Cada tanto tiempo surgen en el país iniciativas cuyo efecto final, buscado o no, termina por limitar las libertades individuales de los ciudadanos.

Aunque por lo general Uruguay se ha mantenido fuera de estas propuestas limitativas, igualmente hay quienes desde una banca en el Parlamento sienten la tentación de imponerles a los demás qué es lo que pueden o no decir.

Hace unos días, la diputada comunista Micaela Melgar propuso que el Parlamento vote una ley que penalice el “negacionismo” de lo ocurrido en el país en la década del 70.

El planteo de la legisladora impulsa que se apliquen sanciones a aquellas personas que se atrevan a negar que en el país existió el terrorismo de Estado.

El texto, que fuera ingresado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, propone que quien niegue públicamente los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura deberá “corregir el sentido de sus afirmaciones, retractándose en el mismo espacio público en que hayan sido vertidas”.

La pena ante la negativa sería de “siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a tareas de señalización, reparación y mantenimiento en Sitios de Memoria Histórica”, dice el texto de la legisladora comunista.

El senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional, Javier García, fue de los primeros en salirle al cruce a la iniciativa y no dudó en advertir que “el proyecto de ley es preocupante al máximo”.

“Es realmente un pensamiento totalitario y autoritario que uno pensaba que estaba erradicado en el Uruguay desde hace décadas, porque es exactamente lo contrario de la libertad”, manifestó el exministro.

“En el Partido Nacional y la mayoría de los uruguayos luchamos por la libertad, para que todos pudiéramos opinar de la forma que creyéramos. Ahora, que desde el Estado haya una ley que dice cómo se debe opinar y que quien no tiene esa manera de pensar con respecto al pasado reciente puede ser sancionado y penalizado, es una barbaridad, fruto de una mentalidad autoritaria y totalitaria”, consideró.

Para García, el pensar distinto es algo propio de las sociedades libres. “No conozco sociedad libre que tenga opiniones de consenso”, expresó. “No puede haber un pensamiento único sobre un tema porque es antinatural; donde hay personas, hay libertad, y todo el mundo tiene que hacerse cargo y responsable por sus opiniones”, expresó.

La propuesta de Melgar surgió casi por los mismos días en que se conoció que el dictador venezolano Nicolás Maduro (ya lo tratamos en este espacio) impulsa un proyecto de ley “contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”.

La propuesta contempla diversas sanciones para quienes realicen actos que las autoridades consideren fascistas, neofascistas o parecidos.

Estas sanciones podrían ser penales (años de prisión), administrativas (multas) o implicar la disolución de organizaciones.

El proyecto pareciera redefinir qué es el fascismo, al menos en Venezuela.

La aprobación de normas como las que impulsan Melgar y Maduro significarían un avance en la construcción de modelos totalitarios.

Sancionar a alguien por decir lo que piensa sobre un determinado tema implica ponerle un bozal legal, coartar su libertad de pensamiento y eso no es otra cosa que una grosera limitación de las libertades individuales.

En el caso de Uruguay, la cuestión debe ir más allá de esta propuesta trasnochada de una inexperiente legisladora que parece tener entre sus prioridades establecer limitaciones al libre pensamiento.

Deberían ser el propio Frente Amplio y sus autoridades quienes tomen distancia de estos planteos destemplados y dejar en claro que si la coalición de izquierda gana las elecciones nacionales no promoverá legislaciones de estas características limitativas.

Es más, también sería bueno que la precandidata frenteamplista Carolina Cosse se pronunciara sobre esta iniciativa, ya que su postulación cuenta con el apoyo del Partido Comunista del Uruguay, organización a la cual pertenece Melgar.

Descuento que el proyecto no tendrá apoyo legislativo y que quedará como testimonial. Pero es inevitable pensar que se trata de una iniciativa que busca limitar la libertad de expresión y de pensamiento.

Quienes hacen estos planteos deberían saber que el día que se nos termine la libertad de pensar diferente y de gritarlo a los cuatro vientos nos estaremos convirtiendo en una absurda república bananera.

Porque en legislaciones como la que impulsa Melgar —y con ella el Partido Comunista—, se esconde un mecanismo que coarta la libertad de quienes piensan diferente, en este caso, en relación con un discurso sobre los lamentables y repudiables hechos que ocurrieron en el país hace medio siglo, pero que han permanecido vigentes gracias al esfuerzo persistente y machacón de la izquierda.