Opinión | Un balance del debate sobre cacería en Uruguay: debe ser derogado

La polémica sobre el decreto que liberaliza la cacería llamada deportiva se mantiene. Las semanas que han transcurrido permiten evaluar con calma esa medida que fue aprobada por el presidente y tres ministros.

El nuevo decreto modifica uno anterior que estuvo vigente por muchos años (1). Ahora se permite la caza en las noches, se incorpora al departamento de Canelones, y se reduce la distancia a guardar de escuelas o centro poblados de tres kilómetros a uno cuando se emplea una escopeta de perdigones. Los consentimientos de los responsables de un predio dejan de ser escritos y pasan a ser verbales, y esa constancia no será un requisito previo.

Se introducen otras modificaciones, tales como independizarlos de las armas a utilizar, modificar plazos, etc. Hay cambios sorprendentes: para los ciervos axis el Estado no sólo dará los permisos sino que incluso se obliga a brindar los medios para identificar esas piezas –un extremo, donde es el gobierno, y no el cazador, el que paga por las etiquetas de los animales abatidos. Además, tiene problemas de redacción al aludir a “especies exóticas invasoras”, una categoría que no existe formalmente (2).

Es posible examinar los principales argumentos utilizados que empresarios y gobiernos emplearon en defender estas modificaciones:

La caza deportiva sirve a la conservación de la fauna nativa. Eso se lograría sea recolectando recursos económicos que pueden destinarse a proteger esas especies, sea por excluir a animales que no son nativos y compiten con los autóctonos. En realidad, la revisión técnica de esas estrategias muestra que esa afirmación no se puede sostener. Por ejemplo, al examinar más de mil reportes sobre la caza recreativa o deportiva en tres continentes, no se encontró evidencia concluyente que la caza sirviera a la conservación sostenible de la fauna nativa (3).

Hay algunos casos exitosos, donde se permite matar animales cobrándose cifras exorbitantes por esos permisos, lo que brinda dinero para la protección de los que siguen vivos (un ejemplo es el rinoceronte blanco). Pero en ello se expresa una pésima gestión ambiental, ya que se debe a un Estado que no brinda el financiamiento adecuado a las áreas de protección. Ahogadas por la falta de dinero no tienen más remedio que tolerar la caza o promover el ecoturismo para recolectar ese dinero que el gobierno no les brinda. Sin olvidar las implicancias morales de estar atrapados en una condición donde se dice que para salvar al animal hay que matarlo.

La caza es un deporte. Se utiliza ese argumento para aligerar el peso negativo que tendría esa actividad. Pero allí no hay ningún “deporte” en los sentidos clásicos del concepto. Es que de un lado está el cazador que cuenta con un arma, agazapado, esperando, y del otro, un animal, totalmente desprotegido y desprevenido. Las balas se desplazan de 300 a 900 metros por segundo, y sus alcances van de cientos de metros a más de mil. Es por lo tanto un enfrentamiento totalmente desigual. Si esto fuera un deporte entonces se esperaría que el cazador estuviese en condiciones análogas al animal; debería perseguirlo desnudo, descalzo, atrapándolo con sus manos, y devorándolo en ese mismo sitio.

La caza se justifica porque el cazador come a sus presas. Sin duda existen cazadores que comerán parte de sus presas, en rituales tales como conocer el gusto de sus carnes. Pero más allá de eso, esa idea padece varios problemas. Habría que preguntarse si esos cazadores que matan decenas de aves estarán meses comiendo, todos los días, esa misma carne. O averiguar si ellos tienen tan bajos ingresos económicos, que sean tan pobres, que su única fuente de carne sea esa caza.

La cacería está al alcance de todos. Esta es otra idea exagerada porque el decreto según sus defensores apunta a extranjeros o a un sector de elite uruguayo. No es una actividad para cualquier bolsillo: los rifles o escopetas de caza pueden costar de mil a dos mil dólares, una mira telescópica de US$ 100 a 300, las municiones US$ 50, las camperas y las botas unos US$ 500. A modo de referencia podría decirse que todo ese equipamiento puede superar los dos mil dólares.

La caza existió desde la temprana historia humana. Es cierto que nuestra especie desde sus primeros momentos fue cazadora. Pero no era un deporte. Ese tipo de caza, que todavía se practica en algunos sitios, era indispensable como fuente de proteínas para la familia y la comunidad. Con el paso del tiempo además se sumaron rituales, tales como la transición de niño a adulto. Pero esa caza tradicional propia de los pueblos indígenas no tiene ninguna relación con turistas acaudalados que portan un rifle. En realidad, los estudios de antropólogos, biólogos y otras disciplinas, muestran que los cazadores primerizos que imaginan aventuras terminan con sentimientos negativos en haber matado animales (4).

La caza deportiva es una importante actividad turística. Esta defensa ha sido repetida una y otra vez, pero no se ha provisto ningún estudio del Ministerio de Turismo que indique cuántos turistas cazadores llegan a Uruguay, cuánto gastan en nuestro país, y cuál es su proporción en el total del turismo. Es más, habría que aclarar si realmente el gobierno piensa que los turistas con rifles serán la salvación en la próxima temporada.

La caza deportiva es necesaria para controlar animales plagas. Este argumento expresa una confusión muy severa. El control de especies invasoras es necesario, pero debe hacerse por medio de equipos especializados en esa tarea, y bajo control de las autoridades ambientales. El control de las plagas no es un deporte ni un rubro turístico. Sostener esa idea es como afirmar que controlar plagas como ratas o cucarachas sería una actividad turística y deportiva, y no de personas especializadas. Parecería que desde el gobierno se cree que los turistas alemanes o de otro origen controlarían al jabalí disparándole durante los pocos días que duran sus visitas a nuestro país.

