Uruguay aparece como un caso de éxito, no sólo en la región sino a escala mundial. Una serie de medidas muy acertadas han permitido que nuestro país mantenga bajo control la pandemia y haya iniciado un cuidado y progresivo proceso de reactivación que, hasta ahora, ha mostrado también un resultado muy positivo.

Pero, desde la oposición se ha acentuado la crítica hacia el gobierno señalando que el apoyo social otorgado frente a la emergencia sanitaria ha sido insuficiente y se reclaman mayores medidas para enfrentar los costos sociales y económicos de la crisis sanitaria.

En tal sentido, estas críticas se apoyan, casi exclusivamente, en los datos que presentó un informe de la CEPAL que nos posiciona en el último lugar en el ranking de subsidios y apoyos otorgados en América Latina.
El mencionado informe indica que nuestro país invirtió tan solo el 0.7% del PIB en "medidas para mitigar el efecto social y económico de la pandemia".
Estas posturas contienen varios equívocos que es necesario destacar y que dejan en "falsa escuadra" a quienes se apoyan en este dato para criticar al gobierno.

El primero de ellos, y probablemente el más relevante, es que tal cuestionamiento no toma en cuenta una afirmación del propio informe que relativiza la relevancia del mencionado ranking. En efecto, la CEPAL señala que: "Las diferentes magnitudes de los esfuerzos fiscales derivan de las características de cada país en lo que respecta al avance de la pandemia, las capacidades de sus sistemas de salud y redes de protección social, la estructura de sus economías y sus capacidades de financiamiento".
En buen romance, lo que señala el informe es que la magnitud de las respuestas difiere, también, en la extensión y amplitud de las capacidades instaladas en materia de salud y protección social preexistentes. Pequeño detalle que quienes critican al gobierno obvian o evitan referir.
Por ejemplo, Uruguay es uno de los únicos seis países de América Latina que cuenta con un sistema de cobertura por desempleo para sus trabajadores. Es más, de acuerdo a la información de la OIT, el 75% de los trabajadores del mundo carecen de seguro de desempleo y en América Latina apenas el 17% de los trabajadores que quedan cesantes, cuentan con un seguro de esta naturaleza. La organización mundial indica, además, que si se excluye a Chile y Uruguay la cobertura por desempleo apenas alcanza al 6% de los trabajadores de América Latina.

Como se sabe, en Uruguay la mitad de los trabajadores poseen el derecho al seguro de desempleo y si sumamos a los funcionarios públicos, el total de trabajadores cubiertos llega casi al 70%. Este nivel de protección es realmente excepcional en términos internacionales.
Por otra parte, nuestro sistema de salud garantiza una cobertura universal y ha demostrado una capacidad que también lo ubica como uno de los más completos de la región.

A su vez, nuestro país también posee un sistema de seguridad social muy extendido incluyendo un régimen de jubilaciones y pensiones con una cobertura casi completa y un sistema de asignaciones familiares focalizado en los hogares de menores recursos que, también, es de particular destaque en la región.
Por lo tanto, nuestra capacidad instalada en materia de salud y protección social, resultado de décadas de aportes de todo el sistema político y de diferentes gobiernos, nos permitió que la respuesta a la situación de crisis provocada por la pandemia tuviera mucha mayor respuesta.

De hecho, sólo las prestaciones para el seguro de paro representaron una erogación que en los cinco meses transcurridos se ubica en los U$ 250 millones de dólares y otros U$ 20 millones que se aplicaron para sostener el subsidio por enfermedad para cuarentenados y mayores de 65 años. Tales subsidios, de por sí ya representan medio punto del PIB y, obviamente, parecen no haber sido tenidos en cuenta en el cómputo realizado por ese estudio de la CEPAL.

En el mismo sentido, una simple evaluación del nivel de gasto social sobre PIB, muestra que, de acuerdo a la CEPAL, nuestro país destinaba en 2018 el 17.2% a las diferentes prestaciones sociales, mientras que en el promedio de América Latina la cifra se ubicaba en el 11.3%.
Es más, tenemos la convicción de que un análisis más fino de lo que nuestro país ha destinado para enfrentar la emergencia sanitaria va a demostrar que la inversión de Uruguay frente a la crisis es sensiblemente más alta de lo que se indica en ese estudio.

Por otra parte, el mismo estudio de la CEPAL mencionado señala que, además, "En el Paraguay y el Uruguay se realizaron capitalizaciones adicionales a los fondos de garantía para incrementar sus líneas de crédito disponibles hasta un 1,3% del PIB y un 4,5% del PIB, respectivamente", lo que implica un importante esfuerzo adicional para apoyar y sostener el funcionamiento de la economía local.

Finalmente, importa, además, agregar que las proyecciones del impacto de la pandemia sobre nuestro país son particularmente menos malas que para buena parte de la región e, incluso, del mundo.
En efecto, la misma CEPAL en el mencionado informe proyecta las cifras de aumento de la indigencia y pobreza para los diferentes países de América Latina. Y al respecto también la perspectiva de nuestro país es sensiblemente menos grave que la pronosticada para el promedio de la región.
De acuerdo a este organismo, en América Latina la indigencia aumentará en un 4.5% pasando de 11 a 15.5% durante el año 2020 y la pobreza crecerá 7.1%, aumentando de 30.2 a 37.3%. Mientras tanto, la proyección para Uruguay indica que la indigencia aumentará 0.2% (pasando de 0.1 a 0.3%) y la pobreza crecerá 2.4%, pasando de 2.9 a 5.3%.

Pero lo mismo ocurre con respecto a las previsiones de caída del PIB.
La OIT proyecta que la caída del PIB en América Latina será del orden del 9.1%, mientras que para Uruguay estará seguramente por debajo del 5%, cifra que se ubica también por debajo del promedio que el Banco Mundial y la OCDE proyectan como caída del PIB mundial.

En definitiva, la crítica formulada desde la oposición choca directamente con la evidencia de los números y las estadísticas que muestran que, no sólo nuestro país ha tenido éxito en su lucha sanitaria contra la pandemia, sino que las respuestas brindadas determinan que el impacto social y económico también sea sensiblemente menos fuerte que para buena parte de la región y del mundo.
Esto no significa que no haya que seguir apoyando y tomando medidas de contención social, tal como se ha hecho hasta el momento, acentuando la aplicación de recursos en aquellos sectores más afectados y débiles de nuestra sociedad.

Pero, esto sin dejar de reconocer y defender la preocupación y la sensibilidad social que hemos expresado y manifestado en la lucha contra el impacto de una crisis de escala planetaria que nos ha afectado a todos.