Los principales dirigentes del PIT-CNT no ocultan que su lucha es de carácter ideológico y que tiene como objetivo defender la soberanía nacional (las empresas públicas monopólicas) y los puestos de trabajo. Ante semejante tremendismo, vale la pena reflexionar una vez más sobre la máxima artiguista que se refería a no vender el rico patrimonio de los orientales "al bajo precio de la necesidad".
Parece del todo claro que el jefe de los orientales comprendía, hace más de doscientos años, que el problema principal que enfrentaba quien quería defender la riqueza y la soberanía era la necesidad, porque está hace bajar las pretensiones que se tenga sobre el precio del patrimonio.
Siguiendo con el razonamiento de Artigas, deberíamos concluir que la disponibilidad creciente de riqueza y su razonable distribución (esto es, la ausencia o mitigación del estado de necesidad) favorece el aumento del precio de nuestro trabajo y patrimonio. Estamos ante una constatación extraordinariamente sofisticada, al menos para su entorno, que debería hacernos abrir los ojos frente a su utilización perversa o interesada.
Los actores sociales que estén preocupados de verdad por la soberanía nacional, deberían promover políticas y prácticas empresariales que favorezcan la disponibilidad de riquezas. El aumento del comercio, las inversiones, la integración a cadenas productivas virtuosas, la capacitación y el conocimiento, operan, por lo general, en ese sentido. Oponerse a que Uruguay negocie con una cincuentena de países que reúnen el 75 por ciento del intercambio mundial en materia de servicios (entre los que se encuentra Estados Unidos, nuestro primer comprador e inversor) es una decisión que atenta contra nuestro patrimonio porque dificulta la generación de riqueza y puestos de trabajo, por mucho que se vocifere lo contrario. Dicho de otro modo, se expone al país a los riesgos que derivan de la necesidad, y que Artigas señalaba con total lucidez: la pérdida del valor de nuestro patrimonio y la consiguiente pérdida de soberanía.
El PIT-CNT no se dice una palabra sobre lo que pasaría, por ejemplo con los diez mil trabajadores que emplea solamente las empresas vinculadas a las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) si el gobierno cede ante la presión sindical y Uruguay queda afuera de un eventual acuerdo. En realidad, no debería llamar la atención si se tiene en cuenta que la central sindical está en manos de gremios tales como los metalúrgicos, la construcción y los empleados públicos.
Lo que resulta exasperante a esta altura de los acontecimientos es que la central sindical pretenda oponerse al desarrollo de la economía basada en el comercio de servicios (que ha permitido salir de la pobreza a millones de personas en todo el mundo), pretextando que se defienden intereses superiores, cuando lo que intentan en realidad es perpetuar su parcela del negocio y su cuota de poder.
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