El Frente Amplio atacó, cuestionó y recurrió todas y cada una de las iniciativas que los viejos gobiernos de blancos y colorados impulsaron en el sentido de asociar, conceder o privatizar cualquiera de las empresas públicas. Calificaron de neoliberales y demonizaron todas las iniciativas impulsadas en tal sentido e impidieron u obstaculizaron varias de las diferentes propuestas que en su momento fueron presentadas.

Sin embargo, una vez en el gobierno, se han impulsado todo tipo de iniciativas que antes se cuestionaban. Se ha asociado a ANCAP en diversos emprendimientos, se pretende licitar una nueva Terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, se aceptó la licitación de una nueva banda de celulares, se busca licitar la utilización de las vías férreas y se vendió el 75% del paquete accionario de PLUNA a un inversor privado.

Bienvenidos a la política real, aunque su accionar anterior nos haya significado una importante pérdida de tiempo para el país, y estos cambios demuestren que en el pasado se actuó con oportunismo para cazar votos. Ahora bien, una cosa es que el gobierno del Frente Amplio haya aprendido que estos instrumentos deben ser utilizados con criterios pragmáticos; pero otra cosa bien distinta es que se realicen negocios ruinosos para el Estado uruguayo.

Este es el auténtico problema que tenemos detrás del negocio de PLUNA. Son varias las razones que nos llevan a calificar este acuerdo como un pésimo negocio para el Estado uruguayo.

En primer lugar, el gobierno ocultó información incluso a sus propios legisladores, amparándose en el hecho de que si se hacían públicas las condiciones podría frustrarse la negociación, de modo tal que el contrato con PLUNA estuvo rodeado de fuertes opacidades.

En segundo lugar, no se hizo un llamado a licitación ni se optó por ningún otro procedimiento de tipo competitivo. Se contrató un “broker” (al que dicho sea de paso se le pagó muy buena plata) para que “seleccionara a dedo” un inversor para PLUNA.

En tercer lugar, el inversor seleccionado, el Grupo Leadgate, no poseía ningún tipo de antecedente en la gestión de líneas aéreas y, por lo tanto, nadie sabe muy bien por qué resultó la opción aceptada por el actual gobierno. No hubo la mínima duda de parte del gobierno, ni se buscaron otras opiniones, se aceptó la propuesta del “broker” sin más discusión y a pesar de los señalamientos de la oposición.

En cuarto lugar, se le entregó al Grupo Leadgate el 75% del paquete accionario de PLUNA después de que el Estado uruguayo absorbiera las pérdidas de la empresa, entregándoles la administración en forma saneada.

En quinto lugar, el gobierno asumió a costa del Estado una obligación de recompra del Argentino Hotel de Piriápolis que, en menos de dos años, ha representado un incremento de su valor que también se debe pagar con fondos públicos.

En sexto lugar, y ciertamente lo más grave, el gobierno aceptó asumir la garantía de la operación de compra de nuevos aviones por alrededor de ciento cincuenta millones de dólares a favor de una empresa en la que el Estado sólo posee el 25% del capital accionario.

En séptimo lugar, a menos de dos años de concretado el negocio, el socio mayoritario privado toma decisiones sin consulta al gobierno uruguayo que suponen una alteración evidente del Plan de negocios que aquel había presentado en el momento de hacerse cargo de la empresa.

Todo este proceso estuvo acompañado de una actitud altiva y soberbia de parte de los negociadores del gobierno uruguayo. Los dos ministros que impulsaron este pésimo negocio nunca se dignaron siquiera escuchar las críticas o interrogantes que surgían desde la oposición. Con arrogancia avanzaron decididamente en un negocio ruinoso para las arcas del Estado.

La “frutilla de la torta” es que desde el gobierno se emiten señales contradictorias que demuestran que no “saben bien qué hacer” con semejante desquicio. Unos ya hablan de buscar un nuevo socio privado que sustituya a Leadgate, se podrán imaginar que las condiciones que impondrá un nuevo socio que sustituya a uno que se retira serán aun más duras para las arcas del Estado. Otros hablan de reestatizar la empresa, delirio que supone asumir muchas mayores pérdidas de parte del Estado. Finalmente, otros intentan “recauchutar” el emprendimiento con el grupo inversor, lo que tampoco representará buenas noticias para el país.

En definitiva, una impresionante ineptitud de parte del gobierno que, como tantas veces, ahora también los frenteamplistas nos imponen negocios en los que si las cosas van bien se enriquece el socio privado y si las cosas salen mal las cuentas las paga el Estado uruguayo.