Los vaivenes del Frente Amplio con respecto a la investigadora pedida por el Partido Nacional para investigar la gestión de Ancap no parecen responder a ninguna lógica o consejo, y mucho menos a los de Maquiavelo.
En el caso de la empresa petrolera, parece claro que el oficialismo no puede exhibir nada parecido al éxito, por lo que debió concentrarse en aparentar que le preocupa la transparencia y el respeto a las reglas de juego de la democracia.
No queda claro cuál habría sido el beneficio que la bancada frentista pretendió sacar de las chicanas que interpuso en el Senado hasta el último momento. Eludir una investigación que permitirá determinar, de manera seria y objetiva, cómo se llegó a semejante déficit y pérdida de patrimonio, no hace más que alentar la sospecha que, finalmente, había algo que esconder.
Primero se pretendió cuestionar la pertinencia de crear la investigadora; luego se aceptó la iniciativa pero llevándola al año 2000, más tarde se agravió a la oposición (y a la democracia) por parte de la senadora Topolansky diciendo que se había aceptado para que los nacionalistas "se dejaran de joder", y finalmente se intentó crear una comisión legislativa, para terminar aprobando una moción que fuerza la lógica del Art. 6 de la ley 16.698, que exige la presunción de que existen "irregularidades e ilicitudes" debidamente fundamentadas para crear una comisión investigadora.
A esta conducta pendular habría que agregarle una dimensión democrática, sobre la que no suele repararse. El Frente Amplio ganó legítimamente el derecho a tener mayoría en ambas cámaras. Esto le permite legislar y aun impedir que se lo controle. "Las minorías no cuentan sino cuando las mayorías no tienen donde apoyarse", decía Maquiavelo. Castigada por la ciudadanía en las urnas, la oposición encontró en el ente petrolero un buen punto de apoyo.
La comisión permitirá al Partido Nacional ventilar cifras, datos y contratos; podrá incluso beneficiarse en el terreno político de tales prácticas. Amparada en la misma legitimidad de origen (los comicios) no haría más que balancear la enorme cuota de poder de la que goza el oficialismo. Es que la mitad más uno se parece mucho, cuantitativamente hablando, a la mitad menos uno.
En circunstancias como estas, en las que la mayoría puede operar como una barrera a toda forma de contralor o denuncia, la diferencia se vuelve cualitativa y mayúscula. Cuando esto ocurre, la democracia es vulnerada en su legitimidad de ejercicio, una frontera que en nuestro país suele respetarse pero cada vez con más reparos.
El oficialismo prefirió presentar en el Senado una moción que traicionaba el compromiso asumido, para dejarlo de lado nueve horas más tarde y votar la creación de la comisión.
En cambio, si desde el principio se hubiera mostrado medianamente receptivo y abierto al escrutinio de la minoría, habría salvado el examen de la cristalinidad. O al menos, de su apariencia.
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