Reitero un concepto que manejé en anteriores notas: yo no tengo ningún título de ninguna especie como jurista, trato de consultar a los especialistas y en este caso agregué a las consultas que realicé a especialistas en derecho penal y procesal, a docentes especializados en derecho público y bancario, es decir la rama del derecho que se ocupa de la gestión y administración del Estado y del funcionamiento legal del sistema financiero. Me pareció importante.
En estos días se difundieron dos noticias: que la defensa de Fernando Calloia solicitó a la jueza Adriana de los Santos que desacumule la causa de los empresarios de la que corresponde a su defendido. La segunda, apareció en el diario La República: "El fiscal de Crimen Organizado, Juan Gómez, remitió el expediente a la jueza Adriana de los Santos, sugiriendo que se desacordonen las causas relacionadas con el tema Pluna a fin de no perjudicar a quienes ya fueron procesados y se encuentran en una etapa sumarial.
"En tal sentido, el defensor público entregó ayer a la jueza Adriana de los Santos la solicitud hecha por la defensa del presidente del Banco República, Fernando Calloia, de la desacumulación de las causas que involucra a quienes estuvieron involucrados con el otorgamiento del aval a la empresa Cosmo de aquellos que fueron procesados por el delito de estafa: Matías Campiani y sus socios". (6.3.14)
Y para que no queden dudas...aclara: "No reculé". "Con la decisión que adopté -de acumular las causas en un solo expediente- no reculé ni pasé por encima de nadie. Simplemente son cuestiones de derecho y de recta administración de justicia", indicó el fiscal Juan Gómez a LA REPÚBLICA."
La decisión del fiscal Juan Gómez de presentar todo el pedido de procesamiento como una pieza única fue desde un primer momento una definición de contenido judicial pero profundamente política.. Y ahora, se "recula". Esto es grave. ¿Por qué?
Leyendo la Vista fiscal, surge claramente que todos los argumentos que el fiscal utiliza para pedir el procesamiento con prisión de Matías Campiani y los otros empresarios, juega también de manera clara en la otra causa, en la que refiere a Lorenzo y Calloia. No se divide, no se separan, se suman y multiplica y afecta obviamente la imagen y afecta la posición de los funcionarios públicos. ¿Es fiscal no se dio cuenta?
Cuando se lee con atención y varias veces - como lo hice yo - surge otro elemento muy complejo, la actitud adoptada por los dos jerarcas del gobierno está dirigida precisamente a que la situación de la empresa Pluna y su relación con los empresarios no siga perjudicando al Estado, a los dineros públicos buscando una solución y arriesgando. Gobernando.
Primero se suman las causas en un único expediente y luego, cuando el daño ya está hecho el propio fiscal las separa y se pisa nuevamente el palito de manera evidente.
Se pisa el palito, porque sin la primera parte muy efectista por cierto, en la que pide el procesamiento de Campiani por estafa, su alegato posterior pierde toda fuerza y queda reducida al único "delito" que si existiera sería efectivamente punible: haber favorecido a uno de los participantes en la subasta de los aviones sobre los otros tres que el fiscal menciona. Como este argumento ha sido pulverizado por la prensa, por la defensa, por la Embajada de Venezuela y el Grupo Molinari mediante sendas cartas que desmienten que hayan sido perjudicadas y por Mont Fortelco por el simple y terminante hecho de que no existe, todo se viene abajo, más abajo todavía.
¿Qué es lo que queda en pie? La convicción y la disposición del fiscal Juan Gómez de que debe de cualquier manera seguir adelante con la acusación aunque las pruebas se derrumben a ojos vista. Esa actitud es como mínimo una grave violación a los deberes de un fiscal, que debe investigar con imparcialidad y la máxima objetividad posible y en base a las pruebas definir el pedido de procesar o de archivar el caso. En este caso, sin pruebas decidió pedir el procesamiento. Es un nuevo escalón descendente en la empinada escalera de este proceso.
Otro elemento importante, muy importante. La separación de las causas de los empresarios y la de los funcionarios del gobierno tiene una componente que hasta ahora no emergió en el debate público: este gobierno, precisamente porque es diferente y es de izquierda no actuó como lo hicieron otros gobiernos anteriores. No trató de ocultar, postergar o emparchar una situación con otros errores y de esa manera salvar su cara pero seguir hundiendo al país. Como se actuó en el caso de los banqueros estafadores. Para tomar un solo ejemplo.
En el caso de Pluna ese error no se cometió y es un aspecto fundamental de todo el proceso. Está claro que no hubo interés ni beneficio personal para nadie, desde el 2007 cuando se hizo el último intento de salvar a la compañía, cuando se comprobó que ese camino había fracasado, se reconoció el error, pero...
Pero lo más importante, no se escudaron en el pasado tormentoso de 60 años de pérdidas, del desastre de la alianza-caníbal con VARIG, se trabajó para una definición que terminara con la sangría nacional y con nuevas y mayores pérdidas. No se trató de tapar errores con otros errores, distribuyendo las responsabilidades. Ese es un cambio fundamental con el pasado y nos separamos de los empresarios particulares definitivamente. El fiscal juntó todo en un solo expediente y ahora, tarde, lo divide y justifica este pedido por aspectos procesales.
