Obviamente, lo importante refiere al interés general de nuestro país. El interés general del país en este caso concreto consiste en recuperar la conectividad con la mayor velocidad posible, mantener la mayor parte posible de las fuentes de trabajo, evitar al máximo las pérdidas del Estado y tratar de evitar el perjuicio de los ciudadanos que fueron perjudicados por la quiebra intempestiva de la empresa.
También es parte del interés público establecer las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales que correspondan por las actuaciones de jerarcas públicos y actores privados en todo este proceso.
Sin embargo, hay demasiadas cosas que no cierran en todo este proceso.
Parece claro que la propuesta de BQB para arrendar los aviones no está en relación con el precio que el gobierno le ha fijado a los siete aviones subastados. En efecto, si COSMO efectivamente comprara los aviones, cosa harto dudosa habida cuenta de que hasta hace unas horas ni siquiera había pagado la comisión del rematador, y resolviera aceptar el plan de negocios que BQB ofrece, en cinco años apenas recuperaría una cuarta parte del precio pagado por esos aviones.
La interrogante que surge inmediatamente es si los tan mentados aviones que en su momento compró PLUNA, por decisión exclusiva de Leadgate, y que de manera inexplicable el gobierno resolvió garantizar, valían lo que ahora el Estado le debe al Scotia Bank. Porque la compra fue hace apenas unos pocos años y, sin embargo, no parece haber nadie seriamente interesado en pagar por ellos lo que el Estado debe por su insólita garantía.
Hablando de garantías; es todavía una gran interrogante por qué el BROU otorgó el aval a la empresa COSMO para que pudiera subastar los aviones. Se ha informado que presentó una garantía suficiente y en regla, pero no se dan más detalles. También se informó desde el BROU que hubo otros interesados en subastar pero que no llegaron a tiempo con sus correspondientes avales, de modo que el gobierno tenía pleno conocimiento de que solo habría un postor para ofertar por los aviones.
Pasados los días quedó en evidencia que el único postor no era una empresa de sólida trayectoria, ni tampoco parecía razonable que hubiera comprado siete aviones del tipo de los que adquirió para una empresa cuyo funcionamiento, si es que lo tiene, se encuentra en España.
Por otra parte, BQB afirma que si bien existe un vínculo casi familiar con el representante de COSMO, esta empresa no tiene vinculación con ellos y señalan que fue el gobierno el que les pidió que consiguiera otro interesado.
Mientras tanto, por otra ventanilla, el gobierno atiende a los empleados de PLUNA que están buscando otra propuesta para poner en funcionamiento una línea aérea. Sin que tampoco se conozcan mayormente sus detalles.
Nadie sabe qué propuesta concreta se está manejando y qué actitud asumirá el gobierno en definitiva. Lo que sí sabemos todos es que el gobierno tiene que dar las respuestas sobre lo que está pasando y el partido de gobierno debió haber aceptado la creación de una Comisión Investigadora en el Parlamento, particularmente porque es la única forma que existe en este país para determinar si han existido responsabilidades políticas y administrativas.
Entre tanto está entre signos de interrogación si nuestro país podrá librarse de pagar los 136 millones de dólares que se le deben a Scotia Bank por la compra de los aviones, tampoco sabemos si se pagarán los 32 millones que se le deben a ANCAP o los 18 millones que se le deben al BROU. A su vez, esperan los trabajadores por la satisfacción de sus créditos laborales y también esperan que se les devuelva su dinero los ciudadanos que compraron confiadamente sus pasajes por PLUNA y fueron defraudados. Sin contar a los otros proveedores y acreedores que hacen "cola".
Mientras tanto la temporada turística está por empezar y la conectividad aérea de nuestro país sigue sin resolverse, por si quedara algo más para agregar.
El gobierno es responsable de dar respuestas a todas y cada una de las interrogantes planteadas, pero tampoco puede seguir esperando.