Opinión | Una oposición seria a la LUC

Comparto una síntesis general del trabajo en la Comisión especial creada a los efectos de analizar el proyecto de ley de urgente consideración (LUC). En entregas posteriores abordaremos en detalle algunas secciones del proyecto.

Hace poco más de un mes el Presidente de la República envió al Parlamento Nacional el Proyecto de Ley con el rótulo de “urgente consideración”. En plena cuarentena, en medio de la completa incertidumbre sanitaria, laboral, financiera global, el gobierno expuso sus propias urgencias, lejos, en nuestra opinión, de las urgencias de la gente. No hay que confundir temas que deben ser abordados rápidamente, con el mecanismo de tratamiento de urgente consideración, que implica plazos exiguos y la permanente espada de Damocles de que -sobre lo que no se expida el Parlamento- quede vigente lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

Tratamos en tiempo récord todos los artículos porque peor hubiera sido que se aprobara la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero de allí a concluir que todo se pudo analizar con la profundidad que la democracia uruguaya merece, hay un trecho enorme. El tratamiento parlamentario no es solo estudiar cada artículo; un tratamiento democrático profundo obliga a escuchar todas las voces (gremiales de empresarios y de trabajadores, sociedad civil, academia). Es cierto que desfilaron por la Comisión Especial más de 120 organizaciones y expertos; pero se hizo sin tiempo para profundizar en cada caso. No creemos que así se deba legislar. Consideramos que es un uso abusivo de la previsión constitucional de la urgente consideración.

Las organizaciones sociales y la bancada del FA sostuvimos con fundamentos que no había condiciones para embarcar a la sociedad en semejante debate. Expusimos razones de oportunidad, de sentido de la urgencia, de participación democrática, de involucramiento ciudadano, así como reparos constitucionales, solicitando quitar la urgente consideración. Siempre planteamos que estamos dispuestos a tratar todos los temas propuestas, pero no correspondía un tratamiento de urgencia. No fue acompañado por el gobierno.

Se documentaron con sustento doctrinario razones de inconstitucionalidad. No se trata de un proyecto de ley de urgencia, sino de muchas iniciativas subsumidas en un único articulado, lo cual está expresamente prohibido en el art. N°168, numeral 7° literal a) de la Constitución. Nada de esto fue de recibo. El oficialismo no accedió a diferir ni uno de los capítulos.

En ese marco comenzó el trabajo en la Comisión especial del Senado. En medio de restricciones sanitarias, con tiempos por demás exiguos, abocados al análisis de un articulado extensísimo, diverso y que en nuestra visión, no refleja las verdaderas urgencias ciudadanas: la pandemia y sus impactos económicos y sociales, el empleo, la informalidad, la pobreza.

Por todas estas y otras razones el Frente Amplio (FA) votó unánime y negativamente la ley en general.

El articulado aprobado por la Comisión especial del Senado tiene muchas modificaciones con respecto al proyecto del PE. Alguien podría pensar que los cambios son el resultado del debate democrático, del enriquecimiento por parte de la academia y la sociedad civil, del contraste con la literatura comparada. No es así.

Las diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y la versión aprobada en Comisión obedecen, en primer lugar, a las corridas del propio gobierno que remitió temas que hasta sus jerarcas, en ocasiones, desconocían y fue haciendo cambios hasta la última hora.

En segundo lugar, hay moderaciones y giros importantísimos promovidos por el FA. El FA convocó a un conjunto enorme de expertos y de organizaciones representativas de la sociedad, constituyó nodos de análisis según los temas, elaboró documentos que son de conocimiento público. Se multiplicaron las asambleas y juntas virtuales, instancias de dirección política, mesas transversales. Reunió equipos, relevó opinión calificada dentro y fuera del país. Demandó la comparecencia de la academia, organismos internacionales, sociedad civil. No rehuyó el estudio, ni dio el debate por perdido ni en un solo artículo (aunque perdió en la mayoría). La bancada del FA elaboró propuestas concretas y redactó de puño y letra sustitutivos y agregados. Ser oposición responsable y constructiva no es retórica. Son horas de trabajo colectivo y compromiso de sus legisladores.

