Junto con las próximas elecciones nacionales del 27 de octubre de 2024 la ciudadanía deberá votar si respalda que se habiliten o no los allanamientos nocturnos.

El camino de la reforma constitucional propone revisar el artículo 11 de la Constitución, que está vigente desde 1830, cuando el país era otro y el narcotráfico no había ingresado en la vida de los uruguayos.

Esta norma establece que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo con orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

La reforma constitucional que se plantea busca extender lo que está habilitado en las horas del día también en la noche, pero con garantías expresas.

Que los allanamientos nocturnos estén habilitados durante el día y no por la noche es lo que provocó que “el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia” tengan una “ventaja” y lleven adelante las actividades delictivas por la noche, explicó el impulsor de la propuesta, el senador blanco Carlos Camy.

 “Yo diría que esta propuesta es doblemente garantista porque se requiere de la intervención expresa de un juez para hacer un allanamiento nocturno, que tendrá que hacerlo en función de lo que la ley determine y la forma en que la ley establezca cómo proceder”, aseguró.

Camy sostuvo que estudió 203 textos constitucionales del mundo y que solo en cuatro no están habilitados los allanamientos nocturnos: Uruguay, Guatemala, Mozambique y Cabo Verde.

La iniciativa de Camy fue respaldada por todos los partidos, menos por el Frente Amplio.

En el Ministerio del Interior se considera que habilitar los allanamientos nocturnos sería una herramienta de mejora notoria porque permitiría a la Policía actuar en cualquier momento cuando hay una investigación en curso. “Tenés que esperar a la madrugada para realizar un allanamiento, dándoles muchas horas de ventaja a los delincuentes, que les da tiempo para eliminar evidencias o posibles pruebas en una instancia judicial”, justificó semanas atrás el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, entrevistado por El País.

La campaña electoral de 2019 estuvo marcada por una consulta popular que iba en paralelo a la elección nacional. Entonces, el hoy fallecido dirigente nacionalista, Jorge Larrañaga, impulsaba una reforma constitucional denominada “Vivir sin miedo”, que proponía crear una guardia militar, promovía la cadena perpetua y habilitaba los allanamientos nocturnos, pero finalmente no alcanzó los votos para quedar firme.

El impulso para incluir en la Constitución esas propuestas no prosperó porque la papeleta del “Sí” necesitaba el 50% de los votos más uno, y alcanzó el 46%.

Pero ahora, aprobar esta iniciativa podría convertirse en una herramienta fundamental para luchar contra el narcotráfico.

Desde filas del Frente Amplio la propuesta no tiene respaldo. La izquierda la rechaza porque considera que el tema está saldado desde que en 2019 la mayoría de la población votó en contra de la reforma impulsada por Larrañaga. “Le falta trabajo a esta propuesta y es una bomba de humo que no va a resolver el problema de fondo”, declaró el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir.

Esta postura no deja de convertirse en paradójica ya que últimamente y a raíz del denominado “caso Marset” la izquierda ha reclamado un mayor accionar del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

Es más, desde esas filas algunos voceros no han dudado en sugerir que hay quienes en el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou tienen lazos con el narcotráfico y que desde esa actividad ilícita se han financiado campañas.

Otros cuestionamientos al cambio en la normativa indican que los allanamientos nocturnos no ofrecen las garantías necesarias para el cuidado del hogar.

Pero lo que no dicen es que las garantías del hogar no la dan el día, la noche o la mañana: las da un juez de la República. Y decir que se está en contra porque faltan garantías es decir que los jueces no dan garantías. La tranquilidad la dará la intervención de un fiscal que se lo pedirá a un juez. Pero habrá que explicarle al juez por qué es en la noche. Y el juez tomará o no la decisión de habilitar el ingreso a una determinada vivienda.

Allanamiento parece ser una mala palabra para la gran mayoría de la izquierda. Pero si una persona no tiene nada que ocultar en su hogar, ¿dónde está el problema del allanamiento?

Es muy fácil negarse a implementar esta herramienta cuando se vive en la burbuja del Palacio Legislativo. El problema es para las personas que viven en los barrios marginales —y algunos no tan marginales—, que son afectados por la actividad de las bocas de pasta base, y lo que es peor, por los enfrentamientos a balazos entre bandas, que más de una vez han cobrado vidas inocentes.

Prohibir los allanamientos nocturnos hace 200 años pudo haber sido válido, pero hoy nada nos dice que eso no deba cambiar. Todo lo contrario: hacerlo es razonable y sensato, aunque a veces se vuelve muy difícil pedirles a los principales dirigentes de la izquierda uruguaya que actúen de esa manera.