Petición UPM-2: un mini diccionario para políticos y periodistas

En la jornada previa a la celebración de la independencia nacional, se presentaron ante el Presidente de la República, miles de peticiones que solicitaban desistir del llamado “contrato” con la empresa UPM por discrepar con la construcción de la nueva planta de celulosa en el Río Negro. Este es el primer paso que dio un diverso conjunto de organizaciones ciudadanas y personas, que cruzan todas las corrientes político partidarias, y que provienen tanto de la capital como del interior. Apelaron a un mecanismo constitucional pero que se usa por primera vez a esta escala, la petición.

En ese tipo de cuestiones residía la novedad, pero sea desde el gobierno como desde actores partidarios, así como unas cuantas coberturas de prensa, se apuntó en otro sentido. Se entreveraron inexactitudes y simplificaciones, y todo eso es una buena excusa para aclarar los sentidos de esa movilización.

Comencemos por precisar que el 24 de agosto se presentaron peticiones. Esto se basa en el artículo 30 de la Constitución, que concede el derecho a peticionar ante cualquier autoridad estatal, y en el artículo 318 que les obliga a responder (1). Por lo tanto, estamos ante reclamos formales, rigurosos, que no son simples quejas, y que desde ese respaldo constitucional se elevaron a la presidencia, y ésta los deberá contestar (2).

Eso permite despejar otra confusión. No debe creerse que se entregó algo así como una carta y que al pie de ella estaban los miles de firmas. Por el contrario, cada una de las peticiones es individual, cada ejemplar está firmada por un ciudadano, con todos sus datos, y por ello le corresponde un expediente. Cuando escribo esta nota, los que presentaron esos documentos me informan que ya fueron procesadas unas 2 500 peticiones, y en los próximos días entrarán, una por una, otro tanto hasta llegar a esas cinco mil previstas en esta primera etapa.

La petición alerta que el supuesto “contrato” entre nuestro país y una empresa extranjera, implica todo tipo de problemas que van desde los enormes beneficios concedidos, sean en dinero para obras como en concesiones fiscales, a los impactos territoriales y ambientales (3).

Esta es una iniciativa ciudadana. Tiene una base heterogénea, que cruza a toda la sociedad y a todos los grupos políticos, y por ello su diversidad interna es uno de sus aspectos sobresalientes.

Eso se logró poco a poco. La preocupación partió de un grupo de individuos y organizaciones muy heterogéneas, con personas que provienen del ambientalismo, de los derechos humanos, la política de base, etc. Poco a poco el tema se fue discutiendo con otros grupos, y de allí se sumaron otras organizaciones, y entre ellas el movimiento de autoconvocados “Un Solo Uruguay”.

Aludo a esta situación porque unos cuantos reportes de prensa escogieron el atajo de noticiar presentándolo como una iniciativa exclusiva de Un Solo Uruguay, como si todo lo demás no existiera. Y una vez que ese titular apareció una mañana en un diario, a los minutos ya lo repiten otros periodistas en las radios (sin contrastar ni verificar nada), y más tarde se vuelve a repetir en los noticieros televisivos en las noches (otra vez sin verificaciones), y así, se arma una imagen simplista. De esos modos funciona muchas veces la prensa en Uruguay.

Y claro, esa simplificación es una bendición para los actores políticos que operan en la órbita gubernamental ya que eso les permite criticar a Un Solo Uruguay pero sin dar explicaciones sobre asuntos tales como las concesiones otorgadas a la nueva planta de celulosa o la calidad del agua en el Río Negro. En las redes sociales hay unos cuantos que se frotan las manos con todo esto, y rápidamente tipean que los de las 4 x 4 están en contra de la inversión y del trabajo, y cosas por el estilo. El entrevero se consolida con declaraciones como las de la ministra Carolina Cosse como si todo esto nos precipitaría al vacío.

