El Presidente de la República, en acuerdo con el Ministro de Defensa, decidió poner al tanto a fines de febrero a los dirigentes de todos los partidos, a la Suprema Corte de Justicia, a los Comandantes en Jefe de las tres armas, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y al Ministro del Interior. Esa información, si bien no incluía todo el texto de la declaración, transcribía la parte resolutiva de la misma.
Un par de semanas después, el Semanario Búsqueda publicó el mensaje completo de esta supuesta organización e informó que se trataba de una filmación en la que tres personas encapuchadas leían la mencionada declaración en el marco de una escena que, a estar por el semanario Búsqueda, incluía las banderas de Artigas y de los Treinta y Tres, además de un sable.
A partir de ese momento todos nos enteramos de que la declaración abarcaba un conjunto de valoraciones críticas sobre la actuación del Poder Judicial y sobre el funcionamiento de nuestro sistema democrático.
Hasta ahora, el único que ha reconocido haber visto el video es el Presidente de la República. Sin embargo, se ha sostenido que el hecho de que lo haya visto no significa que lo tenga en su poder.
Lo cierto es que la versión audiovisual del mensaje no ha sido de acceso público, ni siquiera ha sido distribuida entre los legisladores y, aun cuando se nos envió una nota con la parte resolutiva del mensaje a los presidentes de los partidos, tampoco se nos hizo conocer el documento completo.
Pues bien, independientemente, del acceso a la versión audiovisual de la proclama todos sabemos y rechazamos con contundencia su contenido. Por otra parte, no parece que nuestro país esté en una situación tal que un tipo de amenaza como la emitida tenga sustento o viabilidad.
De todos modos, es imprescindible que esta situación se aclare y que los responsables sean identificados y responsabilizados por estas acciones.
Es por eso que, con independencia de que el gobierno muestre la versión audiovisual de la proclama, lo que realmente importa es que todos los ciudadanos tengamos cabal conocimiento de por qué y quiénes actuaron de esta manera y, además, tengamos la certeza de que los que actuaron de tal modo recibirán su correspondiente sanción. Con total independencia de quienes sean los que decidieron romper de ese modo con las reglas de juego de nuestro sistema democrático.
En tal sentido, el gobierno tiene una responsabilidad ineludible y flaco favor se hace a sí mismo si no aclara este asunto en todos sus términos. Los procesos de deterioro institucional nunca se producen repentinamente, sino que se van generando cuando ante acciones pequeñas o incipientes no se reacciona con la velocidad y contundencia que corresponde.
Por eso, en lo que no hay que equivocarse es en el apoyo incondicional al régimen democrático y en brindar todo el respaldo al gobierno para que este aclare rápida y definitivamente esta situación.
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