Por Eduardo Gudynas | @EGudynas

Hace pocos días atrás, la presidencia presentó el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Tiene grandes intenciones que se expresan en tres componentes, uno dentro del otro. Es un plan ambiental, que busca incorporar esa dimensión al desarrollo, y da un paso más, calificando que ese desarrollo debe ser sostenible.

El resultado, lo que realmente se dice en las 174 páginas del reporte, tiene varios aspectos positivos, algunos negativos, pero el resultado final es ambiguo. Se repite la muy conocida dificultad del actual gobierno en poder plantear acciones concretas.

El puntapié inicial lo dio el presidente Tabaré Vázquez, que en la presentación del reporte dice que su objetivo es servir a la "planificación estratégica" para el "desarrollo sostenible". Esas palabras y otras que están páginas más adelante, indican que la intención es hacer algún tipo de planificación del desarrollo del país y que en ella deben incorporarse las cuestiones ambientales. Es más, en el prólogo se agrega que el plan es parte de los esfuerzos del gobierno para "fortalecer la institucionalidad ambiental integrando esa dimensión en las prioridades del desarrollo nacional".

El plan tiene cuatro grandes objetivos, y vale la pena citarlos casi textualmente:
(1) Generar un compromiso país que garantice la protección del ambiente y el acceso equitativo a los bienes y servicios ambientales para las generaciones actuales y futuras, con énfasis en la población más vulnerable.
(2) Generar una relación con el ambiente basada en el respeto por la naturaleza, conservando la biodiversidad.
(3) Promover activamente el desarrollo de modelos y prácticas de producción y consumo ambientalmente sostenibles e incorporar la dimensión ambiental en las actividades socioeconómicas actuales y futuras.
(4) Fortalecer, consolidar y articular las capacidades institucionales y de la ciudadanía para la gestión y protección de los sistemas ambientales.

Todas esas grandes metas son totalmente compartibles. Es muy bueno que el gobierno diga que se comprometa con ellas. Estimo que casi nadie estará en desacuerdo. Pero el problema es cómo se llevará adelante esa tarea. La importancia de un plan radica en ofrecer un mapa, una guía, con metas más concretas que sirven a esos objetivos más amplios, con las acciones específicas para llevarlas a cabo. Es precisamente en ese encadenamiento entre metas específicas y acciones concretas donde aparecen muchos problemas.

Comencemos por indicar que el horizonte de tiempo es corto, ya que las metas apuntan al 2030. Por lo tanto, en diez años, o sea en dos gobiernos, se debería concretar cambios tales como pasar a prácticas de producción ambientalmente sostenibles. O sea, un tipo de producción que es la opuesta a muchas de las cosas que hoy se hacen en el país. Por cierto es que comparto ese intento, pero no está nada claro cómo se logrará eso. No hay un plan en cómo hacerlo, sino que se comparte una intención.

Es más, en el documento del gobierno se dice que los modos para operativizar y concretar esos y otros cambios, y las acciones institucionales acompañantes, se ofrecerán en una próxima etapa. Este tipo de problemas se repite varias veces, y desemboca en que en el plan del gobierno no se planifican ni precisan mucho las acciones y responsabilidades concretas.

También se debe evaluar si el plan del gobierno responde a las urgencias ecológicas presentes. A mi modo de ver esas emergencias están en la contaminación del agua, la intensificación agropecuaria y sus impactos ambientales, y la pérdida de biodiversidad. Estas están mencionadas en el plan del gobierno, lo que es bueno, pero no está nada claras sus jerarquías o prioridades, ni siempre hay acciones precisas para enfrentarlas.

Consideremos un ejemplo. Una prioridad estaría en revertir la contaminación de aguas y restaurar su calidad, especialmente en las cuencas del Río Negro y Santa Lucía. Esa es una tarea urgente y para avanzar en ello es indispensable lidiar con el mal uso de los agroquímicos. Pero en el plan del gobierno, en esta temática se presenta como meta la gestión integrada de cuencas al año 2030. Otra vez la misma aclaración: eso no es incorrecto, pero expresado de esa manera no alcanza. No se indican cuáles deberán ser las medidas concretas para limpiar las aguas.

Este es otro ejemplo de las variadas ambigüedades que hay en el plan, ya que mezcla intenciones, metas, acciones, instrumentos o principios de políticas públicas. La gestión integrada de cuencas no debería ser la meta; ésta podría ser, pongamos por caso, asegurar que en 2030 todos los grandes ríos del país cumplirían con todos los indicadores de calidad de agua. Para alcanzar ese fin se deberán aplicar un conjunto de instrumentos y acciones, y entre ellos deberá estar la gestión integrada de las cuencas.