Dividiendo el expediente, el de los empresarios del de Lorenzo y Calloia queda todavía más pobre toda su argumentación y lo que le va quedando al fiscal como justificación son sus declaraciones a "Búsqueda" del 23 de diciembre, al otro día del pedido de procesamiento: que por coherencia tenía que pedir el procesamiento de "dos poderosos" porque había procesado poco antes a dos policías... ¿Hay mucho más que agregar?
Hay otro enfoque nuevo que quiero incorporar, en la descripción del trámite de otorgamiento del aval a la empresa COSMO hecha con bastante saña por el fiscal, le falta un pequeño detalle, considerar la realidad, como funciona en muchas oportunidades la administración pública, las relaciones entre las diferentes jerarquías, las urgencias y los pedidos que se formulan. Yo nunca estuve ni voy a estar en un cargo público, pero los muchos blancos y colorados que si estuvieron, y los frenteamplistas también, conocen perfectamente que lo idílico no funciona, que muchas veces hay que reducir los tiempos ante las diferentes necesidades. Es parte de la realidad del funcionamiento del Estado.
Sería bueno que recordáramos todos lo que se hizo durante la crisis financiera y bancaria del 2002.
El fiscal podría perfectamente haber consultado a especialistas en derecho público y en el derecho bancario para conocer los alcances de esos procesos y no concentrarse exclusivamente en los aspectos penales, que son de su competencia. Es posible que se hubiera llevado unas cuantas sorpresas.
Sobre todo cuando es más que evidente que el otorgamiento del aval no perjudicó a nadie, ni a las supuestas tres empresas interesadas ni menos al BROU que comenzó a cobrar las cuotas de la garantía del aval.
Yo creo, lo digo y lo firmo que además de todo, hay el intento de determinados sectores dentro y fuera del Estado de generar reflejos de miedo condicionados en este y en futuros gobiernos para que toda la máquina de los cambios sea mucho más lenta y si fuera posible se paralice. Eso no borra nuestros errores y nuestras inexperiencias que reclamarán siempre un profundo sentido autocrítico.
En este proceso doble de judicializar la política y de politizar la justicia, que son bastante simétricos e indispensables entre ellos, las consecuencias pueden ser mucho más profundas de lo que se observa a primera vista. Y hay unos cuantos trabajando en esta dirección. Y este mecanismo de supuestas pruebas que se derrumban y la saña con la que el fiscal prosigue, me suena mal, muy mal. Y soy un optimista empedernido.
Una más y van....
Cuando había terminado de escribir esta columna, aparece en el semanario Búsqueda una nota:
"En Crimen Organizado consideran "irrelevante" que Cosmo haya sido única interesada en remate"
El principal argumento de la defensa del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, de que Cosmo fue la única empresa que gestionó un aval para presentarse al remate de los aviones de la ex Pluna, es considerado "irrelevante" por los operadores jurídicos encargados de investigar el caso.
"Es irrelevante porque en el mejor de los casos demuestra que no había ningún interesado y que por eso debió armarse el irregular aval a Cosmo y toda la puesta en escena de la subasta", dijo a Búsqueda una fuente vinculada a la investigación.
"Perjuicio al Estado no cabe duda alguna que existió y fue tanto económico como desde el punto de vista de la imagen y la credibilidad de la administración", agregó otro informante que visita con frecuencia los juzgados de Crimen Organizado.
Las fuentes subrayaron que "la demostración" de ese perjuicio está en que el Banco Central -a través de su Superintendencia de Servicios Financieros- multó al BROU por el aval que concedió para que Cosmo participara en la subasta de las aeronaves y por otras irregularidades en su gestión, sobre lo cual informó "El País" el 27 de febrero.
Además, indicaron que es posible que el banco estatal termine teniendo que asumir el aval, porque el empresario Juan Carlos López Mena, quien había dicho que se haría cargo y abonó algunas cuotas, cambió de posición tras la sentencia de inconstitucionalidad de la "ley de Pluna" dictada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Esos argumentos probablemente formen parte de los dictámenes que el fiscal del caso, Juan Gómez, deba presentar en el futuro para sustentar su pedido de procesamiento de Lorenzo y Calloia." (Fin de la cita)
Es mucho más grave de lo que pensaba, ahora "fuentes o informantes de Crimen Organizado" dan información y opinión sobre el proceso, incluso antes de que la jueza haya admitido las pruebas y difunde conceptos sobre el pedido del fiscal en un acto totalmente ilegal. Y se escudan en el anonimato de las fuentes, tan frecuentes y ordeñadas en Búsqueda. Ahora no son "fuentes del gobierno", sino fuentes de Crimen Organizado, sin aclarar más.
Se supone que se trata de la fiscalía de Crimen Organizado, considerando que la jueza todavía no se ha pronunciado.
Es seguro que alguno de los "especialistas" en el tema pueda afirmar que es frecuente que estas filtraciones se produzcan, como es bastante frecuente que haya hurtos y no por ello dejan de ser ilegales. Estas filtraciones, que nadie va a investigar me reafirman en el concepto de que la politización de este caso alcanza niveles desconocidos y es un escalón más de la degradación y la politización de todo este proceso.
Como la acusación central y casi única para solicitar el procesamiento por abuso innominado de funciones contra Lorenzo y Calloia por parte del fiscal se basaba en que se había favorecido a la empresa COSMO sobre otros tres inventados competidores hace tiempo que se cayó a pedazos, vienen en auxilio del fiscal, fuentes anónimas que filtran a cierta prensa otros supuestos argumentos. Cada día más lamentable y una ilegalidad más.
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