Opinión | ¿Un gobierno en disputa?

Durante un gobierno del Frente Amplio, en el año 2013, aparecieron pintadas en Montevideo convocando a un paro general, con la consigna “Un gobierno en disputa”, y firmado por primera vez, desde que existe el movimiento sindical uruguayo, por un partido político: PCU. Aunque usted no lo crea o no lo recuerde.

Era la línea explícita del Partido Comunista de que la orientación del gobierno del Frente Amplio estaba en disputa y que había que hacer intervenir de forma directa al movimiento sindical, al Pit-Cnt, para imponer la línea del PCU (1001) que en las elecciones había obtenido menos del 10% del total de votos del Frente Amplio.

Esa consigna mereció artículos, discusiones, pero se perdieron en el tiempo y ahora vuelve a aflorar de otra manera, mucho más peligrosa, promoviendo un plebiscito constitucional sobre una ley de reforma de las jubilaciones y pensiones. Convocatoria que fue aprobada en primera instancia por 16 sindicatos que sumaban 36.000 afiliados (sobre un total de 280 mil afiliados del Pit-Cnt). La redacción definitiva de la propuesta de cambios en la Constitución fue aprobada por 44 sindicatos.

A nivel político, se han pronunciado a favor el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y el Partido Comunista de Uruguay, sin cuyo apoyo nunca podría haberse votado en el Pit-Cnt.

Partamos de un principio que fue ampliamente discutido e implantado durante los tres gobiernos de la izquierda en Uruguay: la independencia de clase de los sindicatos. Y vaya si hubo independencia de clase si se consideran la cantidad de paros y manifestaciones realizadas durante los 15 años de gobiernos del FA. Totalmente desproporcionados a los que se han realizado durante estos tres años y medio de gobiernos multicolores, es decir de derecha, liderados notoriamente por la derecha blanca y con pérdidas de salarios y de conquistas importantes.

No vamos a centrarnos en los contenidos de la propuesta de la reforma constitucional del plebiscito en sus elementos técnicos-políticos e institucionales que son devastadores. Comenzando por el informe elaborado por Cooperativa Comuna, un grupo de economistas y profesionales que asesora mayoritariamente a sindicatos del área “radical” —para llamarlos de alguna manera—, aunque si hay un episodio donde los sindicatos son la expresión más acabada del reformismo y de una línea que no tiene una brizna de “radical”, es precisamente esta.

Cooperativa Comuna demuele pieza por pieza los contenidos de la papeleta, es decir la reforma constitucional propuesta, y todavía más concluyente es el documento aprobado por la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU).

Lo principal, en el muy lejano caso de que se aprobara esta reforma, es que no se beneficiaría en absoluto a los trabajadores, se pondría en peligro al país de sufrir demandas por miles de millones de dólares, y se crearían serias dificultades para avanzar con una ley de reforma integral y progresista del sistema de previsión social por parte de un gobierno del FA, de izquierda, pero además afectaría la aplicación de un programa integral de cambios para favorecer a la gran mayoría de los uruguayos.

Ante una situación de este tipo, es obligatorio que no nos quedemos con la alarma, con el asombro de una actitud política tan peligrosa y negativa, que también afectará en la campaña electoral a la izquierda y favorecerá al actual gobierno, desviando el debate principal. Hace falta formularse preguntas inquietantes y rigurosas ¿Qué hay detrás de esta línea política? La misma que fue derrotada en el 2013.

Detrás de los “radicales”, que no tienen la menor expectativa de incidir en materia electoral, y a lo sumo podrán contar con un diputado a nivel institucional-político, la respuesta es fácil: es el único camino que tienen, y al que se aferran ferozmente, para tratar desde ahora de participar en el debate nacional e influir en algo en el futuro político.

El asunto es mucho más grave y peligroso cuando hablamos del Partido Comunista y el Partido Socialista de Uruguay (PSU), o mejor dicho de lo que queda del PSU. No tengo dudas que debe haber generado una importante discusión interna en el PCU, porque las implicancias estratégicas y del juego de fuerzas dentro del propio PCU son enormes. Se impuso la corriente más sindicalera, con menos sentido unitario-político, que impulsa a este nivel una línea que no tiene antecedentes. Es más, creo que nunca antes había existido una orientación de este tipo en el PCU, ni en la época de Eugenio Gómez y ni que hablar desde el 1955 y el XVI Congreso.

