El número de personas privadas de libertad en Uruguay sigue creciendo, ubicando a nuestro país entre los top 10 per cápita, un dato muy preocupante, especialmente agravado por el alto nivel de reincidencia.

Más allá de los números, que importan y mucho, aquí va un aporte desde la experiencia.

Hace más de 10 años visito cárceles como la de Punta Rieles 1. Allí me reúno semanalmente con personas que comparten sus preocupaciones y anhelos de una vida diferente al ser liberadas. Estas charlas no buscan justificar ni juzgar, sino entender los contextos y ofrecer un mensaje de sentido y esperanza.

En el último año, a través de la coordinación del proyecto Liberados de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), he tenido la oportunidad de conocer a actores del sector público, privado y de la sociedad civil, todos ellos movidos por un profundo compromiso con la problemática de la reinserción social.

La articulación de todas estas partes es un desafío crucial, no solo en este tema, sino en muchas otras cuestiones sociales.

Por ese motivo, aplaudo la iniciativa del bono de impacto social (BIS).

El concepto de los BIS fue inicialmente propuesto en 1988 por el economista neozelandés Ronnie Horesh, bajo el nombre de “bonos de política social”. Los mismos son una forma innovadora de financiamiento basada en el pago por resultados.

El primer piloto de BIS en Uruguay se implementa en el ámbito de la educación dual, con el apoyo de organismos estatales, cooperación internacional, entidades privadas y de la sociedad civil. Estos contratos se fundamentan en resultados verificables y medibles, donde inversores privados anticipan los recursos necesarios para que un proveedor de servicios implemente una intervención social.

En este contexto, el foco está en las personas vulnerables, en este caso, dentro del ámbito educativo. El objetivo del primer BIS en Uruguay es mejorar las tasas de finalización de la educación media superior, el empleo y la continuidad educativa a través de la educación dual. Esta implementación es desde Ánima, una organización sin fines de lucro que ofrece bachillerato tecnológico con formación dual para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Para financiar esta iniciativa, se crea un fideicomiso por un monto de US$ 600,000, con un período de implementación de cuatro años. Este proyecto es el resultado de un acuerdo entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que actúa como intermediario del BIS. El diseño del piloto contó con el apoyo del BID, que aportó su experiencia en la región y conocimiento de especialistas internacionales.

La entidad fiduciaria, Conafin Afisa, en colaboración con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), conformó el fideicomiso supervisado por el Banco Central del Uruguay. Los inversores incluyen instituciones como el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Banco Itaú, Banco Santander, ScotiaBank y la Fundación ReachingU. Estos fondos serán reembolsados solo si se alcanzan los objetivos establecidos, que abarcan desde la graduación de los estudiantes hasta su continuidad educativa e inserción laboral, buscando así un impacto integral en sus vidas.

Los organismos co-pagadores, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y BID Lab, están comprometidos a proporcionar los fondos para reembolsar a los inversores una vez que se cumplan las metas preestablecidas.

A nivel global, existen cerca de 300 bonos de este tipo, abordando temas como reincidencia en el delito, desempleo juvenil, personas en situación de calle, vivienda, protección de biodiversidad, entre otros. El primer bono fue emitido en 2010 en el Reino Unido, donde se logró una reducción del 8,39% en la tasa de reincidencia juvenil.

Entendiendo la rehabilitación desde la mirada de Martha Nussbaum, el desarrollo humano no solo implica restablecer la salud física o mental, sino también garantizar que las personas tengan acceso a las oportunidades necesarias para desarrollar sus capacidades fundamentales. La rehabilitación, entonces, debe ser vista como un proceso integral que aborda no solo las limitaciones individuales, sino también las barreras sociales, económicas y políticas que impiden una vida plena.

La experiencia de Uruguay con su primer BIS en educación dual podría marcar el inicio de una nueva era de innovación social en el país y la región. La clave está en la articulación efectiva y la medición de resultados para asegurar un verdadero cambio desde una mirada integral del desarrollo humano.