Como siempre que se transita un proceso de asunción de un nuevo gobierno, el recambio conduce a que se critique lo ya hecho y también lo que se propone realizar en el futuro, como sucede siempre en la política, donde hay (por suerte) diferentes opiniones sobre lo que se debe y es posible realizar. Pero en un país tan politizado como Uruguay, y cuando el sistema político —tanto líderes como militantes— están cansados luego de un largo ciclo electoral que aún no finalizó, los ánimos están particularmente sensibles.

Justo en este momento resurgen temas que requieren un análisis más allá de lo político partidario. Pero lo cierto es que es muy difícil hablar de ellos en Uruguay sin que se politicen todos los juicios, y eso lleva a que muchos prefieran evitar analizar problemas que deben ser estudiados desde todos los ángulos posibles. La gestión de las políticas públicas es uno de ellos. Es esencial, porque de su buena gestión depende que los gobiernos puedan cumplir su objetivo de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de toda la población.

Todos los sistemas son perfectibles y deben ser mejorados continuamente, porque la vida de la sociedad es compleja y muy dinámica, y muchas cosas se mejoran en base a ensayo y error, gracias al aprendizaje y a “los golpes”. Se aprende de los errores o solo se detectan los agujeros que hay en las gestiones y en las legislaciones cuando surgen instancias que muestran los flancos no cubiertos o los errores del sistema.

En particular, hace mucho tiempo que se vienen reclamando ajustes en la legislación que regula a las intendencias, desde las formas de acceso de nuevos funcionarios hasta, en los últimos tiempos, la distribución de las bancas legislativas. En el medio, también hay muchos cuestionamientos sobre las atribuciones de los intendentes y el funcionamiento de los municipios o las alcaldías.

Los gobiernos departamentales han sido lentos en adoptar cambios. Un ejemplo es la creación de los municipios, un tema muy debatido incluso hoy, aunque a esta altura parece que ya son una realidad que llegó para quedarse. Los terceros niveles de gobierno son una forma de gestión muy extendida, que en las sociedades complejas de hoy permiten una gobernanza más cercana y un abordaje de los problemas locales más eficiente.

También han sido lentos en modernizar su gestión, por ejemplo, la forma de contratar funcionarios. Enfrentan realidades duras, ya que, debido al recambio productivo y la desaparición de industrias locales, la oferta de empleo ha descendido en todo el interior del país. En muchas localidades o ciudades del interior, las intendencias y los municipios son la principal fuente de empleo, luego de otros empleos públicos (policía, salud y enseñanza).

Y, además, las intendencias tienen una larga tradición que los votantes conocen (y algunos apoyan) de que los empleos públicos son un premio para “los amigos”, “los correligionarios”.

El gobierno nacional hace décadas que está ajustando los mecanismos de contratación, para que sean más justos, y se elija a los mejores para cada cargo. No quiere decir que en el gobierno nacional se haya eliminado por completo el “amiguismo”, pero los procesos de control evitan que sea fácil nombrar a cualquiera para cualquier puesto. Sería hora de que estos ajustes se extiendan a todos los niveles de gobierno.

A esto se suma el problema del manejo discrecional de las compras, los gastos y los trámites. En parte, es otra muestra de que “los amigos” tienen acceso preferencial a la intendencia. Esto se debe a que la burocracia es lenta, y evitar los canales oficiales permite acelerar los procesos y resulta más eficaz. Pero el camino no debería ser evitar los mecanismos de control sino mejorarlos, optimizar los tiempos, y agilizar los trámites, sin perder la capacidad de evaluar las decisiones que se toman.

Las intendencias en Uruguay se deben una transformación. Las discusiones sobre qué se debe cambiar, y cómo, se deberían dar sin que los argumentos se tiñan de colores políticos. Porque lograr que las intendencias se gestionen mejor tiene impacto directo en la vida cotidiana y ciudadana de la gente.

Muchos actores dicen que es cierto que hay que hacer reformas, pero que no se puede discutir en medio de una campaña. El problema es que nunca parece llegar el momento de discutir este tema, y cuando se ha intentado legislar en ese sentido, los votos a favor no alcanzaron. Si se vuelve a postergar la discusión, se corre el riesgo de que recién se retome cuando llegue el próximo ciclo electoral. ¿Volveremos a tirar la pelota para delante?