Opinión | ¿Una licencia de onda?

El gobierno se encuentra en proceso de renovación y concesión de los espectros radioeléctricos para tecnologías 3G y 4G, y subasta 5G. El mismo, se ha venido dando de manera poco competitiva, con falta de transparencia y con sesgo proempresarial.

La política de telecomunicaciones y el despliegue de su infraestructura es un elemento central del desarrollo de nuestro país. Entendemos que dicha política debe ser liderada por nuestra empresa pública Antel y en los casos que haya competencia deben participar la mayor cantidad de operadores posibles.

El gobierno ha optado por lo contrario, desproteger a Antel frente a las multinacionales en cada acción de gobierno que puede. Y cuando debe abrir la competencia, la limita, contradiciéndose una y otra vez.

Renovación de concesiones 3G y 4G

El espectro radioeléctrico se utiliza para prestar servicios de telefonía móvil, es decir se usa para banda ancha móvil y para la red de telefonía estándar. Es importante diferenciarlo, porque el espectro se puede utilizar para una finalidad o para ambas.

El 29 de noviembre de 2022, el gobierno emitió el Decreto N° 377/022 para renovar las licencias del espectro radioeléctrico, que vence en 2022 y julio de 2024, las cuales se habían concesionado hace 20 años atrás para las tres empresas de telecomunicaciones de nuestro país: Antel, Claro y Movistar. Dicho decreto determina una renovación de las licencias concedidas respecto de los beneficiarios comprendidos por tal norma, es decir, crea nuevos derechos hacia los licenciatarios sin justificación jurídica alguna.

Los licenciatarios comprendidos en el decreto obtuvieron su licencia inicial, en el marco de una licitación, en la cual pudieron presentarse otros licenciatarios y ofrecer condiciones de cumplimiento de sus servicios, que pudiesen resultar más ventajosas para el Estado y/o, sobre todo, para la población.

Las licencias obtenidas en tal procedimiento competitivo lo fueron por un marco temporal, sin referencia alguna en la licitación a renovación alguna (por cuanto el Decreto en examen lo refiere así expresamente). Así, una vez vencido el plazo de la concesión, jurídicamente no pueden caber dudas: vence el plazo de la concesión, volviendo al Estado la facultad de licitar nuevamente los bienes estatales oportunamente dados en concesión.

Resulta de toda lógica, y connatural a la más elemental buena administración estatal, que el Estado (tal como haría elementalmente todo operador privado) pretenda obtener las mayores ganancias y las mejores condiciones técnicas de prestación de tales servicios públicos.

El procedimiento competitivo (licitación) es el que aparece largamente como el más adecuado para tales fines. De tal suerte que, en dicho marco y regidos por el principio de competencia, podrán todos los particulares que deseen ofrecer la mayor contraprestación económica posible (redundando en un beneficio del Uruguay todo) y las mejores condiciones técnicas para proveer servicios en régimen de concesión de un servicio público.

Estos aspectos son centrales, en tanto estamos entregando un bien público como el espectro radioeléctrico totalmente discrecional. La existencia de un proceso competitivo hubiera permitido posiblemente mejorar los aspectos técnicos y económicos de la explotación del espectro.

Dado que no se dio ese proceso competitivo, lo que quedaba era determinar el precio lo más parecido posible que si hubiera existido un subasta. Pues bien, el precio se fijó igual al de 20 años atrás por un monto de 6 millones por cada bloque (10 mhz). Al observar las concesiones subastadas en 2013 y 2017 se llegó a 7,7 millones de dólares en promedio por cada bloque de 10 mhz a 20 años. Es decir, que hace más de 5 años ya se alcanzaron cifras superiores a las que el gobierno actualmente entrega de manera discrecional.

A su vez se están renovando dos frecuencias de diferentes tipos, la 850 y la 1900. Como habíamos mencionado las frecuencias tienen características diferentes, las frecuencias bajas (700-890 mhz) tienen más cobertura que las frecuencias medias (1700-1900 mhz). Como tienen más cobertura, son más rentables porque se requiere menor inversión en infraestructura. A nivel internacional como es más rentable es más cara, se calcula que puede ser entre 1,8 y 2,7 más cara, es decir por lo menos la 850 vale el doble que la 1900.

Según el decreto, se establece el mismo precio para las dos frecuencias, la 850 y la 1900. En este caso la concesión para las dos frecuencias es para la empresa Movistar, la de 1900 se renovó en diciembre de 2022 y la 850 se debe renovar en julio del 2024. Al establecer el mismo precio para frecuencias con valores distintos, claramente se está beneficiando a esta empresa.

