Opinión | “Veinte años no es nada”, pero cincuenta años son demasiado

El pasado miércoles 18 la Cámara de Representantes sancionó el proyecto de ley por el cual se crea el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. La iniciativa había sido del gobierno anterior, que la remitió al Parlamento el 28 de febrero (último día hábil de su gestión) con la firma del presidente Vázquez y los ministros Rossi, Astori y Bayardi. El Senado aprobó el proyecto el 15 de julio. Después de tratarlo en la Comisión de Transporte e introducir varios cambios la Cámara lo sancionó en la fecha indicada. El proyecto volvió al Senado, para que este resuelva si acepta o no las modificaciones dispuestas por los diputados.

El Partido Nacional, el Frente Amplio, los representantes del sector Batllistas del Partido Colorado y la mayoría de los representantes de Cabildo Abierto votaron a favor del referido proyecto de ley. En cambio, los representantes del sector Ciudadanos del Partido Colorado, el diputado del Partido Independiente y algunos diputados de Cabildo Abierto votamos en contra; esta columna pretende explicar por qué.

El Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales se integrará con los aeropuertos que determine el Poder Ejecutivo. La idea básica es que los aeropuertos rentables financien a aquellos que no lo son. Esto significa, concretamente, que con los recursos que se extraen de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce se financiarán las inversiones necesarias en los aeropuertos del Interior del país que el Poder Ejecutivo señale, y que en principio -según surge de algunos antecedentes administrativos- serían los de Rivera, Salto, Colonia y Carmelo.

"¿Cuál es el fundamento o legitimidad de estos subsidios cruzados?", pregunta el informe en mayoría de la Comisión de Transporte. Y responde: "La sustentabilidad de los aeropuertos depende de que haya otros que permitan el tráfico con las distintas zonas del país. En el caso propuesto se pretende incentivar la conectividad aérea entre las distintas zonas del interior entre sí y con Montevideo y Punta del Este. Ello crea sinergias que en definitiva mejoran el rendimiento de todos los aeropuertos."

El meollo del proyecto está en su artículo segundo, por el cual se faculta al Poder Ejecutivo "a otorgar mediante procedimiento competitivo y a renovar, modificar, ampliar el objeto o prorrogar concesiones o contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación conjunta o separadamente de los aeropuertos ubicados en el territorio nacional, a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por un plazo máximo de hasta 50 años".

En caso de prórroga de concesiones o contratos de concesión vigentes, sigue diciendo el artículo segundo, el plazo de estas no podrá superar los 50 años desde el inicio del contrato original.

Es sabido que la gestión y explotación de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, que son actualmente los únicos aeropuertos internacionales rentables del país, están concedidas a la misma empresa por un plazo que vencerá en el año 2033. El plazo original de la concesión en la subasta del año 2003, dispuesta por el gobierno de Jorge Batlle, era de 20 años. Esos 20 años le bastaban a la empresa para recuperar la inversión que se comprometía a realizar, más el precio pagado en la subasta para adquirir las acciones de la sociedad concesionaria que el Estado ofrecía en venta al mejor postor (todo lo cual sumaba unos 200 millones de dólares), y obtener además el correspondiente beneficio.

En el año 2014 el gobierno presidido por José Mujica otorgó al concesionario una ampliación del plazo de 10 años, a cambio de una módica inversión adicional.
Ahora, a través del esquema que se traza en el artículo segundo del proyecto, el mismo concesionario obtendrá una prórroga del plazo de la concesión que podrá llegar hasta el año 2053.

Está claro que el único que puede ofrecer hacerse cargo de las inversiones necesarias en los aeropuertos del interior que el Poder Ejecutivo quiere potenciar, es quien está obteniendo los beneficios resultantes de la explotación de los aeropuertos rentables, es decir, Carrasco y Laguna del Sauce. En este sentido el diputado Iván Posada pudo decir, sin que nadie lo desmintiera, que dicho artículo segundo tiene nombre y apellido. Aunque el artículo diga que la concesión de los aeropuertos del interior se otorgará "mediante procedimiento competitivo", no habrá competencia, porque la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce está vigente y tiene plazo hasta el 2033. Nadie va a competir por los aeropuertos deficitarios, si los rentables no entran también en la conversación.

Al adjudicarse la concesión de los aeropuertos del interior, que puede otorgarse hasta por 50 años, el concesionario de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce obtendrá la prórroga de esta concesión por el mismo plazo. El proyecto inicialmente sancionado por el Senado no establecía cortapisa alguna a este respecto. En Diputados se agregó la disposición por la cual, si se prorrogan concesiones vigentes, los 50 años se contarán "desde el inicio del contrato original".

Quien resultó el mejor postor en la subasta del año 2003, pues, podrá retener la concesión obtenida hasta el año 2053, sin haber tenido que volver a competir por ella durante todo ese medio siglo. En tiempo de innovaciones permanentes y en un sector tan dinámico como el de la aviación, 50 años sin competencia verdadera parece, claramente, demasiado.

Por eso Ciudadanos y el Partido Independiente votaron en contra del proyecto en general y de su artículo segundo en particular, y por eso algunos legisladores de Cabildo Abierto votaron también en contra de dicho artículo segundo.

Más allá del contenido del proyecto cabe señalar, desde el punto de vista político, que al no obtener el acuerdo en el seno de la coalición de gobierno el Partido Nacional optó por formar la mayoría con los votos del Frente Amplio.

Se ha sentado un precedente.

El tiempo dirá si fue un acierto.