Opinión | Un Proyecto de Ley sobre prevención y contención del uso de armas

El 24 de mayo ocurrió un episodio de horror en Uvalde, Texas. Un tiroteo masivo en una escuela primaria dejó 19 niños y niñas y 2 adultos asesinados.

Lamentablemente, son demasiados los antecedentes: Buffalo, Columbia y antes en California; en Francia, en Alemania, Brasil. Las tragedias en ocasión del uso de armas de fuego acumulan escenarios y momentos desde hace ya demasiado tiempo.

Uruguay también padece las consecuencias fatales de su mal uso. Días pasados dos balazos picaron en los vidrios de un aula escolar en Montevideo, por citar solo un ejemplo reciente. Son muchos los episodios de violencia de género con intervención de armas de fuego y consecuencias irreparables en mujeres, niñas y niños; las tragedias que iniciaron con una rencilla entre vecinos, los suicidios, e incluso los accidentes con consecuencias letales.

Es inocultable la magnitud de esta realidad y por eso es impostergable la acción de quienes tenemos responsabilidades nacionales.

Nuestra propuesta se inscribe en un contexto complejo, agravado recientemente. América Latina es la región con más muertes por armas de fuego. La mayor parte de estos muertos son jóvenes. La tendencia global es alarmante y nos impacta directamente: tenemos 600 mil armas registradas y se estima que hay otro tanto ilegales. Esto es, prácticamente, un arma por hogar. Somos el quinto país del mundo en cantidad de armas por habitante. Este triste lugar lo compartimos con Canadá, cuyo primer ministro Trudeau acaba de presentar un proyecto en la misma dirección.

En Uruguay, casi dos de cada tres rapiñas involucran armas de fuego.

El mayor acceso a las armas de fuego tiene relación directa con un mayor número de homicidios y lo contrario; cuanta menos disponibilidad, menores tasas de homicidios y otras muertes violentas. Esta relación se verifica mundialmente.

El tema fue detectado y abordado en el Uruguay en 2014, a través de una ley que dio respuesta a un aumento dramático de los permisos de tenencia. Ello tuvo resultados objetivos en la contención de esta tendencia ascendente. Ocurre que en el año 2020 el actual gobierno dictó un decreto por el cual se flexibilizan las condiciones, laxitud que nos trae a la realidad que enfrentamos hoy.

¿Qué hacer, entonces?

En estos días presentaremos un proyecto de ley referido a la tenencia de armas, apoyados en la academia. De esta manera, cumplimos con lo que prometimos en su momento: abordar este flagelo y trabajar en clave de construcción y búsqueda de acuerdos sobre los grandes temas nacionales. Tenemos la vocación de involucrar a todos los partidos, confiamos en ello dado que avanzar en este sentido representará un compromiso del sistema político con el valor superior de la vida humana y la convivencia en paz.

Somos conscientes que no solucionará todos los problemas ni acabará con la violencia ciudadana; pero esa limitación no nos puede inmovilizar. Hay espacio normativo por recorrer. En ese sentido, proponemos abreviar el plazo de tenencia, llevándolo de 5 a 3 años; restringir el tipo y número de armas por persona; endurecer los controles en casos de violencia de género y prever la devolución del arma en casos de apertura de una sucesión tras un fallecimiento, entre otras medidas.

Este es un problema social que demanda una respuesta transversal y por ello proponemos instalar un consejo con participación de los ministerios, el poder judicial, la institución de derechos humanos; quienes darán seguimiento a las políticas y también a los datos de la realidad, generando reportes anuales que permitan adoptar decisiones informadas; complementado por una imperiosa adecuación tecnológica que posibilite cruzar bases de datos y actualizar en tiempo real. A este consejo le encomendamos asesorar en el diseño de los test y protocolos necesarios para la determinación de la aptitud física y psicológica de los solicitantes de la habilitación para la adquisición y tenencia de armas de fuego (THATA), así como su permanente evaluación y actualización.

Finalmente, un aspecto igualmente relevante, a nuestro juicio, es la instalación del debate y la generación de programas educativos en el seno del MEC con miras a involucrar e impactar en las futuras generaciones, promoviendo una cultura de convivencia pacífica.

En definitiva, la realidad no requiere más contextualización que asumirla, dar cuenta de nuestros compromisos, promover el debate ciudadano y proponer soluciones posibles. Incompletas, parciales, sí; pero ineludibles. Nuestra iniciativa tiene especial vocación de acuerdos, porque estamos convencidos que este problema nos trasciende como colectivo partidario y como generación.

En el debate constructivo hallaremos las formas de contención, prevención, educación cívica y seguridad ciudadana.

Mario Bergara

Senador

Fuerza Renovadora - Convocatoria Seregnista Progresistas - Frente Amplio.