En efecto, ya se han restituido los Juzgados de Faltas, lamentablemente eliminados hace unos cuantos años, y ahora con la actualización de la legislación, se puede esperar que comience una nueva etapa en la afirmación de ciertos principios y normas básicas de la convivencia social.
El nuevo Código de Faltas incluye la sanción a conductas tales como: arrojar basura, incendiar contenedores, conducir alcoholizado o bajo los efectos de sustancias, satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, participar en disturbios en eventos o espectáculos públicos o revender entradas para espectáculos públicos.
Se trata de un elenco actualizado y referido a las nuevas épocas de nuestra vida en sociedad.
Es muy positivo que nuestro país retome el camino de exigir a los ciudadanos ciertos límites en sus conductas en el marco de la vida pública en sociedad.
Un proceso de recuperación de la seguridad perdida requiere que el Estado señale con claridad que está dispuesto a marcar límites en las conductas de aquellos ciudadanos que afecten la convivencia social o deterioren el clima que debe reinar en la vida cotidiana.
Obviamente, el éxito de esta decisión depende de que se le de un efectivo cumplimiento a través de las dos instituciones encargadas de hacer cumplir las normas, la institución policial y el Poder Judicial. La normativa estará vigente en poco tiempo y sustituirá al viejo texto desactualizado, a partir de ese momento será imprescindible que se haga cumplir lo establecido en las normas y que los infractores sean sancionados con las penas que el nuevo Código establece, es decir la realización de horas de trabajo comunitario.
Sin embargo, esta noticia positiva queda empañada con la novedad de que las unidades de transporte colectivo han decidido no ingresar más a ciertas zonas de Malvín Norte debido a la continuidad de rapiñas y agresiones que estas unidades de transporte sufren en la referida zona.
La señal es pésima; indica un avance más de la disputa territorial que se ha venido gestando entre el mundo del delito y la capacidad de coacción y represión del Estado.
Ya se ha dicho que existen algunos barrios de la capital y zona metropolitana en los que existen ciertas familias o asociaciones mafiosas que pugnan por establecer un poder paralelo y alternativo al del Estado, sobre la base del delito organizado, mediante el amedrentamiento a los vecinos o, incluso, ofreciendo bienes o servicios propios.
Todavía no se puede afirmar que en Uruguay se hayan consolidado territorios ajenos al control del Estado, pero hay indicios cada vez más serios que indican la existencia de organizaciones que avanzan en esa dirección.
El desafío a la autoridad está planteado y esta decisión de las empresas de transporte produce una nueva señal en la misma dirección. De ocurrir un fenómeno de este tipo, estaríamos asistiendo a un nuevo tipo de privatización: la privatización de territorios o feudalización en manos de la delincuencia.
Es inaceptable que este proceso avance sin que podamos evitarlo; pero además es inentendible que en un país de las dimensiones de Uruguay, puedan ocurrir estas cosas. Es curioso que se establezcan grupos de poder con capacidad de desafío a la autoridad en un país con bajísima tasa de crecimiento demográfico, cada vez más envejecido, en el que además no existen accidentes geográficos que permitan constituir enclaves territoriales y en donde, además, solo hay una ciudad de tamaño más o menos importante.
Para cualquier policía del mundo sería inentendible que en nuestro país se instalen situaciones de poder mafioso con capacidad de control territorial
El problema es que la institución policial ha sufrido un significativo proceso de deterioro en las últimas décadas y su capacidad de acción y eficacia se ha reducido sustancialmente. Por otra parte, además, a este panorama se agrega la existencia de cuestionamientos cada vez más públicos que se expresan desde adentro de la institución policial hacia la conducción política del Ministerio del Interior. Se perciben resistencias fuertes a los cambios que se pretenden instrumentar, lo que afecta aun más la capacidad operativa de la policía. Estas señales son muy graves y, en muchos casos, tienen ciertos tintes corporativistas que no anuncian nada bueno.
Así las cosas, nuestra preocupación sobre el futuro de la seguridad aumenta en la medida que aunque se tomen decisiones positivas como la aprobación de un nuevo Código de Faltas, si no existe un actor institucional profesional que actúe con unidad estratégica, convicción, recursos suficientes y decisión firme, es probable que los desafíos planteados por estas nuevas organizaciones delictivas no puedan ser respondidos con la eficacia y contundencia que se necesita.
En estos temas debería existir un esfuerzo para construir consensos políticos que ayuden a confirmar una estrategia de recuperación de la seguridad pública. Estamos perdiendo mucho tiempo.
No es admisible que una sociedad con las características estructurales de la nuestra no sea capaz de ofrecer seguridad a sus habitantes.