En el Frente Amplio (FA) parece haber dirigentes que tienen serias dificultades para aceptar el veredicto que emana de los referéndums, los que, curiosamente, en su inmensa mayoría han sido convocados por la propia izquierda o por sus organizaciones afines, como es el caso del Pit-Cnt.

Por estos días, la diputada del Frente Amplio, Lucía Etcheverry, consideró que cambiar la Ley de Urgente Consideración (LUC) no va en contra de la “voluntad popular”, porque, si gana el FA las elecciones nacionales, la misma ciudadanía “con su voto, valida y legitima las propuestas”.

“Más allá de los candidatos, el programa único del FA es lo que se pone a consideración de la ciudadanía en las elecciones, por lo tanto, es la voluntad popular la que con su voto valida y legitima las propuestas. La misma voluntad popular que con la LUC”, expresó la legisladora según La Diaria.

En línea con Etcheverry, su colega diputada Cristina Lustemberg ha señalado que también se debería revisar el nuevo régimen de adopciones; y su compañero de bancada, Eduardo Antonini, ha reclamado modificar el límite establecido por la norma para las transacciones financieras en efectivo.

Antonini apuntó que en este período de gobierno “no ha habido investigaciones ni procedimientos” por lavado de activos, lo cual, a su entender, “es una de las cosas a revisar” de la LUC.

También se sumó a estas propuestas revisionistas el precandidato presidencial del Movimiento de Participación Popular, Yamandú Orsi. El exintendente canario dijo que hará “lo que haya que hacer” para que los docentes vuelvan a ser parte de los órganos educativos, una alternativa que fue eliminada por la LUC. Asimismo, criticó la transformación educativa que implementó la actual administración y aseguró que debe ser revisada.

En respuesta, a través de la red X, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, escribió que “antes que nada” quiere “respetar la voluntad de los ciudadanos, que fueron convocados por el FA a votar contra la LUC y se pronunciaron a favor. Si el FA hubiera ganado, hoy estarían diciendo que hay que respetar la voluntad del pueblo. Como perdieron, hacen como que no pasó”.

Lo cierto es que, cuando se puso el tema a consideración de la ciudadanía, la opción por hacer lugar al recurso de referéndum obtuvo el 48,7% de los votos válidos, por debajo de la mayoría absoluta requerida. Por lo tanto, los 135 artículos impugnados de la LUC mantuvieron su vigencia.

No puede olvidarse además, que la campaña previa a la consulta estuvo signada por una serie de verdades a medias y predicciones catastróficas de parte de los detractores de la LUC, la inmensa mayoría de las cuales nunca llegaron a comprobarse una vez que entró a regir el paquete de leyes.

Es paradójico además que quienes han hablado de modificar la LUC son los mismos que han puesto el grito en el cielo, por ejemplo, cuando el gobierno habla de hacer ajustes a la ley de género.

Más lejos en el tiempo, y ya siendo gobierno, el Frente Amplio logró que en 2009 la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y en 2011 la anuló con una norma interpretativa, votada por el Parlamento de mayoría frentista.

En un rincón y olvidados –por no decir pisoteados– quedaron los dos pronunciamientos en los que, a través de sendos referéndums, la ciudadanía había ratificado la vigencia de esta norma cuestionada por el FA y sus aliados.

Ahora parte de la izquierda está embarcada en promover un referéndum contra la ley de reforma de la seguridad social aprobada por este gobierno. Entre otros planteos, la papeleta que seguramente será sometida a votación de la ciudanía en octubre propone prohibir el sistema de ahorro individual con destino jubilatorio, es decir, la eliminación de las AFAP en un plazo máximo de dos años.

Así las cosas, sería bueno saber qué pasará en el futuro si el Frente gana las elecciones nacionales y esta propuesta de revisión de la ley es rechazada por la ciudadanía.

¿Se volverá a desconocer el pronunciamiento popular aunque vaya en contra de lo que piensa parte de la izquierda? 

¿Otra vez habrá dirigentes frentistas que en caso de llegar al gobierno desoirán la voluntad que expresen los uruguayos en las urnas?

Nadie niega que las leyes son pasibles de sufrir modificaciones, pero cuando el pueblo se pronuncia sobre ellas, ese pronunciamiento debería ser inapelable, y lo que es más importante, siempre debe ser respetado por los gobernantes. Guste o no, la ciudadanía es la que siempre tiene la última palabra.