Uruguay tiene actualmente casi 15.500 personas privadas de libertad, es decir, 4.3 presos por cada 1,000 habitantes. A nivel internacional, esta cifra ubica a nuestro país en el top 10 del ranking global de población carcelaria por habitante (Prison Studies, citado en el Monitor de seguridad Ceres de setiembre 2023). Dicho indicador, lejos de mejorar, empeora año tras año.

De acuerdo con estimaciones del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, mantener a una persona encarcelada implicaba en 2022 un costo de mil dólares al mes. Esto se traducía en aproximadamente USD 180 millones al año, considerando la población privada de libertad en esa fecha.

A su vez, la reincidencia en cárceles uruguayas alcanza el 70%, según cifras del Ministerio del Interior, lo que significa que solo el 30% de todas las personas que pasan por el sistema penitenciario desisten de delinquir en el futuro.

Se trata de una realidad muy preocupante, que se vive desde hace décadas y nos cuesta reconocer plenamente. Seamos conscientes de que lo que acontece en el sistema penitenciario tarde o temprano se refleja en la sociedad en su conjunto.

En julio de 2020, en la Sala Acuña de Figueroa del edificio José Artigas, se llevó a cabo un conversatorio denominado Inserción Laboral de Liberados. En dicha oportunidad se identificaron obstáculos, desafíos y oportunidades de la reinserción. Entre los obstáculos se reconocieron, por ejemplo: el regreso a contextos vulnerables, la estigmatización social, las huellas del encierro y la dificultad para conseguir empleo o desarrollar alternativas auto generadoras de ingresos capaces de sostenerse en el tiempo.

Vencer estos obstáculos requiere un proceso que no es unilateral sino holístico, que aborde las diversas dimensiones del bienestar humano, tales como acceso a la educación, formación en oficios, acompañamiento socioemocional y oportunidades laborales significativas.

Para lograrlo, es necesaria la decisión política y el acuerdo de colaboración estrecha entre el gobierno uruguayo, organizaciones de la sociedad civil, y empresas públicas y privadas.

Uno de los planes de acción de 2024 documentados en la oficina del comisionado parlamentario penitenciario plantea, desde la experiencia de buena parte de países desarrollados, “el fortalecimiento de las redes sociales de protección comunitaria con servicios integrales de asistencia a la familia y a los riesgos asociados a la vulnerabilidad”. Dicho plan va de la mano de un “sistema de medidas alternativas con alta capacidad de contención y políticas postpenitenciarias amplias y con capacidad de seguimiento individual caso por caso”.

Las empresas, tanto públicas como privadas, pueden hacer una gran diferencia en el proceso de inserción laboral y social que colabore con la disminución de la reincidencia.

Los alpinistas, cuando suben a la montaña, cantan una canción que dice así: “en el arte de ascender lo importante no es caer, sino no permanecer caído”. Pero para ponerse de pie muchas veces es necesario contar con manos que nos ayuden a levantarnos.

Es claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo.

Es fundamental trabajar tempranamente con las personas privadas de libertad durante su período de reclusión, a través de capacitaciones tanto en habilidades blandas como hábitos de trabajo, responsabilidad, asistencia, etc., así como en oficios. A la vez se comienza a elaborar su historia laboral como “hoja de vida”. Lo interesante es que esto ya se está haciendo hoy en día con grupos pequeños respecto a la población total carcelaria, con resultados alentadores.

Este proceso continúa con un sistema de referencias laborales de liberados que circula entre las compañías como fuente de oferta: un formato de circularidad que está comenzando a ser aplicado en las empresas constructoras.

Desde la empresa esto representa un desafío, pero también una oportunidad de consolidación del propósito empresarial desde el eje social. Se trata de aprender a combatir estereotipos, no juzgar, abrir puertas a personas que en su mayoría provienen de contextos muy vulnerables. Testimonios de referentes de diversas empresas que llevan a cabo estas iniciativas nos muestran que es posible y los resultados están siendo positivos.

En última instancia, la discusión sobre la reinserción de personas liberadas es un tema de dignidad humana. Los individuos que han cometido un delito tienen que rendir cuentas y desde su privación de libertad merecen, al menos intentar, reconstruir su vida.

Se están emprendiendo muchas acciones concretas para apoyar la reinserción de ciudadanos puestos en libertad de parte de muchos actores. Es necesario facilitarlo desde las empresas estatales y privadas.