El resultado debilita la posición de quien lo pide y suele ser frustrante para las partes, en especial si de verdad se busca una solución razonable al conflicto. Como se sabía, los asambleístas de Gualeguaychú no se caracterizan precisamente por su racionalidad ni mucho menos por sus habilidades negociadoras. Quizás por eso volvieron a pedir que se desmantele y relocalice la planta de UPM. La idea no sólo es disparatada. Se trata, en el fondo, de una majadería.
Los movilizados y sus "gobernantes" olvidan que fueron ellos quienes más ayudaron a consolidar la legitimidad jurídica de la planta, al promover y exigir al gobierno argentino que apelara al contencioso de La Haya. El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, y sus iracundos manifestantes, deberían preguntarse por qué Uruguay habría de desmantelar una planta cuya instalación fue avalada por la Corte Internacional de Justicia.
Fogoneados por la manipulación de las cifras hecha por el canciller Héctor Timmerman la semana pasada, los asambleístas y su intendente pretendieron ingresar en un país extranjero, airadamente y en caravana, un hecho hostil y francamente inaceptable. Como era de suponer, tal extremo fue impedido por las autoridades uruguayas, cuya población convive en paz con la producción de pasta de celulosa, se baña sin contratiempos en la playa Ubici (a unos cientos de metros de la planta) y confía, por encima de partidos e ideologías, en el sentido de la ética y la responsabilidad de sus representantes.
Más allá de que se pida lo que no se va a conceder, la única chance de que la planta sea "relocalizada" es que el gobierno argentino le demostrarle a la Corte que la producción industrial de UPM resulta contaminante, esto es, que las variables medidas por su encargo están por encima de los máximos tolerables. Sin embargo, las cifras de las que disponen las partes y que avalan los científicos independientes indican lo contrario.
Pero una cosa es el discurso de cabotaje, que permite jugar con los datos para engañar ciudadanos susceptibles y levantizcos, y otra concurrir ante los jueces de una corte internacional con un power point trucho y toda la evidencia científica en contra. Puede suponerse que Timmerman conoce la diferencia y que, por lo mismo, no querrá exponer a su gobierno a una tercera derrota en La Haya. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de la cancillerìa argentina?
Es probable que intente dirimir el diferendo en el vecindario, donde su peso relativo, sumado a los heterodoxos métodos kirchneristas (cortes de ruta, desplantes a nuestras autoridades, declaraciones altisonantes, presiones sobre inversionistas y socios del Mercosur, etcl) pueden dejar a Uruguay, una vez más, en una situación vulnerable.
En ese escenario, quizás sea el gobierno uruguayo quien termine recurriendo una vez más a los tribunales regionales o a la propia Corte Internacional de Justicia para hacer valer sus derechos soberanos.
Gerardo Sotelo