Una nueva controversia se instaló por estos días en el país como consecuencia de expresiones del presidente Luis Lacalle Pou en relación con el plebiscito que propone parte de la izquierda en contra de la reforma de la seguridad social, y que desde esas filas se consideraron como una injerencia del mandatario en la campaña electoral.

Hasta ahora, la etapa previa a los comicios se ha caracterizado por el escaso debate de ideas y de propuestas y, en cambio, ha primado el fuego cruzado entre los candidatos de la coalición gobernante y los postulantes de la izquierda.

Días pasados, al visitar la Expo Prado, Lacalle apuntó directamente contra la tenue postura que ha asumido la fórmula del Frente Amplio, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, en relación al plebiscito de la seguridad social que impulsan los partidos Comunista y Socialista, y la dirigencia del Pit-Cnt.

Lacalle dijo que los candidatos deben “generar certidumbre” y criticó que el Frente Amplio anuncie que habrá de convocar a un “gran diálogo social” en torno al tema jubilatorio sin decir “realmente qué va a pasar”.

El mandatario también adelantó que tiene un plan de campaña contra el plebiscito de la seguridad social y que próximamente habrá novedades al respecto.

Según el presidente, si prospera, el plebiscito tendrá “consecuencias negativas con efecto dominó”, y en ese sentido reclamó a los políticos “no diluir la responsabilidad”. 

Ni corta ni perezosa, la fórmula frenteamplista cuestionó que el presidente opinara sobre lo que consideraron se trata de “temas de la campaña electoral”.

Orsi dijo que el jefe de Estado demuestra así que no les tiene confianza a los candidatos del oficialismo, mientras Cosse opinó que “es inconstitucional” que un presidente haga lo que consideró “política partidaria”.

Pero cuando el Frente Amplio critica a Lacalle por una violación constitucional que no es tal, debería mirar hacia adentro y recordar que a fines de 2017 el entonces presidente, Tabaré Vázquez, no tuvo prurito en presentarse en un comité de base de la coalición y hacer una arenga a los militantes presentes.

“El trabajo no es fácil, la lucha es muy fuerte, hay que darla todos los días porque estamos defendiendo al mejor proyecto político que tiene este país (…) vamos a seguir trabajando para llevar adelante ese proyecto y el programa y el compromiso que el Frente Amplio tiene ante la ciudadanía”, exclamó Vázquez en aquella oportunidad ante el aplauso de los militantes.

A esta altura de la campaña, es lógico y hasta entendible que al Frente Amplio le preocupe la incidencia que pueda tener en ella la figura del presidente Lacalle, cuya popularidad, según todas las encuestas, se mantiene en niveles particularmente altos a pesar del normal desgaste que implica la gestión de gobierno.

Pero justo es decirlo, lo que hizo Lacalle no fue otra cosa que salir a defender una ley en la que el gobierno de coalición puso toda la carne en el asador, sin medir los costos políticos y electorales que ello puede implicar.

Esta firme posición ha dejado en evidencia la actitud ambigua que ha expuesto sobre el mismo tema la fórmula presidencial del Frente Amplio, cuyos pronunciamientos han evitado crispar las aguas con quienes desde dentro de la misma izquierda impulsan la derogación de la norma y están haciendo campaña.

Tan ambigua ha sido la postura de los integrantes de la fórmula frentista en torno al plebiscito de la seguridad social que una encuesta de Equipos que publicó el semanario Búsqueda reveló que la mayoría de los votantes del Sí creen que Orsi, Cosse, y el propio José Mujica, están a favor de la papeleta del Pit-Cnt.

Lacalle también aprovechó su aparición pública para dejar en claro que apoyará el plebiscito que propone habilitar los allanamientos nocturnos, un tema sobre el cual la fórmula frentista sí se ha declarado abiertamente en contra.

El artículo 77 de la Constitución de la República en su numeral 5, prohíbe al presidente “intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.

Pero que Lacalle intervenga en forma decidida para defender una ley que aprobó su gobierno no puede ser motivo de críticas de parte de los integrantes de la fórmula presidencial de la izquierda, ya que el presidente hace el trabajo que ellos no se animan a hacer por temor a enojar a quienes desde su misma fuerza política impulsan la derogación de la norma.

Por eso, está bien que el presidente salga al ruedo en relación a este tema. Es más, si no lo hiciera estaría siendo omiso.