaron en marzo por senadores de Cabildo Abierto y, en abril, el diputado colorado Gustavo Zubía.

El gobierno sostuvo que su planteo busca “mejorar el instrumento sin modificar la sustancia y los fines perseguidos, teniendo en cuenta que los problemas de violencia basada en género merecen la mayor atención del Estado y de la sociedad uruguaya en su conjunto”.

Al explicar los objetivos del texto, el presidente dijo a la prensa que “se trató de hacer una ley más equilibrada, sin perder el norte ni desvirtuarla. Modificamos lo que hace a las pruebas, a las pericias, (y) a las denuncias falsas”, que de aprobarse la iniciativa, si tendrían consecuencias.

“Son cuatro artículos de sentido común” que “traen más garantías” para todas las partes, agregó.

El tema de fondo es que la ley vigente permitía a una mujer denunciar a su pareja y que de inmediato, y como medida cautelar, al hombre se le impidiera ver a sus hijos, sin mayores pruebas de ello.

Además, se habilitará la posibilidad de que la defensa del acusado pueda solicitar pericias técnicas, algo que estaba vedado por la actual ley.

La norma que se propone también elimina la indemnización automática de 12 sueldos y establece que la persona damnificada sí podrá buscar después un resarcimiento económico a través de un juicio civil.

Como era de esperarse, una vez conocido el proyecto gubernamental, no tardaron en conocerse las reacciones de los candidatos presidenciales del Frente Amplio. Cada uno por su lado, tanto Carolina Cosse como Yamandú Orsi cuestionaron los cambios a la ley.

A Cosse le pareció curioso que el gobierno diera a conocer la propuesta “en medio del escándalo” por la renuncia de Pablo Iturralde a la presidencia del Partido Nacional, tras conocerse conversaciones privadas que mantuvo vía chat con el exsenador Gustavo Penadés en las que hizo valoraciones sobre los fiscales del caso.

Cosse se preguntó también por qué en vez de armar una estrategia para “rodear” el problema de la violencia de género, el gobierno opta por “toquetear la ley”.

Orsi, en tanto, cuestionó “el oportunismo” y la “liviandad” del gobierno para planear cambios a la ley de violencia de género.

Lo que se olvidó mencionar Orsi fueron las declaraciones que semanas atrás realizó el diputado Nicolás Viera de su sector, el Movimiento de Participación Popular.

Entonces, y luego de conocerse la denuncia por agresión que la mujer trans Paula Díaz realizó contra Orsi –que a la postre resultó falsa—, Viera salió a los medios a reclamar cambios a la ley de violencia de género porque “se hace prevalecer la palabra de quien denuncia sobre (la de) quien es denunciado”.

“Creo que este episodio que le está tocando sufrir a Yamandu Orsi, con la denuncia totalmente orquestada, nos tiene que llevar a una revisión de una ley que sin lugar a dudas genera derechos y es justa en algunos aspectos, pero que es injusta en otros, donde no se da garantía y se hace prevalecer la palabra de quien denuncia sobre (la de) quien es denunciado”, dijo Viera.

Al profundizar en este concepto, el legislador se preguntó “por qué vamos a tener que privilegiar la palabra de quien denuncia si es que es parte de una zancadilla a un candidato presidencial, que seguramente además sea presidente de la República”.

Finalmente Viera asumió su responsabilidad “como Frente Amplio” por “haber ayudado a que esta ley saliera”, pero agregó que “también hay que entender que tiene sus debilidades y que las estamos padeciendo ahora”.

Lo paradójico es que, en las semanas siguientes, el legislador se llamó (o lo llamaron) a silencio y no volvió a hablar del tema.

Entretanto, y a pesar de la oposición del Frente Amplio y de las organizaciones feministas, el proyecto del gobierno obtuvo el respaldo de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay.

A través de un comunicado, la entidad subrayó que las modificaciones propuestas abordan problemas —como las pruebas que puede presentar el denunciado o las denuncias falsas—, que han generado “situaciones de injusticia y manipulación indebida del sistema”.

La asociación sostuvo que la propuesta “implicará un avance significativo para el restablecimiento de las garantías para todos los ciudadanos” y refuerza un proceso “más justo y equitativo” a la vez que las considera un “paso necesario para una reforma del Código del Proceso Penal”.

Lo cierto es que las modificaciones propuestas no afectarán a las verdaderas víctimas de violencia doméstica, aunque sí a las que mienten con el objetivo de intentar alejar a sus exparejas.

En cualquier país serio, es totalmente lógico que a medida que son aplicadas, las leyes sean perfeccionadas a efectos de hacerlas más justas y eficientes.

Porque todas las leyes son pasibles de ser modificadas. Oponerse a hacerlo solo porque estamos en medio de una campaña electoral y se quiere quedar bien con algunos sectores de votantes no es una postura responsable de parte de un aspirante a ejercer la Presidencia de la República.