Tres semanas después corresponde hacer la misma afirmación. Transcurrida la extensa interpelación, siguen existiendo más interrogantes que respuestas y el tenor de la declaración presentada por la bancada de gobierno a última hora de la sesión de ayer, no hace otra cosa que aumentar las preocupaciones.
La lógica indica que si el Estado es el propietario, a través del fondo fiduciario, de los aviones heredados de PLUNA y estos fueron subastados en subasta pública a un oferente que luego no cumple con hacer efectiva su oferta, el Estado se cobra el aval presentado por el oferente y se queda con los aviones que, en definitiva, siguen perteneciendo a su propietario original debido al incumplimiento de quien remató en forma temeraria.
No existe ninguna razón para que el Estado salga a comprar el boleto de reserva porque el Estado no es un tercero interesado en el negocio, sino que es nada más ni nada menos que el propietario definitivo de los aviones que se intentaron vender. Entre otras razones porque es el efectivo deudor del precio que por ellos se debe.
En esas circunstancias es de locos plantear la hipótesis de que el Estado recompre al frustrado comprador.
Por el contrario, un acto de estas características importaría una grave responsabilidad porque se estaría dejando de lado el derecho a cobrar el aval de trece millones de dólares de manera injustificada y, por el contrario, se estaría favoreciendo al comprador irresponsable evitándole el perjuicio de perder el aval presentado.
Esta es la lógica de cualquier interesado en velar por los mejores intereses de sus representados que, en el caso del gobierno, debe ser el Estado y nadie más que el Estado.
Entonces, la gran interrogante es por qué no se actúa de esa forma y, en su lugar, se propone o se maneja la alternativa de comprarle a COSMO su boleto de reserva que, a esta altura, ya carece de valor, habida cuenta de su incapacidad manifiesta para cumplir con sus obligaciones. Excepto que el aval sea inejecutable, en cuyo caso habría existido, como se ha dicho, una inocultable responsabilidad de la autoridad que otorgó el mencionado aval.
Resulta muy difícil entender que las autoridades de gobierno no conocieran la verdadera situación de COSMO hasta después de que esta empresa realizó su oferta.
Particularmente es muy difícil de entender porque fue el mismo gobierno el que permitió su presentación mediante el otorgamiento de un aval que, según viejas declaraciones del Presidente del BROU, no se le otorgó a otros posibles postores.
Pero este tema ha estado permanentemente rodeado de cursos de acción inentendibles que han generado costos al Estado. En definitiva, el comienzo de la historia se remonta a las decisiones que tuvieron como resultado la asociación con Leadgate y, más concretamente, a la decisión insustentable de haber brindado garantía para la compra de los tan mentados aviones.
No debe haber otro caso en el que un socio minoritario, poseedor del 25% del paquete accionario, sea el garante de una operación multimillonaria en dólares que decide y maneja exclusivamente el socio mayoritario. Sin embargo, el gobierno uruguayo en su momento aceptó esa situación y una parte importante de las tribulaciones actuales se derivan de aquella insostenible decisión que ha atado al Estado uruguayo a una deuda muy importante.
Por otra parte, pensando en términos de cuáles son los caminos de salida de esta grave situación, si el gobierno descarta el camino de los subsidios (postura razonable para evitar volver a quedar presos de gestiones ajenas con resultados inciertos), no existe ninguna propuesta firme para la puesta en marcha de una nueva empresa de aeronavegación en nuestro país.
Desde esa perspectiva, la propuesta que se lanzó al ruedo en estas horas, indicando la posibilidad de que el Estado arriende los aviones a un tercero, se parece mucho a una vieja propuesta que se presentó al Estado unas semanas atrás. ¿Será que se termina dando vueltas en círculos? Cada vez más preocupante.