Por estos días el departamento de Artigas y el Partido Nacional se han visto sacudidos por las condenas que justificadamente recibieron el exintendente, Pablo Caram, y su sobrina, la exdiputada blanca Valentina dos Santos.

Caram fue imputado por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades o posibles delitos en la administración pública, en relación al pago irregular de horas extras que no fueron trabajadas en la Intendencia de Artigas. Deberá cumplir 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

En tanto, Dos Santos, fue condenada a seis meses de prisión por usurpación de funciones en la misma intendencia y deberá cumplir la pena de seis meses en régimen de libertad a prueba con el cumplimiento de tareas comunitarias.

A las pocas horas de conocerse los fallos ambos renunciaron al Partido Nacional y fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por parte de la Corte Electoral.

Lo sucedido en Artigas es totalmente condenable y no es más que una muestra de cómo una intendencia puede llegar a ser manejada como un feudo y sin mayor pudor por parte de una familia o un grupo de personas de un mismo sector político.

Lo hecho por Caram y Dos Santos no tiene atenuantes y debe ser visto como un ejemplo del más puro clientelismo político. Ven la cosa pública como si no fuera pública. Es más, tienen asumido que la intendencia les pertenece.

Luego de conocerse la sentencia, Caram llegó a afirmar muy suelto de cuerpo que fue “manchado en su honor”. Alguien debería decirle al hoy exintendente que el que sí quedó manchado fue el honor de su partido, que lo acogió bajo su bandera para que se postulara como jefe comunal y cumpliera su función con probidad.

Es más, la dirigencia del Partido Nacional no debería haber aceptado las renuncias de estos dirigentes. Los debería haber enviado a su comité de ética, para entonces si expulsarlos. Y ni que hablar que las autoridades partidarias deben impedir que Dos Santos se presente bajo el lema Partido Nacional como candidata a la Intendencia de Artigas, tal como ha trascendido que aspira proponer su agrupación.

Pero en función de lo que ha sucedido en el país en las últimas décadas, solo queda claro que no hay ningún partido que esté libre del flagelo de la corrupción, ya que en mayor o menor grado todas las colectividades han debido enfrentar este problema en sus propias filas.

Cuando era dirigente del Frente Amplio, el luego vicepresidente de la República, Raúl Sendic, solía proclamar a los cuatro vientos y a quien lo quisiera escuchar la siguiente frase: “Si es de izquierda no es corrupto. Y si es corrupto no es de izquierda”.

Pero todos sabemos que el tiempo no le dio la razón. Los casos de corrupción en los 15 años que la izquierda tuvo a su cargo el gobierno del país no fueron una excepción; todo lo contrario: como en todas las administraciones los hubo a los más diversos niveles, e incluso llegaron a provocar su propia dimisión como vicepresidente del segundo gobierno que encabezaba Tabaré Vázquez.

Más cerca en el tiempo y al comienzo de este gobierno, el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso (Partido Colorado) debió renunciar a su cargo en medio de denuncias de numerosas irregularidades relacionadas con asignaciones directas de publicidad y otras compras públicas sin licitación.

También vivió una situación de estas características la exministra de Vivienda, Irene Moreira (Cabildo Abierto), quien en mayo de 2023 dejó su cargo al frente de la cartera luego de que saliera a la luz pública que adjudicó directamente y sin licitación una vivienda a una militante de su partido. Un hecho menor puede decirse, pero innegablemente no ajustado a derecho.

El asunto es que la corrupción –en todas las modalidades que se puedan concebir– es un fenómeno mundial y no hay partido que escape a ella. Causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y aleja a los inversores, que muchas veces deben pagar fuertes sumas para llevar adelante sus proyectos.

También tiene sus efectos sobre los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público.

Pero lo peor es que el surgimiento de casos de corrupción menoscaba la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y en las instituciones.

En definitiva, la experiencia demuestra que la corrupción no es de izquierda ni de derecha, sino, lamentablemente, inherente a los seres humanos. Por eso ningún partido puede hacerse el distraído.

En definitiva, es un flagelo que debe ser combatido con todas las herramientas que el sistema democrático pone al alcance los individuos y de las instituciones. Y si es necesario además, aplicar otra máxima que proclamaba Tabaré Vázquez: “Podrá meter la pata, pero no la mano en la lata”. Y completaba: “Y si se la mete, se la cortamos”.