Opinión | Un salto de convivencia

En 2020, cuando asumió la nueva administración, el país estaba en una situación dramática en cuanto a seguridad.

Durante los gobiernos del Frente Amplio se duplicaron los homicidios y se triplicaron las rapiñas. También imperó una visión de desconfianza frente al accionar policial.

Este gobierno luego de décadas ha logrado quebrar la tendencia alcista de los delitos y no sólo eso; ha logrado bajar los delitos, algunos de manera significativa como hurtos, rapiñas y abigeato.

Se han fortalecido las comisarías, equipándolas con funcionarios y móviles, se ha expandido la cobertura de la Guardia Republicana, se han mejorado las capacidades tecnológicas, y hemos dado un combate frontal al narcotráfico reabriendo las brigadas departamentales de Montevideo y Canelones, permitiendo a la dirección nacional encargarse de las medianas y grandes organizaciones.

Pero lo más importante es el cambio de orientación en la lucha contra el delito y la delincuencia. Pasamos de la indulgencia y la tolerancia a, como decía Jorge Larrañaga, “aplicar la ley, ejerciendo la autoridad, y restablecer el orden y el respeto como base de la convivencia ciudadana pacífica (…) con respaldo jurídico y material a la policía (…)”.

Se devolvió la confianza a la Policía, dejando de lado los prejuicios que contra su accionar se tenía por parte del anterior gobierno.

Todos estos avances alimentan la esperanza de continuar mejorando. Podemos comprometernos a mejorar porque mejoramos.

Sobre los escombros que nos dejó la anterior administración se ha podido construir un primer piso que habilita a seguir mejorando con un segundo piso de transformaciones.

En particular, en esta ocasión me permito destacar las innovaciones en el diseño del combate al crimen organizado y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia criminal.

El programa de gobierno de Álvaro Delgado propone la creación de una Unidad Especial Multifuerzas que se inspira en la DIA -Direzzione investigativa antimafia- de Italia, mediante la cual se concentrarán y coordinarán los esfuerzos estatales contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. El propósito de la Unidad es que mediante el “trabajo conjunto y coordinado, con elencos técnicos y profesionales estables” se logre “la acumulación y procesamiento de información que mejore la capacidad de inteligencia preventiva y respuesta represiva en la persecución del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos”.

En el mismo sentido se propone la unificación de los cometidos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de modo que se pueda concentrar el control del sistema financiero y no financiero para mejorar la eficiencia de la lucha contra el lavado de activos.

El capítulo también refiere a que se fortalecerá el trabajo de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, en el plano de la inteligencia anticrimen, apuntando a la especialización de sus integrantes con capacitaciones permanentes. También se hace mención al fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia en todos sus niveles, potenciando a la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado. Asimismo, se incrementará la cooperación de Inteligencia con países vecinos y se designarán y ampliarán los agregados policiales en EE UU, España, Italia y países de la región.

Las innovaciones llegan también a la Dirección de Investigaciones para la cual se propone la conformación de delegaciones regionales para colección de información, análisis y coordinación de operaciones.

En el caso de los homicidios se propone la conformación de equipos especiales multidisciplinarios integrados por personal de Policía Científica para acelerar los procesos investigativos.

El compromiso represivo contra el crimen organizado y el narcotráfico también se visualiza con la propuesta de modificación de normas penales y procesales. Así se propone “crear un delito específico por la integración a un grupo criminal cuyo objetivo sea el narcotráfico como hizo Italia con la mafia y algunos estados de Estados Unidos contra las pandillas”.

También se propone modificar la ley de drogas, agravando la pena según la cantidad de sustancias prohibidas incautadas.

Se propone castigar como agravante especial los homicidios “por venganza o disputas de cualquier tipo entre bandas criminales” y además se propone la “adopción de medidas especiales de protección para testigos y peritos que sean parte en los procesos penales contra el crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos”.

Todas estas medidas apuntan a combatir el narcotráfico disputando el territorio, combatiéndoles la “cabeza” y también “el bolsillo”, para “asfixiarlos” económicamente.

Estas medidas contrastan con la propuesta programática del Frente Amplio, que en su página 54, bajo el título “Revisar la legislación de las políticas sobre drogas”, su punto “C” consigna: “Analizar y promover estrategias de regulación de los mercados, como instrumentos para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas. Promover a nivel regional e internacional, la revisión de políticas de drogas, a efectos de consolidar el paradigma de regulación de mercados y de derechos humanos”.

Según una entrevista en La Diaria, publicada el pasado 6 de mayo, el coordinador programático del FA en esta área, Diego Olivera, sostuvo que esto refiere a “promover estrategias de regulación de los mercados” para la luchar contra el narcotráfico “teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas” y que se evalúa “eventualmente la incorporación de otras sustancias, o la regulación legal de otras sustancias” donde ven “todo el campo de los psicodélicos como un segundo escalón regulatorio que se podría transitar”. Por sustancias psicodélicas se entiende “hongos, LSD, psilocibina, que es el principio activo de los hongos mágicos” teniendo en cuenta “que son sustancias que tienen un potencial terapéutico muy importante, o que tienen usos rituales muy arraigados, como es el caso de la ayahuasca” y en el FA creen “que son sustancias que se podrían regular, más allá de que no constituyen en sí mercados que hoy sean violentos, o que expliquen un monto importante de criminalidad”. Si bien no está explícito en el programa, Olivera aseguró que “es algo que se conversó y que es aceptado en el contexto de quienes pensamos la reforma de la política de drogas”.

Queda explicitado y reconocido por tanto que el Frente Amplio pretende un nuevo experimento con los uruguayos transitando el camino de la legalización de drogas en lugar de enfrentar con decisión al narcotráfico.