Qué exabrupto: duplicar y triplicar penas

Es muy fácil entonces caer en la tentación de ofrecer a la tribuna soluciones mágicas o golpes de efecto que podrían potenciar la imagen de algún candidato. No podemos interpretar de otra manera el exabrupto que, a modo de legado en su renuncia al Senado, dejó el precandidato colorado Pedro Bordaberry al presentar un proyecto de ley que propone la duplicación y triplicación de las penas para aquellos reincidentes que hayan cometido delitos graves o muy graves.

Dice que se ha inspirado en la legislación norteamericana vigente en numerosos Estados en los que existe la cadena perpetua. Sin embargo, para no incurrir en una inconstitucionalidad, porque en nuestro país está prohibida la cadena perpetua, el legislador ha señalado que la propuesta implica que no se supere el límite máximo de reclusión establecido que está fijado en 30 años más 15 de medidas de seguridad.

Independientemente de la discusión sobre la constitucionalidad de la propuesta, que ya ha sido objeto de algunas reflexiones críticas por parte de especialistas en Derecho Penal, la cuestión consiste en determinar si esta es una propuesta que permita mejorar o resolver la situación de inseguridad en que vivimos.

La respuesta es radicalmente negativa. Toda la doctrina penal sostiene que el incremento de las penas o la inflación de los tipos delictivos no tienen efecto alguno en la modificación de la situación de seguridad puesto que estas decisiones no generan un efecto disuasorio sobre las conductas delictivas.

La prueba concluyente la tenemos en nuestra propia historia reciente. En 1994 se aprobó la denominada ley de seguridad ciudadana que consistió fundamentalmente en el aumento de las penas y la tipificación de nuevos delitos, unos años después al comienzo del gobierno de Jorge Batlle se insistió en este tipo de medidas. Sin embargo, las estadísticas delictivas no hicieron otra cosa que crecer e, incluso, crecieron particularmente en aquellos delitos para los que se previó el aumento de penas.

Por otra parte, sabemos todos que está en discusión parlamentaria un nuevo Código Penal y, por lo tanto, lanzar modificaciones normativas puntuales al boleo no parece ser una conducta lógica en relación a un nuevo código que, como tal, debe establecer un orden y sistematicidad de los delitos así como una definición coherente de la entidad y ordenamiento de los castigos o penas a establecer para los diferentes tipos delictivos.

Esta iniciativa se lanza en forma solitaria, aislada y fuera de contexto. Por otra parte, la lanza un legislador que, en el mismo momento anuncia que renuncia a su banca para dedicarse a la campaña electoral, con lo que parece obvio que su iniciativa no busca otra cosa que convertirse en un tema más de campaña y no en un objetivo legislativo concreto.

El mero aumento de la amenaza represiva no genera ningún efecto en las condiciones de inseguridad que vive nuestra sociedad. Puede ser una iniciativa electoral para captar el apoyo de gente asustada o enojada que no va a evaluar si esa medida logrará efectos, sino que al menos se saca las ganas de expresar su bronca.

Con la misma lógica fue que este candidato impulsó y logró las firmas para promover un Plebiscito para bajar la edad de imputabilidad. Es muy evidente que la eventual aprobación de ese Plebiscito no va a generar ningún efecto en las condiciones de seguridad de nuestra sociedad, se trata de modificar el estatuto jurídico de un pequeño número del total de personas privadas de libertad por haber cometido delitos, más concretamente 300 sobre 10.500. ¿Quién puede creer seriamente que con ese impacto va a cambiar aunque sea mínimamente las cosas?

Pues bien, ahora ocurre lo mismo. Esto es un exabrupto electoral que, además, está al borde de la Constitución. Es un exabrupto que busca aprovechar la calentura de la gente, pero que está muy lejos de representar una solución ni siquiera mínima a la situación que estamos viviendo.

La pregunta es entonces ¿qué hacer para recuperar la seguridad perdida? La respuesta es, a nuestro juicio, muy clara. Hay que fortalecer a la institución policial llevando adelante una batería de medidas que permitan su recuperación en profundidad.

La disuasión al delincuente no proviene de una legislación más o menos represiva, la disuasión se logra si el delincuente sabe que no tendrá suerte en su actividad porque el Estado tiene el poder y el vigor para, a través de su institución encargada de mantener el orden público y castigar su violación, prevenir el delito o reprimirlo exitosamente.

Para ello hay que seguir trabajando en la mejora de las remuneraciones de los policías, en su dedicación completa a la tarea, en poner a su disposición la tecnología más avanzada, el armamento más poderoso, la formación y capacitación más actualizada, el afianzamiento de la integridad y transparencia del funcionamiento de la institución, la disponibilidad de los recursos destinados al patrullaje, el reclutamiento de efectivos con aptitudes y capacidades personales de alta calidad y, en definitiva, la recuperación del prestigio social que permita a los uruguayos volver a confiar en la policía.

Es un trabajo que lleva años, del mismo modo que llevó años el proceso terrible de declinación de la institución policial que ha venido ocurriendo desde hace dos décadas bajo el gobierno de diferentes partidos.

En este período de gobierno, como resultado de los acuerdos multipartidarios, se han dado algunos pasos en esa dirección que no han sido suficientes. La clave es reconstruir una policía orgullosa de su tarea y una sociedad que confíe en ella. Falta mucho, pero no existe otro camino.

Lo demás es "vender espejitos de colores" que quizás permitan sumar algunos votos más, pero en nada contribuirá a la recuperación de la seguridad perdida.