Quizás ese día podamos comprender cuáles eran las misteriosas razones por las que una dictadura tan cruel no mereció una advertencia más severa, acorde con los términos del Protocolo de Ushuaia.
Mientras no ocurra, los habitantes de estos países tendremos derecho a pensar lo peor. La tesis de que aplicar el derecho internacional es una forma de injerencia, no resiste ni el menor análisis. Como alguna vez dijo el propio Vázquez: eso no se lo cree ni Caperucita Roja.
La posición asumida por Vázquez es doblemente equivocada. Por un lado, no están dadas las condiciones para que ningún país del Mercosur ni de otra parte del mundo pueda "tender la mano" para facilitar una mediación, por la sencilla razón de que el gobierno venezolano no está dispuesto a negociar aún las únicas dos cosas que puede: cuándo y en qué condiciones convoca a elecciones, y cuántos de sus cabecillas van a terminar sometidos a la Justicia, el día que Venezuela se normalice.
Por ahora, Maduro y Cabello creen que pueden obtener más reprimiendo que negociando, mientras que la oposición, luego de cien días de resistencia y muerte, no puede negociar nada que no incluya la caída del madurato y el juicio a los responsables de la represión.
Por ahora, la estrategia del chavismo es comprar tiempo a la espera de vientos más propicios. Regalarle tiempo y contemplaciones a un régimen que mató a cien personas en los últimos tres meses no hace sino prolongar un gobierno que venga su agonía matando.
Además, el Mercosur aprobó una declaración en la que se manifiesta la quiebra del régimen democrático y la existencia de presos políticos, y lo hizo con el voto del gobierno uruguayo. ¿Cómo justificar que el Protocolo de Ushuaia, previsto para situaciones aún menos severas, no sea puesto en funcionamiento? ¿Qué tiene que ver la aplicación de los tratados internacionales con "declararle la guerra a Venezuela", como dijo el ministro Nin Novoa, pretendiendo banalizar una posición que él mismo acompañó, hasta que Vázquez le enmendó la plana?
Si las cláusulas que el propio Mercosur se dio para proteger a sus instituciones democráticas de los tiranos no se aplican para Venezuela, mejor sería derogarlas. Al menos de esa manera, el bloque regional no estaría omiso y nadie podría señalar al gobierno uruguayo presidido por Tabaré Vázquez como el responsable de semejante renuncia.
De modo que la posición de Vázquez favorece la estrategia de la dictadura venezolana y debilita la performance del Mercosur como un actor digno de crédito, en la medida en que sus diferencias internas impiden algo tan esencial como la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Algún día se sabrá por qué Tabaré Vázquez dio marcha atrás. Quizás no sea por las peores razones, como muchos piensan. Mientras reine este profundo y prolongado misterio, Uruguay cargará con el peso de no haber tenido un presidente a la altura de las circunstancias.
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