El trabajo del FA fue clave para moderar o, directamente, evitar daños que hubieran tenido consecuencias nefastas. Pero en la mayoría no pudimos y nos preocupa profundamente. Confiamos en que el debate en la Cámara de Diputados pueda aportar nuevos elementos y diferir debates inmensos como: la protección del medio ambiente, las garantías en materia de inteligencia del Estado, la inflación punitiva indiscriminada, el sobredimensionamiento del sistema carcelario, el retroceso de derechos y garantías tales como la libre circulación, el derecho de huelga; la marcha atrás en la inclusión financiera, o el debilitamiento del marco de prevención de lavado de activos.

Argumentamos en contra de varias disposiciones relevantes que se incluían en el proyecto original y finalmente fueron eliminadas en comisión. Nos congratula, y alivia, que esto haya ocurrido.

En materia de eficiencia de nuestras empresas públicas, por ejemplo, se pretendía que ya no pudieran comprar por el mecanismo de excepción previsto en el TOCAF para cuando están en competencia. De haber prosperado esta iniciativa se hubiera puesto en desventaja a las empresas públicas, precisamente cuando deben competir, beneficiando únicamente a sus competidores privados. Se evitó un movimiento en dirección completamente contraria a la eficiencia del Estado. Se logró revertir la disposición que limitaba la capacidad de competir de las universidades públicas frente a las privadas en materia de asesoramiento. Se evitó que se derogara la norma que habilita a ANEP la contratación en forma directa para la realización de pequeñas reparaciones en escuelas y liceos públicos, valioso instrumento para una gestión eficiente de la infraestructura de la educación pública.

En lo que respecta a funcionarios públicos y estructura de la Administración Central, el proyecto de LUC pretendía que el PE por sí solo, y sin pasar por el parlamento, pudiera definir la estructura de la Administración Central. También permitía que el PE resolviera el traslado de funcionarios desde la Administración Central a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, o viceversa. Ambos aspectos, concentraban potestades en el PE, desconociendo el rol debería cumplir el PL, pudieron ser revertidos a partir del trabajo del FA.

También argumentamos en contra de volver como norma lo que hoy es una excepción reglada en materia de la titularidad de inmuebles y explotaciones agropecuarias. El proyecto original derogaba, de forma oblicua, la exigencia de que en estos casos las acciones deban ser nominativas. De haber prosperado esta iniciativa, en nada se hubiera beneficiado la inversión privada en este sector fundamental de nuestra economía. Esta iniciativa no es aislada, sino que obedece a una concepción en la cual la transparencia no es una virtud, ni fuente de valor en la organización de los mercados y el funcionamiento de la economía. Es parte de una agenda y una concepción que no compartimos y que es contraria a los esfuerzos y avances en transparencia y calidad de las reglas de juego que Uruguay ha recorrido durante los gobiernos del FA.

Es especialmente relevante haber logrado erradicar de la ley la desmonopolización de los combustibles. Siempre planteamos que era una iniciativa basada en un posicionamiento político ideológico, más que en análisis profundos. El cambio en el articulado justamente incorpora el reclamo al Poder Ejecutivo de que realice todos los estudios en la materia e incorpora todos los temas que justamente el Frente Amplio decía que no estaban estudiados y fundamentados.

Desearíamos que lo que queda de debate parlamentario contribuya a continuar reduciendo el daño. De lo contrario, a pesar de las alertas del Frente Amplio y de las docenas de instituciones, organizaciones sociales y académicas que recogen las actas de la Comisión, el país tendrá un nuevo conjunto de normas regresivas y lo que es peor, seguirá en deuda con las innumerables urgencias que se agigantan.