Poder ciudadano

El último libro del filósofo Pablo Da Silveira no podía ser más inoportuno. Reflexionar sobre el "gobierno de la educación" en Uruguay y hacerlo desde una perspectiva no dogmática ni corporativa, es un hecho de por sí grave, pero peor si esa reflexión se convierte en un texto extraordinario, lanzado al ruedo en plena campaña electoral, cuando los candidatos menos piensan y más prometen. Tuve el honor de participar, junto a Hebert Gatto, en la presentación de "Padres, maestros y políticos". El libro nos muestra a un filósofo político ocupado en pensar al estilo socrático, partiendo de preguntas inoportunas pero pertinentes que nadie parece interesado en responder.

Da Silveira rememora aquel Uruguay que estuvo a la vanguardia de las reformas educativas en la segunda mitad del Siglo XIX, período fundacional de los sistemas que conocimos. El objetivo de otorgar una educación básica para todos se instrumentaba a través de una intervención centralizadora del Estado, como respuesta a una sociedad que demandaba un ciudadano instruido en los rudimentos de la aritmética y la lectoescritura, así como en la reproducción simbólica de los valores morales y republicanos. Cien años después, aquellos delicados mecanismos comenzaron a crujir ante las exigencias de una sociedad en plena revolución del conocimiento y en pleno proceso de secularización simbólica.

La primera revelación, entonces, constituye un incordio para los dogmáticos: el "gobierno de la educación" no responde a un orden natural e inmutable sino que es una creación de la sociedad para satisfacer las necesidades de un contexto específico. En nuestros días, los nuevos paradigmas sociales han extendido el ejercicio de la ciudadanía a la participación directa y la toma de decisiones en ámbitos hasta ahora reservados para las elites o los grupos de poder. No hay razón para pensar que el gobierno de la educación no debería reflejar ese empoderamiento y creciente diversidad, recluyendo a los expertos a su ámbito específico y rescatando el sentido eminentemente político, esto es, de consideración cívica y gobierno ciudadano.

Pero lo que no le van a perdonar a Pablo es su reivindicación del ciudadano común y su derecho a tomar decisiones sobre temas que lo involucren. Tampoco sus reflexiones sobre los límites de la intervención estatal cuando pone en riesgo la libertad de los individuos, ese ambiente en el que los ciudadanos y ciudadanas pueden autogobernarse. Y eso por no hablar de su pasmosa capacidad para hacer preguntas incómodas y responderlas siguiendo un rumbo de razonamiento de una lógica inexorable, escrito con un estilo más pedagógico que proselitista.

"Padres, maestros y políticos" está llamado a despertar al menos la duda en los espíritus libres y sinceramente preocupados por la educación de los uruguayos, cuando no su indignación. Después de todo, vivimos en la contrautopía que describía Harry Brighouse a quien Pablo cita expresamente: "hay algo profundamente inequitativo en un sistema que sólo otorga una real capacidad de elegir a los ricos".