Otras secciones del plan son agridulces, ya que reivindican instrumentos que el mismo gobierno ha anulado o disminuido. El caso de la evaluación ambiental estratégica ilustra esto, en tanto en el plan indica que esos procedimientos serán obligatorios en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas, planes y programas de producción. Es una intención compartible, pero el problema es que la actual administración Vázquez fue la que recortó ese tipo de evaluación. Entonces, el plan del gobierno en lugar de apelar a una redacción engorrosa, debería simplemente colocar como compromiso dar marcha atrás en los recortes que efectuó años atrás, y en precisar cómo serán esas evaluaciones y cómo asegurará que serán obligatorias.

Contradicciones de este tipo aparecen en las secciones dedicadas a las prácticas agropecuarias. Se reivindica la agroecología, pero el propio gobierno se ha resistido a promoverla, y sigue defendiendo el uso de agroquímicos, lo que es la antítesis de una agropecuaria orgánica. La meta del plan del gobierno es ampliar "significativamente" la producción orgánica, pero no se precisa qué quiere decir ese "significativamente". Estamos hablando de una ampliación, por ejemplo, de cultivo orgánicos, ¿de mil, cien mil o un millón de hectáreas? Esa meta además implica comenzar a desmontar la estrategia de intensificación productiva del MGAP, pero, una vez más, no se puede estar del todo seguro por la vaporosa redacción del informe.

No queda nada claro si hay medidas adecuadas para asegurar revertir en diez años problemas graves, como la desaparición de abejas, la fumigación de personas o la contaminación de suelos y aguas. Tampoco queda claro en el documento gubernamental cómo se manejarán las actuales tensiones entre la protección ambiental y ciertas prácticas agropecuarias actuales. Medidas tomadas por este gobierno como la nueva ley de riego, buscar la liberación de nuevos transgénicos, o la minimización del riesgo de agroquímicos, son todos elementos que van en contra de un desarrollo sustentable, el supuesto marco teórico del plan. Es más, si realmente se apostara a la sustentabilidad del desarrollo como indica el título del plan, ese compromiso con lo "sostenible" hubiera hecho imposible, por ejemplo, aprobar la planta de celulosa en el Río Negro dada la fragilidad ecológica del área.

Esa desconexión entre lo que realmente sucede en Uruguay y el país imaginado desde el gobierno quedó en evidencia casi al unísono con la presentación del plan. Mientras los voceros del Poder Ejecutivo alababan este compromiso ambiental y afirmaban a la prensa que en el agro se estaba mejorando la situación, se conocía que en Italia se detenía un cargamento de naranjas uruguayas que tenían residuos de un agrotóxico peligroso. En este Uruguay real, esas naranjas estarán de regreso a nuestro país y alguien se las comerá, no se sabe bien quién y donde aplicó ese agroquímico, y hasta el propio MGAP reconoce que debería prohibirlo. Es sobre ese tipo de limitaciones y contradicciones que un plan ambiental debería abordar.

Como se ha dicho varias veces arriba, el plan tiene elementos positivos. No es menor que a pesar de sus limitaciones, sus contenidos están muy por delante de las propuestas ambientales del candidato Daniel Martínez. En el folleto resumen de su programa, las prioridades ambientales son la economía circular y el reciclaje, crear una red de monitoreo del agua (algo que más o menos ya se viene haciendo), luchar contra los plásticos, electrificar autos y omnibuses, y plantar árboles nativos. Como se puede ver no hay ni una palabra sobre cómo detener la contaminación del agua, el uso indebido de agroquímicos o preservar nuestra flora y fauna. Esto resulta en la rara situación donde la propuesta electoral del candidato Martínez está muy por detrás del documento ambiental del gobierno Vázquez.

De todos modos, si se compara el plan gubernamental con la situación de crisis ecológica del país, insisto en que todavía es muy insuficiente. En un país que parecería que el gobierno casi no planifica, que intento esto deber ser bienvenido. Pero el documento todavía no logra ser un plan, más allá de su título. Es un conjunto de acciones, metas, instrumentos y principios, que no siempre están coordinados entre sí ni articulados con la real gestión ambiental que se hace en Uruguay.

En muchos casos la redacción es muy vaga, asemejándose a una declaración de principios o una retórica en defensa de algunas medidas ambientales, pero todavía no es una guía o un marco para la planificación ambiental, no asegura que se articulen transversalmente a lo largo de todos los ministerios y agencias del gobierno, y tampoco le hinca realmente el diente a la sustentabilidad del desarrollo.

Más informaciones:

El plan fue aprobado por el Gabinete Nacional Ambiental y posteriormente mediante Decreto de Presidencia N° 222/019, de fecha 5 de agosto de 2019. El plan y otras informaciones en el sitio web del MVOTMA: https://www.mvotma.gub.uy/planambiental