Uruguay atraviesa una situación de déficit hídrico muy compleja. La sequía generó una doble crisis. Una, en el sector productivo y la otra, de abastecimiento de agua potable. Respecto a los impactos en el sector agropecuario, la respuesta del gobierno fue negligente porque actuó con medidas insuficientes y tardías.

El gobierno ha pronunciado cientos de discursos elogiando al sector agropecuario, a los pequeños productores y a la familia rural. Lo que se puede observar es que han sido solo palabras, los discursos no se han traducido en hechos concretos que ayuden de manera real a los pequeños y medianos productores agropecuarios de nuestro país. “Del dicho al hecho hay un largo trecho”, sería la frase que resume las escasas políticas que el gobierno de Luis Lacalle Pou hizo llegar al campo.

Antes de analizar las consecuencias del déficit hídrico en el sector agropecuario de nuestro país, es necesario caracterizarlo. Según la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), “el 90 % de la tierra en Uruguay está destinada a actividades agropecuarias, con un 16 % del Producto Interno Bruto de nuestro país que proviene de este sector. Aproximadamente, el 98 % de las cerca de 50.000 unidades productivas, son pequeñas y medianas empresas, con un Registro de Productores Familiares que da cuenta de 17.763 Unidades de Producción Familiar y más de 200.000 personas se emplean en la agroindustria.”

De manera que los grandes sectores agroindustriales son: el sector cárnico, que encontramos productores en todo el país; el sector lechero, que se encuentra ubicado en la cuenca del Río Santa Lucía y Río de la Plata (Colonia, San José, Florida, Canelones); el sector forestal; que se encuentra más bien ubicado en los departamentos del norte del país; el sector granos/oleaginosas (Soja, Canola, Trigo, Cebada) ubicado en el litoral y sur del país; el sector arrocero ubicado en los departamentos del Este (Rocha, Treinta y Tres); y por último, el sector hortícola/frutícola ubicado en el sur y parte en el norte (Canelones, Montevideo, Colonia y Salto).

Los impactos de la sequía en el sector productivo se calculan aproximadamente en US$ 1.175 millones, lo que significa un 1,9 % del PIB aproximadamente. El monto de apoyo del gobierno al sector sumaron US$ 9 millones a febrero de 2023 según la CNFR, es decir, el apoyo del estado es de un 0,7 % de las pérdidas por el sector agropecuario.

El gobierno ha tomado medidas ineficientes e insuficientes de manera que solamente el 20% de los productores han sido alcanzados por las medidas.

La falta de distribución adecuada de ración para animales y el no haber continuado con obras de riego del programa “Más Agua” tendrá como consecuencia la merma de la producción. En relación a la ganadería, se estima que disminuirá el 15 % la tasa de procreo, eso significa que habrá entre 350 mil y 400 mil terneros menos. La falta de agua en los sectores hortícolas/frutícolas generan pérdidas importantes, a nivel vitivinícola existe un merma del 20 % de la cosecha, es decir 100 mil kilos menos de uva, y hay una reducción importante en la cosecha de frutas y verduras.

Además de una distribución inadecuada de ración e inversión en obras de riego, se suma que la asistencia financiera a los productores no ha sido suficiente. En este caso los más perjudicados son los pequeños productores que no tienen acceso a seguros agrícolas y/o reservas financieras. El gobierno ha brindado préstamos pero con tasas positivas tanto en dólares como en pesos, es decir no hay asistencia financiera directa a pequeños productores que posiblemente ya se encuentren endeudados.

De hecho el sector agropecuario es el sector de la economía con más problemas financieros, después de los hogares. Según un informe de Asociación de Bancarios de Uruguay (AEBU) de 2023, el 14 % de los deudores del sector agropecuario se encuentran caracterizados como deudores irrecuperables.

En el sector hortícola/frutícola, ya en el 2021 se encontraba fuertemente endeudado. El crecimiento del endeudamiento de los sectores frutícolas y hortícolas aumentaron un 48 % y un 45 % respectivamente según la Opypa. De acuerdo a los datos que divulga mensualmente el Banco Central, el stock de endeudamiento bancario del sector frutícola en su conjunto (incluye FHC, cítricos y arándanos) se ubicó en US$ 28 millones al cierre de setiembre de 2021, un 48% por encima del registro de un año atrás.

Los datos confirman los testimonios de muchos productores de nuestro país, a los cuales la sequía larga y la insuficiencia de medidas del gobierno los coloca en una situación grave y crítica.

Productores endeudados, sin posibilidad de adquirir ración, animales o insumos, que toman la decisión de vender sus tierras y sus activos forman parte del proceso de expulsión y concentración. Por lo tanto, una eventualidad crítica como la sequía, sin la asistencia suficiente se transforma en una situación estructural, ya que revertir el vaciamiento del campo es mucho más difícil que mitigarlo en el momento justo. Y es mucho más caro para la producción, para la economía y para el sector agropecuario.

La consecuencia de la falta de medidas suficientes, sobre todo a pequeños y medianos productores, genera la expulsión de las familias del sector agropecuario, la concentración de la producción y la tierra en manos de menos actores.

Por tanto, entendemos fundamental construir nuevos instrumentos como por ejemplo un Fondo de Desarrollo Agropecuario o un Fondo de Estabilización Agropecuario, de manera de enfrentar eventualidades climáticas críticas con otro respaldo, que opere como un colchón para productores como forma de evitar que el impacto sea estructural o duradero y se extienda al resto de la economía. Porque debemos recordar que la producción agropecuaria es multiplicadora de riqueza, repercute en los servicios y bienes utilizados en el sector, en los fletes, en los servicios agrícolas, en maquinaria y mantenimiento, en el comercio regional, etc. En definitiva, el futuro de nuestra producción agropecuaria depende de lo que hagamos hoy.