Es probable que no haya muchas diferencias entre un gobierno del nacionalista Álvaro Delgado y otro del frenteamplista Yamandú Orsi, salvo ciertos énfasis más gestuales que reales; y más aún si ninguno de los bloques enfrentados en las elecciones del 27 de octubre obtiene mayoría parlamentaria propia.

En la sociedad uruguaya existe cierto consenso de moderación y pavor al cambio brusco. No se sustituyen partidos si no es por necesidad y agotamiento (casi un siglo gobernó el Partido Colorado entre 1865 y 1959, y al menos 35 años el Frente Amplio en Montevideo a partir de 1990).

Somos ciertamente lentos cuando no mojigatos; aunque, al fin, gracias a carecer de radicalidad y pujos refundacionales, eventualmente llegamos a buen puerto, o al menos a un puerto no excesivamente malo, según advertí en esta página en junio pasado.

Es cierto que después de un triunfo cualquiera de los dos candidatos principales dejará de mirar obsesivamente al centro, como hace ahora para captar un puñado de votos decisivos, y podrá virar un poco más a derecha o izquierda para complacer a sus adherentes y parlamentarios.

Pero no hay margen para grandes reformas. Faltan convicciones en unos y otros; no hay consensos sociales y políticos suficientes; y el Estado uruguayo no tiene un peso pues padece un déficit crónico y en aumento desde 2007 (la trayectoria de su deuda pública es funesta aunque esté mejor que la de Argentina o Brasil).

La izquierda propone aumentar los impuestos a la renta y al patrimonio, lo que seguramente hará si triunfa, para gastar un poco más; pero es probable que también deba hacerlo un gobierno de blancos, colorados y aliados, pese a las promesas en contrario, debido al agujero fiscal para pagar jubilaciones y funcionarios.

El suceso decisivo de este mes no será tanto quien gane las elecciones nacionales, sino el resultado del plebiscito que propone agregar a la Constitución el derecho al retiro a los 60 años de edad y la expropiación de los ahorros de las Afaps (unos 22.000 millones de dólares de más de un millón y medio de trabajadores invertidos en infraestructura, forestación y otros asuntos nacionales).

Unas condiciones de jubilación extraordinariamente benévolas en un país envejecido, como las que auspician los sindicatos y ciertos sectores de la izquierda, tendrá efectos inmediatos sobre la economía. La seguridad social en Uruguay no se financia mayoritariamente con los aportes, como suele creerse, sino con impuestos.

Si esta reforma se aprueba, la primera consecuencia será una intensa fuga de capitales. La expropiación de fondos privados y la inevitable suba de impuestos a corto y mediano plazo, estimulará la venta de activos y la inmediata emigración de ahorros.

Esta abrupta desinversión provocará desempleo, menos salario, más depresión económica, más emigración calificada. Es el tipo de resultado que ha obtenido Argentina en las últimas dos décadas debido al predominio de un nacionalismo estatista y populista.

La mayor parte de los países europeos, que cuentan con poblaciones aún más envejecidas y con economías más prósperas y maduras, han establecido la edad de retiro en un porcentaje de la expectativa de vida, que aumenta casi cada año. La edad promedio de retiro en Europa occidental y central se sitúa ahora entre los 65 y 67 años.

En Uruguay la tasa de fecundidad y los nacimientos caen en picada, en tanto avanza la esperanza de vida y continúa la emigración. La población no disminuye solo por la incorporación de inmigrantes venezolanos, cubanos y argentinos.

La flexibilización del retiro por una ley de 2008 provocó un gran aumento de las jubilaciones. Se redujo el requisito de años de servicios de 35 a 30 aunque la edad de jubilación se mantuvo en 60 años para ambos sexos; y se facilitó la jubilación por edad avanzada e incapacidad total. Esa ley “fue a contrapelo” de lo necesario y adelantó la crisis del sistema instaurado en 1996, admitió en 2019 el ministro de Economía y líder frenteamplista Danilo Astori.

La reforma del sistema de seguridad social que aprobó el actual gobierno en 2023, después de muchas transacciones y rebajas, aumenta la edad de retiro gradualmente de 60 a 65 años, salvo algunas categorías de la actividad rural y la construcción, y unifica paulatinamente todas las cajas (profesional, bancaria, militar, policial, etc.).

De inmediato la central sindical PIT-CNT reunió firmas para modificar la Constitución y restaurar el viejo orden. Los sindicatos se han opuesto a todas las reformas realizadas por los gobiernos no frenteamplistas por la vía de referéndums y plebiscitos. Pocas veces han tenido éxito, pero la causa de las jubilaciones es popular. ¿Quién no detesta que se difiera su derecho a jubilarse?

Uruguay funciona bien en condiciones externas favorables, pero sin ellas no llega lejos, sin importar quién gobierne.

Es improbable que los próximos gobiernos, cualquiera sea el signo, desaten los grandes nudos que aprisionan a este país: burocratización, ineficacia del Estado, enseñanza pública deficitaria, inversión reducida, baja productividad y salarios insuficientes, fragmentación social, apogeo del consumo de drogas y del delito asociado, emigración de jóvenes calificados.

La izquierda no producirá una sociedad más justa e igualitaria, salvo de un modo marginal, y siempre que se beneficie de un auge económico. Su impulso reformista se estancó entre 2015 y 2020 apenas acabó la bonanza externa, el desempleo trepó y las cuentas se pusieron en rojo. Y la derecha no podrá con el aparato del Estado, que es una trinchera reaccionaria, ni mejorará mucho la eficiencia económica ni la apertura del país, salvo cambios radicales en la región y en el mundo.

En todo caso, el principal botín en disputa en estas elecciones (si se omite la eventual reforma de la seguridad social) son algunos miles de puestos públicos y privilegios para amigos, familiares y militantes. Todo partido o conjunto de partidos oficialistas padece la amenaza del desempleo, en los aparatos estatales o departamentales.