Sea bajo estos u otros argumentos, no existe evidencias sustantivas que permitan sostener que este decreto es un aporte al control de plagas, a la conservación de la biodiversidad uruguaya o a la gestión ambiental (5). Por el contrario, es un retroceso que empaña todas las políticas públicas ambientales enfocadas en nuestra fauna.

Una crisis en la política pública ambiental

Es que este decreto también deja al desnudo el retroceso que se padece en construir y organizar políticas públicas ambientales en Uruguay. Se pueden compartir algunas preguntas clave que dejan en claro la gravedad de lo que ha ocurrido.

Como primera cuestión está que el presidente firmó un decreto cuyo texto fue redactado por esos empresarios. Estos últimos dicen que se aprobó el texto tal cual ellos lo redactaron; el presidente Lacalle lo reconoce (6). La pregunta inevitable es: ¿un presidente firma decretos que redactan empresarios? ¿lo hace sin consultar a los ministros de las áreas competentes?

Como segundo paso, la norma cuenta con las firmas de los ministros de Ganadería y Agricultura, de Turismo y del Ambiente. Pero con el correr de los días surgieron indicaciones que esos ministros no participaron de la redacción, y además, en varios casos, se trasladan las responsabilidades de uno a otro. En este caso la interrogante es: ¿un ministro firma todo decreto que le presenta el presidente sin revisarlo? ¿cuál es la función de los secretarios de Estado sino analizan las implicancias de los decretos?

Una tercera cuestión apunta a lo que ocurre dentro de esos ministerios. Por ejemplo, según reportes de prensa los técnicos del Ministerio del Ambiente no participaron ni conocían que se aprobaría esa liberalización de la cacería (7). En este nivel la interrogante pertinente es: ¿un ministro no consulta a sus técnicos antes de firmar? ¿cuál es el papel de los técnicos ministeriales sino son ni siquiera consultados?

Por estas razones, lo que acaba de suceder deja al desnudo un proceso de elaboración de una política pública y una cadena de toma de decisiones, totalmente reñida con el buen gobierno. Ha fallado casi todo lo que podría fallar, desde el rol del presidente al de los ministros.

Las justificaciones más recientes sólo están empeorando el problema. Por ejemplo, el ministro del ambiente, Adrián Peña, en su defensa del decreto fue interrogado días atrás sobre las razones para liberar la cacería en el departamento de Canelones. Su respuesta fue que él es oriundo de ese departamento y sabe que hay cacería ilegal, y desde allí justificó al decreto (8). Sin embargo, es precisamente su deber como ministro del ambiente combatir esa cacería ilegal. Pero al contrario de ese mandato, lo que hizo el ministro fue confesar que esa práctica ilegal sigue presente, y convierte esa falla en un argumento para liberar la cacería. No puede pasar desapercibido lo que está ocurriendo. Si no se puede controlar la caza ilegal en Canelones, ¿cómo se hará en los demás departamentos? Pero además, ese razonamiento es como si el ministro del interior dijera que como hay muchos robos en cierto barrio, que eso es sabido, y como no los puede controlar, entonces se firma un decreto que liberaliza los robos.

Ante esta situación queda en claro que ese decreto es un error. Lo es en el sentido de no asegurar ni servir a la conservación de la biodiversidad, y en que genera riesgos sustantivos dado que no existen condiciones de vigilancia y control adecuados que eviten que derive en la muerte de nuestra fauna autóctona. Pero es además un ejemplo de mala gestión política ambiental. Es un decreto que debe ser derogado cuanto antes.

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Notas

1. El texto del decreto 138, abril 2022, modifica el decreto 164 de 1996. El texto del nuevo decreto y una rápida reacción de la organización ambientalista Coendú en https://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/Organizacion-advierte-por-decreto-que-habilita-caza-nocturna-de-especies-exoticas-uc820408

2. Este punto y otras advertencias fueron expresadas por el ex director de Fauna, Jorge Cravino; en https://www.montevideo.com.uy/En-Perspectiva/-La-caza-deportiva-no-es-un-control-de-especies-de-plagas--cuestiono-exdirector-de-Fauna-uc821110

3. Consequences of recreational hunting for biodiversity conservation and livelihoods, E. Di Minin y colab., One Earth 4, 2021.

4. Sobre la moralidad y la culpa en turistas que hacen cacería puede verse The seven sins of hunting tourism, L. Tickle y E. von Essen, Annals Tourism Research, 2020.

5. Compartí estos y otros argumentos críticos sobre el decreto en la entrevista en Arriba Gente, Canal 10, 16 mayo 2022, https://www.youtube.com/watch?v=id816XjCgkI

6. Los dichos de los empresarios y el reconocimiento presidencial en:

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Coendu-Presidente-confirmo-que-decreto-que-habilita-caza-exotica-surgio-de-empresarios--uc821716

https://ladiaria.com.uy/ambiente/articulo/2022/5/caza-nocturna-asociacion-de-cazadores-afirma-que-el-decreto-se-aprobo-tal-cual-se-presento-al-ejecutivo/

7. Decreto de caza provoca malestar en la interna del Ministerio de Ambiente, P. Fernández, El País, 6 mayo 2022, https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/decreto-caza-provoca-malestar-interna-ministerio-ambiente.html

8. Entrevista al Ministro de Ambiente, A Peña, Arriba Gente, Canal 10, 16 mayo 2022, https://www.youtube.com/watch?v=id816XjCgkI