Cuando ya ha pasado casi un mes de las cuestionadas elecciones celebradas en Venezuela, aún no se conocen las actas oficiales del escrutinio final y, pese a que el organismo electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador, a nivel internacional persiste la convicción de que el oficialismo cometió un gigantesco fraude para mantenerse en el poder.

Las elecciones fueron el punto final de un proceso viciado de irregularidades, que tuvo como mayor anormalidad que la principal candidata opositora, María Corina Machado, no se pudo presentar al estar injustamente proscripta por el régimen.

Pese a ello, Machado fue la principal impulsora del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien igualmente y pese a los esfuerzos del régimen, habría resultado ganador de los comicios.

En vez de reconocer la derrota, después del acto electoral del 28 de julio Maduro se dedicó reprimir y a perseguir a la oposición, al punto que sus líderes debieron ocultarse para no ser arrestados, ya que se les imputó haber cometido delitos electorales.

Así las cosas, a casi un mes de realizados los comicios, el organismo electoral de Venezuela –copado por el chavismo–, no ha dado a conocer las actas del escrutinio.

En rechazo a esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la calificó de “terrorismo de Estado”; aseguró que se ha incurrido “en políticas y prácticas autoritarias” y que “hay un patrón sistemático de violaciones a la libertad personal”.

Este fraude desembozado del chavismo ha provocado además la reacción de numerosos gobiernos de la región que no son afines a la línea ideológica de Maduro, de la Unión Europea, de Estados Unidos y del prestigioso Centro Carter, los cuales han reclamado que se den a conocer las actas electorales.

Más tibios en sus críticas, en cambio, han aparecido los gobiernos de Brasil, México y Colombia, cuyos mandatarios han tratado la situación con guantes de seda.

Días pasados, el brasileño Lula Da Silva llegó a calificar de “desagradable” al gobierno de Maduro, pero evitó caer en mayores críticas para tratar de mantener un papel de mediador.

“No creo que sea una dictadura, es diferente, es un gobierno con una tendencia autoritaria”, dijo el mandatario, aliado histórico del chavismo, en una entrevista con la radio Gaúcha.

Pero en el caso de Uruguay, la situación no parece tan clara para la izquierda y su candidato presidencial, Yamandú Orsi.

El 6 de agosto Orsi dijo: “Estamos ante una certidumbre de que el proceso estuvo muy mal encarado, que no fue democrático y que tuvo dificultades desde el comienzo”.

“Lo que termina pasando es que ya nadie cree en los resultados. Yo no creo en los resultados del gobierno”, añadió.

Sin embargo dijo que no cree que haya que “tirar nafta”, y aludió a la decisión del gobierno uruguayo de reconocer como ganador de las elecciones al candidato opositor. “Cuanto más pasa el tiempo, más me preocupa, pero tampoco creo que haya que proclamar a otro. Está bastante lejos de ser un proceso democrático”, dijo.

Días después, en una gira por el interior, fue más elusivo y cuestionó que el tema Venezuela fuera un asunto de importancia para los demás candidatos a la Presidencia. Orsi consideró “raro” que este tema preocupara tanto y no que ese fin de semana se hubieran producido siete asesinatos en el país.

En el discurso del exintendente seguramente pesa el hecho de que uno de los principales sectores del Movimiento de Participación Popular –el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros– emitió un comunicado a pocas horas de los comicios en el cual aseguró que se trató de un “acto eleccionario ejemplar”.

También tibio –y muy lejos de condenar el fraude–, fue el comunicado que emitió el Frente Amplio tras la consulta. La dirigencia de izquierda optó por mantenerse al margen del fuego cruzado entre quienes defienden a Maduro y quienes lo tachan de “dictador”.

Como requisito para tomar postura, la declaración dijo que primero se debía acceder a información más completa por parte de las autoridades electorales de Venezuela, algo que a casi un mes de los comicios no ha sucedido.

Por más que lo quieran disimular, hoy Venezuela está gobernada por un dictador, quien debería quedar completamente aislado en el continente. Es un gobierno al que es necesario darle la espalda para que Maduro quede totalmente solo.

El problema es cuando hay gobiernos o partidos políticos que leen la situación en función de la simpatía que le tienen o los favores que le deben a determinado régimen.

No se puede obviar, no se puede ignorar que en Venezuela están matando gente por manifestarse y pensar diferente. Porque si esas aberraciones se cometieran en Uruguay, deberían de ser condenadas de la misma manera.

Por más que lo quieran pintar de rosa, un fraude electoral es un fraude electoral. No hay cómo disimularlo ni cómo justificarlo. Algunos representantes de la izquierda latinoamericana y de nuestro país deberían tener en claro que cuando un gobierno cae en estas prácticas no hay ninguna prenda que las pueda disfrazar de democracia.