Subasta 5G

Concomitante con el proceso de renovación de licencias antes mencionado, se empiezan a dar los primeros pasos para el despliegue de tecnología 5G. Esta tecnología de banda ancha móvil es una evolución del 4G, en tanto permite la transmisión de grandes cantidades de información a mucha más velocidad. Se puede comparar con la Fibra Óptica, con la ventaja de que es inalámbrica, lo que permite desarrollar la internet de las cosas. Es decir, ya no sólo transmite información, sino que opera dispositivos electrónicos y mecánicos de manera remota y de manera masiva. Si bien es un cambio que ya se viene operando, este salto mejora dichas posibilidades. Los ejemplos prácticos son varios, desde la existencia de cualquier tipo de vehículo autónomo hasta intervenciones quirúrgicas a través de robots de manera remota o el control de cualquier dispositivo electrónico de nuestro hogar de manera remota, etc.

En los últimos 15 años previo al 2020, nuestro país estuvo a la vanguardia en telecomunicaciones en Latinoamérica. En los primeros lugares de penetración a internet, en el primer lugar con despliegue de acceso a la tecnología 4G, en el primer lugar con acceso a fibra óptica. En el 2019, fue el primer país de Latinoamérica que desplegó la tecnología 5G a través de Antel. Ese proceso se truncó abruptamente en el 2020 con el cambio de gobierno. Casi sin fundamento el gobierno no continuó el despliegue de dicha tecnología a pesar de contar con el marco legal, con Antel y los recursos necesarios para hacerlo.

No obstante, el gobierno decidió esperar tres años para empezar con el proceso de despliegue de dicha tecnología. Este proceso empezó con el llamado para subastar las frecuencia 3,5 ghz que es una de las frecuencias que se requiere para implementar la tecnología 5G. En diciembre del año pasado promulgó el decreto 425/022 para aprobar las bases y condiciones de la subasta y en marzo de este año publicaron las bases y condiciones.

El documento de bases y condiciones tiene varios inconvenientes. El llamado se viste de abierto pero se establecen ciertos requisitos para que solamente las dos empresas privadas que operan en nuestro país participen del llamado. Para participar del mismo deben percibir ingresos por más de 50 millones dólares y haber operado por más de dos años en dos países de América o Europa. De un plumazo están eliminando la posibilidad de que empresas nacionales participen del despliegue de la tecnología 5G - cabe aclarar que Antel ya tiene reservado parte del espectro-.

Otro elemento importante es el precio de la subasta, el cual quedó establecido en 28 millones de dólares por 25 años. La información para establecer el precio base no ha sido transparentada de manera suficiente como para evaluar dicho precio. Pero podemos tomar un par de ejemplos internacionales para tener una idea. En República Dominicana se subastaron 140 MHz por 20 años y se obtuvieron casi 74 millones de dólares, lo que ponderado según la población y el PBI per cápita de Uruguay colocaría un valor por bloque de 100 MHz por 25 años de más de 42 millones de dólares. Mientras tanto, en Chile se subastaron 150 MHz por 30 años y se obtuvieron casi 347 millones de dólares, lo que nuevamente ponderado según la población y el PBI per cápita de Uruguay arrojaría un valor por bloque de 100 MHz por 25 años de más de 46 millones de dólares.

También hay que destacar que a Antel se le reservan solamente un lote de 100 MHz, de los 300 MHz puestos a subasta. Es decir, cerca del 30% del espectro disponible cuando la empresa estatal de telecomunicaciones tiene aproximadamente el 60% del total de servicios móviles.

Por otra parte, el llamado no asegura el despliegue del 5G obligatoriamente. En tanto, la exigencia es de colocar radiobases de 4G o 5G en cualquiera de las frecuencias habilitadas para servicios de telefonía móvil (no necesariamente los bloques las que se subastan), un caso que podría llegar a darse es que al cabo de los tres años se haya cumplido efectivamente con la instalación de las 70 radiobases, pero ninguna de ellas utilice la banda de 3,5 GHz ni brinde servicios que utilicen la tecnología 5G.

En resumen, el gobierno puso en pausa por lo menos cuatro años el despliegue de la tecnología 5G, establece una proceso que no asegura el despliegue de dicha tecnología, determina condiciones que limitan la participación de actores nacionales, establece un precio que no parece condecir con lo máximo posible que el Estado puede recaudar, y limita a Antel el despliegue óptimo de esta tecnología.

No sorprende la actitud adoptada por este gobierno con relación a la empresa pública Antel. Tampoco su sesgo proempresarial. Pero sí nos preocupa la falta de transparencia en los procedimientos y la fijación de precios. En ese sentido y cumpliendo con nuestro rol de oposición, venimos realizando pedidos de informes y lo seguiremos haciendo, para poder conocer las explicaciones técnicas y jurídicas, que respaldan definiciones políticas, por ejemplo, que benefician a una misma empresa.