Políticas ambientales: tecnocracia, academia y vecinos

Los reclamos ciudadanos frente a cuestiones ambientales casi siempre molestan, y sobre todo a los gobiernos.  Pero también descoloca a muchas miradas académicas. Allí anida un problema repetido, donde se dice que la ciudadanía lo que esencialmente hace es quejarse, sin participar activamente. Esa mira está equivocada.

Esa tensión la discute muy adecuadamente Víctor Bacchetta en un reciente artículo, La razón de los tecnócratas, enfocado en las afirmaciones de una académica de la Facultad de Ciencias Sociales en una mesa redonda convocada por el Instituto SARAS de Uruguay.  En una ponencia sobre políticas ambientales, participación y políticas públicas, Cristina Zurbriggen alabó lo que hace nuestro gobierno en temas ambientales, sosteniendo incluso que estamos muy por delante de otras naciones en la participación para lidiar con el cambio climático, cuestionó la tecnocracia, y entre otras cosas concluyó: “Me impactó la sociedad uruguaya en cuanto a los grupos ambientalistas. La demanda era: estado regule, estado haga. No era: yo participo, yo cambio algo. Era una demanda permanente. La sociedad más activista ambientalista estaba reclamando que el estado regulara, no estaba planteando una propuesta”.

Esas afirmaciones son muy difíciles de sostener, y no se corresponden ni con la evolución ni la situación de las políticas públicas ambientales uruguayas. Si bien ella cuestiona a sus propios pares académicos por el desinterés en temas ambientales, a la vez contribuye a una postura simplista que es echarle muchas culpas a la ciudadanía, sin hurgar en las contradicciones de nuestro Estado.

La réplica de Bacchetta acertadamente rescata varias experiencias ciudadanas con las políticas sobre el agua. Nos recuerda que la sociedad civil ha intentado participar y ha elevado todo tipo de propuestas, pero esos espacios supuestamente participativos han sido ineficaces.

En las políticas enfocadas en cambio climático ocurre algo similar. Desde la academia, Zurbriggen elogia mucho la última propuesta de una política nacional en esa materia, y en especial por el componente de consulta ciudadana. Subraya que todo eso fue tan bueno que estaríamos por delante de las naciones vecinas.

Ese optimismo choca con una evaluación rigurosa. Comencemos por recordar que el plan de referencia, Política Nacional de Cambio Climático, se presentó en 2017 y tuvo en efecto un componente de discusión ciudadana importante. Eso fue impulsado sobre todo por una persona, Ramón Méndez, ex director en el MIEM, que en ese momento estaba en el Ministerio del Ambiente, aunque luego pasó a la Intendencia de Montevideo. Su postura no parecía ser muy compartida dentro del Poder Ejecutivo y por ello rápidamente se resquebrajó. 

En segundo lugar, tampoco era una novedad. Existen otros planes anteriores sobre varias de estas cuestiones: el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático  (PMEGEMA) de 2004, y el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático (PNRCC) de 2010. O sea, como en otros temas, nuestras dificultades no están en diagnosticar o hacer planes, sino en ponerlos en marcha.

En tercer lugar, en todos esos planes existieron mecanismos de consulta ciudadana, participaron distintos ministerios, actores del mundo empresarial, universidad, etc. Gerardo Honty, que conoce en detalle toda esa dinámica, concluye que en todos ellos se dieron distintas metodologías de consulta y participación, “con mayor o menor éxito, pero en cualquier caso no dejaron de ser aportes no vinculantes”. O sea, nos pueden consultar pero eso nada implica. Honty agrega: “la redacción final y selección de propuestas quedó en manos de los representantes del Ejecutivo en todos los casos”.

En eso está una traba crítica: se puede asistir a todas las reuniones que se quieran con los funcionarios del gobierno, y muchos de ellos tienen las mejores intenciones, pero una vez superada esa etapa, los planes y estrategias son elaborados por jerarcas. Esto explica que sus resultados sean tan pero tan débiles en incorporar la dimensión ambiental.  Los resultados también son frágiles; el plan sobre cambio climático acordado en 2017, es muy general, poco preciso y con magros compromisos. Derivó en paradojas tales como un compromiso que en lugar de reducir las emisiones netas de gases invernadero, las podría aumentar.

Más o menos lo mismo a lo que viene ocurriendo con las políticas en aguas: se pueden suceder todas las consultas que se quieran, pero las demandas ciudadanas desaparecen en muchos casos dentro de los laberintos burocráticos, y los documentos finales terminan siendo ecos de las propias voces del gobierno.

Todo esto también se ha repetido con buena parte de los canales de participación sobre biodiversidad y áreas protegidas. No los comento para no aburrir al lector.

Un examen más atento muestra que aquellos espacios de consulta y participación sustantiva, conquistados en la década de 1990 e inicios de los 2000, tales como la comisión asesora en medio ambiente, comenzaron a ser debilitados, recortados o inmovilizados desde aproximadamente el 2007. Eso se aceleró cuando Mariano Arana dejó el Ministerio del Ambiente y fue reemplazado por Carlos Colacce al final de la primera administración Vázquez. Con los años el proceso se consolidó todavía más.

Los mecanismos de participación que eran vinculantes y generaban obligaciones, se redujeron y fueron reemplazados por centenas de reuniones, talleres, etc., de intercambios, pero usualmente sin compromisos. Entonces a nadie puede sorprender que las organizaciones ciudadanas fueran abandonando esas prácticas, y que algunas pasaran a denunciarlas. No es que los vecinos no tengan propuestas, sino que éstas son una y otra vez desoídas. Muchos académicos no entienden que la ciudadanía también aprende, y en su aprendizaje está poner en duda la efectividad en gastar su magro tiempo libre o sus recursos, para ir a talleres con intendencias, ministerios o la OPP, que no tienen efectos concretos.

De todos modos, los dichos de Zurbriggen deben ser considerados ya que expresan una perspectiva que es común dentro de una parte de la academia y del gobierno, pero que no siempre se dice en público.

Se confunde “informar” con “participar”, no se tiene mucho en cuenta la historia reciente de nuestro ambientalismo, y de ese modo se cae en un discurso que termina siendo funcional a mantener nuestras políticas públicas ambientales, se las elogia aunque en realidad son de mala calidad, bastante inefectivas y poco participativas.

Incluso es dudoso que el gobierno siquiera sea “tecnocrático”, ya que otra de las limitantes es la menguada calidad técnica en la gestión y políticas ambientales. Baste como ejemplo recordar el borrador de la reglamentación de la ley de riego, donde un artículo dice que se harán evaluaciones ambientales y el siguiente afirma que las obras de riego se aprobarían independientemente de los resultados de esos estudios –un ejemplo impactante de las limitaciones de nuestra “tecnocracia”.

Por todo esto, debería tenerse en claro que las ausencias ciudadanas en muchos casos no expresan las limitaciones de la gente, sino las de nuestro propio gobierno.


Más informaciones

La razón de los tecnócratas, por Víctor Bacchetta, en Observatorio del Agua en Uruguay, 20 octubre 2018, http://www.observatoriodelaguaenuruguay.com/la-razon-de-los-tecnocratas/

Flor nueva de romances viejo, por Gerardo Honty, La Diaria, 12 junio 2017, http://energiasur.com/flor-nueva-de-romances-viejos/

Registro completo del Coloquio: "Políticas climáticas: Desafíos y perspectivas", SARAS, http://saras-institute.org/index.php/es/comunicacion/noticias/item/465-registro-completo-coloquio-politicas-climaticas-desafios-y-perspectivas