Opinión | Un presupuesto para el indispensable cambio de rumbo

La Cámara de Representantes comenzó esta semana el estudio del proyecto de ley de presupuesto quinquenal.

Ya desde el año pasado -por lo menos- se sabía que el presupuesto del gobierno que asumiera sus funciones el 1º de marzo de este año tendría que ser austero; el notorio deterioro de las cuentas públicas así lo indicaba. Por eso, en la campaña electoral, los actuales gobernantes no prometieron villas ni castillos; sabían que encontrarían una situación de difícil manejo. La dirigencia frenteamplista también lo sabía, obviamente, pero en campaña electoral rechazaba tanto las reducciones del gasto como el aumento de impuestos: sostenía que el problema del déficit se resolvería a través del crecimiento de la economía.

Lo cierto es que, por efecto de la famosa pandemia, la realidad resultó ser mucho peor que lo esperado. La ilusión de que este año comenzaría a reducirse el déficit fiscal de 5 puntos del PBI duró hasta el 13 de marzo; ese día se diagnosticaron los primeros casos de Covid 19 en nuestro país. Como consecuencia, la actividad económica disminuyó: se estima que este año el PBI caerá un 3,5%. Con la actividad económica cayó también, obviamente, la recaudación. Por otro lado aumentó el gasto, debido a las erogaciones necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria y a sus consecuencias económicas y sociales; se estima que a fin de año el Fondo Coronavirus habrá gastado unos 768 millones de dólares (1,6 puntos del PBI y no 0,7 puntos, como dice la Cepal), a los que deben sumarse los 2.500 millones de dólares en líneas de crédito a las empresas que el gobierno está dispuesto a garantizar para "mantener encendidos los motores de la economía", según ha dicho la ministra Arbeleche. Si ya preocupaba, y mucho, el déficit de 5 puntos del PBI, a fin de año habrá más de qué preocuparse: ese déficit será de 6,5 puntos del PBI, según la estimación oficial.

Si se gasta más de lo que se recauda, hay que endeudarse para cubrir la diferencia. Eso es precisamente lo que se hará. Para el 2020, "se estima un crecimiento en 12,3 puntos porcentuales del PBI en la deuda bruta, y 11,1 puntos porcentuales en la deuda neta del gobierno", dice el mensaje con el que Poder Ejecutivo acompañó el proyecto de ley enviado al Parlamento. Las deudas deben ser amortizadas y generan intereses, obviamente. Año a año el país paga miles de millones de dólares a sus acreedores por estos conceptos. Según dice la información oficial, en el 2020 tendremos que pagar 1.517 millones de dólares por concepto de intereses, y 2.152 millones de dólares por "Amortizaciones de Títulos de Mercado y Préstamos".

Más déficit y más deuda no fue lo prometido en la campaña electoral, pero nadie le puede reprochar al gobierno que se haya desviado de sus compromisos en estas materias porque el fenómeno de la pandemia es evidente y nadie puede negarlo tampoco. Lamentablemente, no tenemos certezas acerca de cuánto durarán la pandemia y sus efectos, ni aquí ni en los países con los que tenemos vínculos importantes desde el punto de vista económico. Esta incertidumbre es un dato clave del panorama que enfrentamos. No podemos razonar ni hacer planes sobre la base de que todas estas dificultades terminarán el 31 de diciembre próximo; el virus no se sujeta a ningún calendario. Por eso, es necesario reservarse márgenes de maniobra para el caso de que siga soplando el viento en contra.

Los problemas a enfrentar no terminan con la pandemia. Sabemos desde hace tiempo que la inserción internacional es fundamental para el crecimiento de nuestra economía. Desde esa perspectiva, teníamos muchas esperanzas puestas en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ahora sabemos que es muy difícil que en ese campo haya concreciones positivas en el futuro previsible. Alemania dice que no es posible ratificar el acuerdo mientras en Brasil sigan quemando enormes extensiones de la selva amazónica... Los motivos reales serán esos u otros, pero lo cierto es que ese camino parece estar cerrándose.

Teniendo en cuenta ese y otros factores, las expectativas de crecimiento económico que plantea el gobierno son prudentes: después de la caída del 2020 y el rebote del 2021, se espera un crecimiento cercano al 3% promedio anual desde el 2022 al 2024.

Frente a este panorama erizado de dificultades, el gobierno insiste en cumplir una promesa reiteradamente formulada: no aumentar los impuestos, ni crear otros nuevos. Necesariamente, entonces, hay que frenar el gasto. El gobierno estima que, mejorando su calidad, es posible evitar que crezca sin afectar con ello el cumplimiento de las tareas que el Estado debe cumplir, sí o sí. Lejos de proponer recortes del gasto social, la ministra Arbeleche reiteró varias veces ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes que lo que se procura es asegurar la sostenibilidad de las políticas sociales. En otros términos: se trata de evitar el despilfarro, el gasto superfluo, para asegurar que la plata va a estar para lo que realmente se precisa. Sin aventuras ruinosas en Ancap, estadios de Antel, regasificadoras ni publicidad oficial abusiva con fines electorales, será posible construir el hospital del Cerro, por ejemplo.

El otro punto en el que la ministra insistió con énfasis fue el de que el gran objetivo del presupuesto es hacer posible el crecimiento del empleo. Ello no se logrará designando más y más funcionarios públicos, como lo hizo pródigamente el Frente Amplio durante sus quince años de gobierno, sino creando las condiciones para que aumenten la inversión privada y la actividad económica, aumentando así también, por consecuencia, la demanda de trabajo. En este punto, el informe económico-financiero del gobierno contiene una estimación que llamó la atención: la de que el año próximo se crearán 50.000 nuevos puestos de trabajo. El diputado frenteamplista Alejandro Sánchez cuestionó la posibilidad de que esa previsión se cumpla, pero el equipo económico no se retractó. Ya veremos qué dicen los hechos.

Lo que desde ya sabemos es que Arbeleche y Alfie no están dispuestos a hacerse los distraídos, ni a barrer para abajo de la alfombra. Enfrentan un déficit insostenible y quieren corregirlo sin aumentar los impuestos, ni recortar los gastos necesarios. En consecuencia, procuran mejorar sustancialmente la calidad del gasto y eliminar abusos y despilfarros del dinero público. Una conducta fiscal seria y responsable es indispensable (no suficiente) para asegurar la sostenibilidad de las políticas sociales, el crecimiento sano de la economía y el aumento del nivel de empleo. Este es el rumbo del gobierno y tiene el respaldo firme de todos los partidos políticos que lo integran.