Sin embargo casi nada de eso es correcto. Los peticionantes no están en contra del trabajo, ni de la inversión, ni de la tecnología. Los enclaves de ese tipo no aseguran una diversificación productiva en las zonas donde se implantan, ni un aumento neto en el empleo después que se inauguraron las obras. Esa publicidad, de la que se abusó con las otras dos plantas de celulosa, ya no funciona, y no es menor que una importante proporción de peticiones entregadas en esta primera etapa provinieran de zonas rurales del interior. Eso está a contramano del discurso gubernamental que dice que esa nueva planta de celulosa es bienvenida en nuestra campaña.

Sobre el enorme gasto que todo ese emprendimiento implica para Uruguay, es necesario sopesar si el país tiene esos dineros (acercándose ya a los dos mil millones de dólares a medida que se suman todos los gastos que deberemos asumir), y si los tiene, si lo más inteligente es colocarlos en una planta de procesamiento de troncos dentro de una zona franca. Aquí tampoco ofrecen ninguna respuesta concreta declaraciones como las del ministro Víctor Rossi, quien dice que toda esa movilización es propia de quienes se miran los ombligos. Y si de miradas se trata, entonces habría que discutir si no son los jerarcas gubernamentales quienes se miran sus ombligos ya que, al día de hoy, seguimos sin conocer ningún estudio independiente y propio del Poder Ejecutivo que muestre los beneficios y costos de esa planta.

Haciendo un paréntesis aquí, se advierte que las respuestas del gobierno están desconectadas de las advertencias ante UPM-2, y por ello, paradojalmente, terminan dándole la razón a quien más critica, a Un Solo Uruguay, quienes una y otra vez dicen que el gobierno no escucha o no entiende. Todo lo que está sucediendo alrededor de esta planta de celulosa lo confirma.

Volviendo a la cuestión de UPM-2, otro caso notable es que el ministro Danilo Astori alabe ese emprendimiento diciendo que el país será un gran exportador de “celulosa”. Y más notable es todavía que la prensa no le repregunte ante ese error. Es que Uruguay no exporta celulosa sino simplemente troncos, y nada más que eso; las plantas son un espacio comercial externo al país.

La petición también pone sobre el tapete los impactos ecológicos sobre el territorio y en especial el Río Negro. La defensa gubernamental se basa en unos slogan errados, tales como decir que la contaminación del río es “estable” o que consumen poca agua. En realidad, la demanda de agua proyectada para las plantas es enorme y devolverá efluentes contaminados.

Tampoco olvidemos al periodismo que minimizó la concentración ciudadana del pasado 24 de agosto, para entregar las peticiones. En la Plaza Independencia estuvieron presentes mucho más de 20 personas, al contrario de lo que decía un periodista que observaba la escena desde la ventana de su estudio al otro lado de la plaza. A pesar de la lluvia y del alerta meteorológica, allí se congregaron unas doscientas personas, y aunque el centro de la cuestión estaba en las cajas con las cinco mil peticiones, es oportuno rescatar algunas historias de ese día. Me refiero por ejemplo a un paisano que partió desde Artigas un día antes y esperó en la plaza, bajo la lluvia, desde la cinco de la mañana, o el grupo de mujeres de pueblo Reboledo, en Florida, que juntaron peso por eso para venirse a Montevideo.  Esas historias no pueden minimizarse.

Es que de una manera o de otra, esas peticiones muestran un compromiso con el país, y lo hacen por medio de un mecanismo muy democrático. El gobierno está obligado ahora a responder, a explicar cuáles son sus estudios para tomar una decisión de esa magnitud, cuáles son los reales balances de los dineros que deberemos aportar y cuáles serán los ingresos tributarios, cómo evitará la contaminación del Río Negro, y cuáles serán los reales puestos de trabajo. Esperamos la respuesta.

Notas

(1) Textos de los artículos constitucionales:
Artículo 30: Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.
Artículo 318: Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones, previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene la ley o el reglamento aplicable. Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.

(2) El texto de la petición se puede descargar desde el grupo en Facebook Movimiento Ciudadano UPM2 NO en https://www.facebook.com/groups/1787467327942458/

(3) Sobre los impactos de la nueva planta de celulosa, ver por ejemplo en esta misma columna “Los número de la nueva planta de celulosa”, 19 marzo 2018, en http://columnistas.montevideo.com.uy/categoria_40_1_1.html