A un ritmo de vértigo, los senadores aprobaron el texto revisado por los diputados, y se concretó la nueva ley para administrar el riego en el país. Se crea un mercado del riego, con dos nuevos actores empresariales, las Sociedades Agrarias de Riego y los Operadores de Sistemas de Riego, y que potencialmente cubre todas las cuencas en todo el territorio nacional.

Ante un cambio de esta enorme magnitud, son indispensables salvaguardas para proteger los cursos de agua en forma concreta y efectiva. El temor radica en que, pongamos por caso, aquellos que están aguas arriba pueden acapararla, dejándola sin ella a los que están más abajo en una cuenca, y obligándoles a comprar el agua. Dicho de otra manera, puede haber una disputa donde unos se quieren apoderar del agua para lucrar con su venta como riego. Una de las consecuencias de ese tipo de batallas empresariales es que tramos de un arroyo o río puedan quedar sin agua.

Cuando las acciones humanas desembocan en que un río o un arroyo hay tramos sin agua, o cuando está apenas atrapada en unos piletones desconectados unos de otros, estamos ante impactos ambientales sustantivos. Esto tiene efectos muy nocivos sobre la fauna y flora acuática, así como en los ambientes de las riberas, tales como montes en galería o bañados. Impactos de ese tipo no se revierten fácilmente. De alguna manera podría decirse que el río es un como un organismo vivo que no puede sostenerse sin el agua.

Frente a esta situación es necesario asegurar un caudal mínimo que esté siempre presente, para evitar que el curso de agua muera. Son las condiciones indispensables para que se mantenga la fauna y flora acuática, y en los márgenes.

Entonces cualquier ley en esta materia debería dejar muy en claro el marco de esos caudales ecológicos mínimos, señalando los criterios ambientales, las vías para determinar umbrales clave, quiénes y cómo controlarán, las sanciones para quienes los violen, etc.

En la ley que se acaba de aprobar se ha hecho casi todo a la inversa. Primero se aseguran los fines empresariales y el marco para los inversores, y se deja para una futura reglamentación lo que sucederá con el agua. O sea que el elemento más importante para una ley de este tipo no está adecuadamente atendido, y se patea esa pelota para un incierto futuro en manos de autoridades como el Ministerio de Ganadería, quien es precisamente uno de los principales responsables de todos los problemas con el agua en el país. No olvidamos que el MGAP defendió esta ley diciendo que “hay mucha agua” en el país.

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Esquema de un curso de agua distinguiendo entre el caudal ecológico como indispensable para mantener sus comunidades de vida, y por encima de éste, los posibles usos humanos. El caudal total a su vez oscila (por ejemplo entre el verano y el inverno).

 
 Esta insistencia en crear un mercado de riego comenzó en al gobierno anterior, y se expresa en la “Estrategia de fomento del desarrollo de la agricultura regada en Uruguay”, que el MGAP terminó de elaborar en 2014 con apoyo del Banco Mundial. Todo está muy claro: el primer punto de la estrategia es crear un “marco legal propicio a las inversiones públicas y privadas”, y en ese objetivo hay medidas como revisar la vieja ley de riego. Eso es lo que han hecho.

Otra cuestión ambiental de enorme relevancia que la ley tampoco aborda adecuadamente es poder contar con evaluaciones de los pequeños y medianos impactos que se acumulan en una cuenca hidrográfica. Es que pueden ocurrir una sucesión de aprobaciones de pequeños represamientos, donde cada uno por separado tal vez cumpla con las exigencias ambientales, pero que al sumarse unos con otros tienen efectos sustantivos en el conjunto de la cuenca. Es la clásica situación de represitas, tajamares y canalizaciones en bañados, cañadas y arroyos, que a su vez nutren un río, que deberían ser también abordados en todo su conjunto.

El instrumento en ese caso son las evaluaciones ambientales que no están enfocadas en las obras específicas sino que tiene una mirada amplia sobre el territorio. Pues bien, ese tipo de instrumentos los anuló a nivel nacional el gobierno Vázquez. No hay mandato legal a escala nacional para aplicarlos.

Podrán decir que todo esto es una exageración, y que seguramente esos problemas no se concretarán. Sin embargo basta ver nuestra realidad de los últimos tiempos para comprender esta alarma.

Pocos días atrás, el manejo de las compuertas en la represa de Palmar dejó sin agua al Río Negro, lo que muestra que ni ese ente estatal, ni sus jerarcas, ni tampoco sus ingenieros, saben mucho de los caudales ecológicos y dejaron agonizando al río. Es un ejemplo clarísimo de incumplimiento de asegurar un caudal ecológico mínimo.

Entretanto, en el departamento de Rocha tenemos todo tipo de ejemplos de las consecuencias de los efectos sumados en las cuencas que ha desembocado en un caos hídrico. Lo que a su vez obliga a obras que a su vez generan otros impactos mayores, como el Canal Andreoni.

Estos y otros ejemplos muestran a un Estado, y en especial al MGAP, sin adecuadas capacidades para una fiscalización efectiva de la contaminación de aguas por usos de agroquímicos y prácticas agropecuarias. El resultado es la continuada contaminación de varios grandes cursos de agua.

Entonces, si el Estado no puede asegurarnos la calidad ambiental del agua en el medio rural, ¿podrá controlar centenas de represitas dispersas en todo el territorio? ¿pondrá un policía al pie de cada represita en el verano para evitar matar al curso de agua?  Y la duda se eleva todavía más cuando pensamos que esas represitas estarán en manos de todo un entramado empresarial.

La nueva ley es parte de una política que aborda el cuidado de ríos y arroyos al revés, comenzando por usos comerciales antes de asegurar una adecuada protección de nuestros recursos hídricos.

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Más informaciones

Meses atrás adelanté algunas de estas preocupaciones en “Riesgos ambientales en la reforma de la ley de riego”, en esta misma columna (Montevideo Portal, julio) - http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_302894_1.html

Estrategia de fomento del desarrollo de la agricultura regada en Uruguay, Resumen Ejecutivo, MGAP con el apoyo del Banco Mundial, enero 2015.