Tocado

 Con la economía uruguaya creciendo al filo de la nada y la necesidad de cumplir con las promesas electorales de consagrar nuevos derechos, quedaron de manifiesto algunas tensiones con las que el Frente Amplio no convive fácilmente.

La primera es que, por mucho que podamos estar de acuerdo en la consagración formal de nuevos derechos sociales (como el cuidado para personas que no son auto válidas) eso no hace aparecer el dinero necesario para financiarlo.

El descubrimiento no es nuevo pero algunas almas cándidas y caritativas, insufladas por el crecimiento espectacular de la economía capitalista y globalizada, no parecían caer en la cuenta. El prometido "blindaje" al "buque insignia" se pareció más bien al juego de la batalla naval: en las primeras de cambio quedó tocado.

La segunda es más dura de asimilar. Puestos a elegir entre otorgar partidas a un grupo innominado y sin voz de personas carenciadas o a quienes poseen una fuerte maquinaria sindical (ANEP, UDELAR, PIT-CNT en general) la decisión de la bancada frenteamplista se inclinó por los segundos. No es para poner el grito en el cielo ni para rasgarse las vestiduras (cosas iguales o peores han hecho esta y otras mayorías parlamentarias) pero debería al menos llamar a la humildad al oficialismo.

Las organizaciones sociales vinculadas al novedoso sistema reaccionaron con preocupación, acaso motivadas por un genuino interés en rescatar el sentido de justicia que debería primar en una fuerza progresista, pero enfrentándose al fenómeno de "la sábana corta" (si tapamos la cabeza destapamos los pies) con el que han debido lidiar los políticos de todas las épocas.

La idea de que todo lo bueno y justo era financiable llegó a su fin, lo que significa apenas un retorno a la realidad, luego de una década de crecimiento extraordinario de la economía mundial y los precios de los commodities.

"Los derechos no se cortan", reclaman las organizaciones que integran la Red Pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que consideran al sistema como "un notable avance" para la protección social del país y se lamentan que la falta de recursos dejará a "las poblaciones vulnerables por su dependencia, exclusivamente en manos de las familias, especialmente de las mujeres". La lista de trabajadores pobres abandonados a su suerte por el proyecto de ley presupuestal podría incluir otros actores igualmente invisibles, como los soldados que cobran un salario de once mil pesos, y que ni siquiera cuentan con una red de organizaciones que reclame por ellos.

La mayoría de la bancada oficialista en Diputados optó por beneficiar a quienes ya se había beneficiado en los últimos diez años, sectores de ingresos relativamente bajos que no son los más vulnerables ni postergados sino los relativamente más poderosos. ¿Es esto equidad y justicia social, perpetuación de los poderes fácticos o simple realismo político? Quienes le hicieron creer a los miembros de la Red Pro SNIC que alcanzaba con buenas leyes y sentimientos de justicia para consagrar derechos sociales deberían darles una explicación. Mientras tanto, démosles la bienvenida al mundo real.