Así lo refleja su tristemente célebre frase señalando que, en ciertas ocasiones, la política tiene que estar por encima del derecho, para justificar su decisión de permitir el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, violando las normas que regían al bloque regional.
Pues bien, el caso Venegas vuelve a poner en evidencia la falta de reflejos institucionales en el ejercicio de este gobierno.
Parece evidente que ni el Partido Comunista ni el Frente Amplio fueron concientes de la situación de inhabilitación que pendía sobre el Dr. Venegas a la hora de incluirlo en las listas para las elecciones de 2009. Es más, se ha referido en los últimos días a otro caso similar ocurrido hace ya muchos años, y quizás haya otros que no fueron detectados o que no se han registrado.
Por lo tanto, la cuestión no es referida a la existencia de conductas de mala fe o a la intención de trampear la normativa vigente. Incluso se puede señalar que la normativa vigente quizás sea demasiado exigente para otorgar las calidades de ejercicio de la ciudadanía en Ministros y Senadores.
El tema no es ese. El tema es que una vez que se ha constatado con total nitidez la existencia de una situación irregular que viola la Constitución, el reflejo inmediato de cualquier gobierno apegado al Estado de Derecho debió ser su inmediata sustitución.
Es insostenible que el gobierno pretenda esperar un fallo de la Corte Electoral para constatar que la situación de uno de sus ministros es inconstitucional. Ya no existen dudas sobre la inhabilitación de Venegas, basta leer la Constitución o escuchar la opinión unánime de todos los especialistas en Derecho Público.
Por supuesto que la Corte Electoral, ante la denuncia presentada por los senadores de PROBA, debe realizar un procedimiento de análisis sobre la situación del ministro y dicho procedimiento debe contar con todas las garantías del debido proceso. Tales circunstancias obligan a un itinerario que demora cierto tiempo, entre otras cosas porque debe darse la posibilidad de respuesta a los denunciados, por lo que el fallo de la Corte demorará unas semanas más.
Pero nadie tiene la menor duda de cual será el resultado porque los datos sobre la fecha en que el Dr. Venegas solicitó la ciudadanía legal es conocida públicamente y los plazos establecidos por la Constitución también son precisos y ciertos.
Por lo tanto, la Presidencia de la República que además tiene su propio asesoramiento jurídico como para constatar la situación de manera sencilla y breve, debería haber evitado el bochorno de mantener a un ministro, continuando con una situación violatoria de la Constitución, ahora de manera conciente y visible.
Por si quedara alguna duda sobre la grave omisión de la Presidencia, el propio Dr. Venegas presentó su renuncia al Presidente de la República la semana pasada, facilitando de ese modo una rápida y consensual salida institucional. La respuesta presidencial es un grave error, al preferir esperar el fallo de la Corte Electoral.
Por otra parte, el fallo de la Corte Electoral no referirá directamente a la idoneidad jurídica de Venegas para ocupar su cargo de ministro, sino que establecerá si cumple con las calidades requeridas para ocupar el cargo electivo por el que fue proclamado.
El respeto a la institucionalidad obligaba al Poder Ejecutivo a sustituir al Ministro inhabilitado apenas se constató su situación. La omisión en hacer efectiva esta decisión supone mantener, ahora a sabiendas, una situación irregular desde el punto de vista jurídico.
Sorprende, por otra parte, que el gobierno haya salido a aclarar que se acatará el fallo de la Corte Electoral, como si hubiera margen para otra postura en tal circunstancia.
Cada día que pasa la situación institucional del Ministerio de Salud Pública se hace más y más insostenible y, por lo tanto, también se afecta la credibilidad institucional del gobierno.
El Presidente debería cerrar este triste capítulo cuanto antes, sustituyendo al Ministro inhabilitado antes de que la Corte Electoral se lo haga saber expresamente. Así debería actuar un gobierno con sensibilidad institucional.