Saviniano “Nano” Pérez fue un político de Melo que se volvió leyenda por sus métodos populistas. Fue diputado por el Herrerismo y luego ganó las elecciones municipales de Cerro Largo en 1946 y 1950 y de nuevo en 1958. Recibía los reclamos de los vecinos en su propia casa y les extendía órdenes en hojas de libretas para que se cumpliesen en la Intendencia y otros organismos públicos. Aunque había sido funcionario de la Impositiva, exoneraba impuestos a su gusto y placer. En aquel Uruguay de la escasez perpetua, llegó a utilizar los camiones municipales para acarrear bienes de contrabando desde Brasil y venderlos al costo.

“Nano” Pérez representa un extremo, ciertamente, pero no una excepción. En el interior del país, y en Montevideo bajo otras formas, hay una sólida cultura de uso personalizado o partidario del poder que justifica el clientelismo, el amiguismo, los atajos y, en última instancia, los delitos lisos y llanos.

Casos como los de Pablo Caram en Artigas, Carlos Mazzulo en Flores o Irineu Riet Correa en Rocha han sido apenas ejemplos de “gauchadas” y abusos naturalizados.

Y ahora está el caso de Guillermo Besozzi, imputado por varios delitos junto a otros funcionarios en vísperas de elecciones que podrían llevarlo a ser intendente de Soriano por cuarta vez.

La causa Besozzi, quien está en prisión domiciliaria, sirve para señalar varios problemas endémicos. En primer lugar, el poder desmedido de los intendentes y de su entorno, que tienen mayoría automática en las Juntas Departamentales, integradas por ediles honorarios en general voluntariosos pero poco profesionales, o afectos a canjear votos por cargos y otros favores. (La gran mayoría de la población rechazó en 1994 una reforma de la Constitución que, entre otros asuntos, proponía un salario para los ediles. Pero en los hechos no hay ediles honorarios: cobran por “gastos de secretaría” y empleos para sus familiares).

En segundo lugar, se cuestiona la clara militancia política de la fiscal Stella Alciaturi quien, según se acusa, habría actuado en connivencia con la jueza Ximena Menchaca.

En tercer lugar, se señalan las debilidades del proceso penal, que llevan a que los jueces acepten en primera instancia todo lo que digan los fiscales, sin investigación ni duda.

Los blancos defienden la honorabilidad de Besozzi, su discrecionalidad de cercanía, el favor “mano a mano” y los trámites de buena fe, que no necesariamente son legales.

Cuando Besozzi asumió por primera vez la Intendencia de Soriano en 2005 no tenía experiencia en administración pública. Fue creando sus propios métodos y atajos, un modo de gestión que le valió gran popularidad, tanto que fue reelecto en 2010 y otra vez en 2020.

En el período 2015-2020, cuando no pudo competir por prohibición constitucional, fue sustituido como intendente por Agustín Bascou, un agrónomo y empresario del Partido Nacional. A pedido de la misma fiscal, Stella Alciaturi, Bascou fue procesado por suministrar combustibles de sus estaciones de servicio a la Intendencia, y por vender vacunos que tenía en prenda por créditos bancarios.

Con sus tres períodos al frente de la Intendencia de Soriano, que podrían ser cuatro, Besozzi integra el selecto grupo de los intendentes muy populares que han logrado regir quince o veinte años, con el interregno de cinco años cada diez que impone la Constitución. Entre ellos destacan los blancos Carmelo Vidalín, quien ha gobernado veinte años en Durazno (y deja la Intendencia con mejor situación financiera del país después de dos décadas consecutivas de superávits); Carlos Moreira, también veinte años en Colonia; Juan Chiruchi, con sus más de veinte años de jefe comunal de San José, incluso como interventor durante la dictadura; Enrique Antía durante quince en Maldonado; o Eber da Rosa con sus quince años en Tacuarembó.

La fiscal Alciaturi es una reconocida militante frenteamplista: según testimonios de su entorno, y según sus propias guerrillas en Facebook.

Algunos jueces y fiscales poco pudorosos son los responsables de la mala imagen de sus instituciones, la Fiscalía o el Poder Judicial, señaló Natalia Roba en El Observador. El hecho de que cada vez más fiscales dejen la función pública para pasarse a la política también provoca suspicacias y desconfianza.

Así como la sociedad fue desmitificando la tarea de los médicos, así ahora pone en duda la independencia y honestidad de jueces y fiscales.

Un fenómeno similar se registra entre periodistas o comunicadores que se pasan en masa a cargos en el Estado o las Intendencias después de cada elección, con lo que contribuyen a erosionar la credibilidad de una profesión maltrecha por el cambio tecnológico y la falta de calificación.

Pero lo cierto es que desde Bascou a Besozzi, como tantos otros en otros departamentos tantas veces antes, han transitado tantos atajos, han hecho tantas gauchadas, que pueden morir políticamente bajo el peso de sus abusos.

Muchas Intendencias, aunque no todas, están severamente endeudadas (Canelones desde hace muchos años, Salto, Maldonado, Montevideo) y cargan con nóminas excedidas, empezando por las de regiones deprimidas (Río Negro, Treinta y Tres, Lavalleja). Además, una de cada dos contrataciones de personal en las Intendencias en los últimos años se hizo a dedo: con nombre y apellido.

Las Intendencias deberían respetar las auditorías y dictámenes del Tribunal de Cuentas, e incluso contar con su propio auditor interno. Y deberían recurrir menos a los fideicomisos que, en los hechos, endeudan a los futuros intendentes.

En Montevideo los casos de corrupción, tráfico de influencias y amiguismo pasan más disimulados por el bulto y suelen seguir caminos más formales, al menos en apariencia. Pero en las últimas décadas casi ningún militante de izquierdas que deseara un puesto público ha quedado sin empleo.

Es una forma de racionalidad perversa dentro de un sistema corrupto o repleto de zonas grises, que no distingue bien entre militancia política y asuntos personales o públicos.

La cultura de los jefes comunales que manejan sus jurisdicciones como si fuesen feudos debe desaparecer. No importa si se movieron por las mejores intenciones, si el método fue eficaz. El fin no justifica los medios, porque al final los métodos ilegales o erróneos arruinan el buen fin. La discrecionalidad corrompe, así sea en nombre de los más altos objetivos.