Es la negación de los valores unitarios, de amplitud, de acumulación de fuerzas que definieron la línea del PCU, y se abre un proceso donde los contenidos programáticos de cambio se juegan en cambios constitucionales, peligrosos, muy mal redactados y, peor que todo, enfrentados a la gran batalla política, programática, cultural e ideológica para hacer avanzar los cambios desde un gobierno progresista, de izquierda, e incluso un bloque político-social más amplio.

No es un pequeño error o tropezón, es un grave error, porque no solo no ganarán el plebiscito de ninguna manera, sino que ponen en peligro el triunfo electoral del FA y posibles aliados. Pero lo más grave es que abren un precedente: por este camino de aprovechar un tema sensible, como una mala ley sobre jubilaciones y pensiones impuesta por este gobierno de derecha, para incidir y para imponer orientaciones obligadas a un posible gobierno de izquierda, muy lejos de los previsibles resultados electorales internos en la izquierda.

Las fuerzas políticas integrantes del FA o radicales que apoyan esta iniciativa no superarán en el arlamento el máximo del 10% de los cargos de senadores y diputados. Bien corridos. Además, si bien creo que llegarán a juntar las firmas, porque son pocas, son 260 mil, en las elecciones de octubre no superaran de manera conjunta ese porcentaje. Lo digo por todas las encuestas y por experiencia. Y me la juego con esta opinión.

Por lo tanto esta línea es profundamente antidemocrática y contraria a la tendencia cada día más dominante en la izquierda uruguaya y que le ha dado enormes resultados. Los que se oponen a este plebiscito, en el plano político, básicamente son el MPP, el Astorismo - Bergarismo, la Vertiente Artiguista y otros sectores, que representarán electoralmente cerca del 90% del FA.

Pero hay un aspecto inquietante, las elecciones de junio del 2024, las internas o primarias, donde se juega una batalla fundamental para los resultados de octubre y noviembre también de ese año. Donde se encuentren el PCU y el PSU, bien lejos de allí estaré yo y creo que es una batalla que va mucho más allá de las candidaturas o la fórmula del FA, es de un profundo contenido democrático, ideológico.

Y cada uno debe asumir explícitamente sus responsabilidades.

Este PCU y este PSU no tienen nada que ver con su propia historia y su trayectoria unitaria y frenteamplista. Son una combinación sindical-reformista que además afecta las tradiciones unitarias de la creación y la existencia del Frente Amplio. Pone sus objetivos por encima de todo y trata de imponerlos. Tenemos experiencias de que ha sucedido en otros países con estas conductas.

Algunos saldrán a discutirme estas opiniones por las que yo pronuncié en el 2018 y 2019, pero estas no tienen nada que ver con las críticas a comportamientos morales inaceptables en la izquierda, a la desesperación por el poder y los cargos por encima de todo y un gobierno casi paralizado que ya anunciaba su derrota, y sobre todo por la pérdida de referencias fundamentales para la identidad de la izquierda.

Aquí estamos hablando de otra cosa muy distinta. Es utilizar a los sindicatos y el peso en la estructura organizativa en el FA para imponer a través de una reforma constitucional, pésima en todo sentido, que aprovecha de forma oportunista un tema muy sensible y una ley muy mala, pero que hay que cambiar con otra ley sobre el sistema previsional en su conjunto, para influir e imponer en el posible gobierno de izquierda. Y abrir un precedente todavía más grave y negativo.

¿Y cuándo se les ocurra —aparatos mediante— promover una reforma constitucional para que todos tengamos empleo, los salarios sean óptimos, cese la explotación capitalista y otros beneficios interminables, junto a cambios estructurales diversos?

Parece una caricatura, pero tiene la misma base de este proyecto de reforma constitucional impulsado por el PIT CNT. Si el FA no se planta firme en este tema, no solo nos está arriesgando a otros cinco años maravillosos y multicolores de nuestras vidas, sino el recorrido histórico y unitario que caracterizaron la creación y la existencia del FA. Y la identidad democrática más profunda de la izquierda uruguaya.

La resolución del Frente Amplio de dar libertad de acción, es un remiendo, un parche, porque un tema de esta importancia hubiera merecido o directamente un rechazo al proyecto por sus contenidos, o ni siquiera pronunciarse. No se define el tema ensobrando o no las boletas de la reforma, sino analizando a fondo las tendencias y las deformaciones que implica este plebiscito, que van mucho más allá del tema de las jubilaciones y pensiones y es el intento de imponer un pesado cepo a la futura acción de un posible gobierno de izquierda y progresista.